La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de El Molar y la Sociedad Inversiones Inmobiliarias Rústicas y Urbanas (IRU), han recurrido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que se anula la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de El Molar en el ámbito del SAU 21. En este ámbito se pretenden construir 8.800 viviendas a pesar de existir niveles de ruido que superan los límites establecido por la Comunidad de Madrid para el uso residencial. Ecologistas en Acción lamenta que las administraciones públicas antepongan los intereses urbanísticos de grandes empresas al del bienestar de los ciudadanos y comparecerá ante el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción considera inexplicable que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de El Molar hayan recurrido, ante el Tribunal Supremo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que impide construir 8.800 viviendas (28.160 habitantes) en una zona que soporta niveles de ruido superiores a los que permite la normativa autonómica para usos residenciales.

Estas administraciones públicas, junto a la Sociedad Inversiones Inmobiliarias Rústicas y Urbanas (IRU, formada por MARTINSA-FADESA, REYAL y REALIA, pretenden anteponer intereses especulativos a los del bienestar de las futuras personas que habitarían esas viviendas. Hay que recordar que en esta zona, los elevados niveles de ruido que se producen por el sobrevuelo de los aviones es una evidencia. El propio alcalde El Molar ha encabezado manifestaciones contra AENA y el Ministerio de Fomento por el sobrevuelo de aviones sobre su municipio. Ahora, sin embargo, recurre ante el Tribunal Supremo para que se le permite construir una ciudad de casi 30.000 personas en una zona afectada por elevados niveles de ruido.

Por otra parte, los habitantes de la urbanización Ciudad Santo Domingo de Algete lleva años denunciando los insoportables niveles de ruido sobre sus viviendas. Se da la circunstancia de que esta urbanización limita con la zona donde el Ayuntamiento de El Molar, la Comunidad de Madrid y las promotoras inmobiliarias pretenden seguir construyendo.

Ecologistas en Acción comparecerá ante el Tribunal Supremo para defender los derechos de los ciudadanos y del medio ambiente, dado que la administración pública se ha posicionado claramente a favor de los intereses económicos de grandes constructoras.