Cierre de la cantera de la Piedad

Al final la justicia ha dado la razón a los vecinos que presentaron una demanda judicial contra la licencia de apertura de una cantera en la zona de La Piedad, y a Ecologistas en Acción, que se opuso a dicha cantera y llegamos a manifestarnos en su contra.

Hay que recordar que dicha licencia se aprobó en el año 2006, cuando gobernaban IP y PSOE, y en cuyo Equipo de Gobierno estaban los ahora portavoces de estos partidos Silvia Gómez e Ignacio García de Quirós. Tanto los vecinos como los ecologistas advertimos que dicha cantera era ilegal, lo que fue contestado de forma rotunda por los entonces concejales de Urbanismo y de Medio Ambiente, Juan C. Rodríguez y García de Quirós, defendiendo su total legalidad.

Dicha sentencias dejan claro que las administraciones no sólo tienen competencias en aprobar licencias sino en garantizar el cumplimiento de la legalidad y de las condiciones de la misma, y en esto han demostrado igual incompetencia y dejación de funciones el Ayuntamiento como la Consejería de Medio Ambiente (CMA). ¿Cómo han permitido que funcione durante tres años una cantera sin cumplir los requisitos legales, entre ellos no afectar a la vía pecuaria y realizar previamente a los movimientos de tierra sondeos arqueológicos? ¿Para qué tenemos a los técnicos y agentes de las Áreas de Medio Ambiente y Urbanismo?.

Tanto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz como el Tribunal Superior de Justicia, han declarado ilegal dicha licencia, pero la cantera sigue en actividad, y los que aprobaron esa licencia ilegal para favorecer a una empresa privada siguen callados, como si no fuera con ellos. No es admisible que políticos que han tomado decisiones ilegales –y ésta no es la única- sigan en la vida pública, por lo que ambos deberían dimitir.

De lamentable puede calificarse la actuación del actual Equipo de Gobierno que no solo no paralizó la cantera ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del pasado mes de marzo, sino que la recurrió. Ahora hay que exigir también responsabilidades al Jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, por el tiempo –que es dinero público- dedicado a defender a una empresa privada y no a la legalidad y al interés general de los ciudadanos.

Ecologistas en Acción exige la inmediata paralización de las obras, la restitución de los terrenos a su estado original, la dimisión de los responsables políticos que apoyaron y aprobaron esta licencia ilegal, y que se les impute a los grupos municipales de IP y PSOE y al responsable de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento los gastos que ha tenido el Ayuntamiento en todo este proceso administrativo y judicial.

Movilizaciones de Ecologistas en Acción y vecinos del Carmen-2 en 2003, cuando se iniciaron las obras en un primer momento paralizadas.