Arrasado el arbolado urbano del Tomillar

Arboricidio en calle Dalia

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia en el Ayuntamiento por la tala masiva de la arboleda en la barriada del Tomillar y por el cementado y pavimentado de los alcorques.

Esta nueva tala de arbolado urbano está totalmente injustificada, máxime cuando se ha eliminado incluso de zonas donde el arbolado no linda con viviendas ni estaba deteriorado el acerado. Como ejemplos baste decir que se ha talado todo el arbolado de la C/ Arado, una de cuyas aceras linda con una parcela municipal de equipamiento actualmente sin edificaciones de ningún tipo. Más grave es aún la tala de todo el arbolado de las aceras de la C/ Dalia que lindan con una amplia zona verde del bulevar central.

Este proyecto está financiado por el Plan E (FEIL), y su finalidad es el arreglo del acerado, por lo que no se entiende que se gaste un dinero dedicado a mejora urbana y medioambiental para talar todo el arbolado de una barriada.

En este caso la justificación dada por el Área de Medio Ambiente para autorizar esta tala no puede ser más falaz y peregrina, aducen que hay que talar el arbolado para mejorar la accesibilidad y movilidad por las aceras. O sea, en nuestra ciudad no son las farolas, bordillos, aceras estrechas… las que dificultan la movilidad ¡son los árboles! Este argumento se cae por su peso si se tiene en cuenta que buena parte de la tala se ha realizado en aceras colindantes con zonas verdes o parcelas municipales, que permiten una ampliación del acerado sin necesidad de talar un sólo árbol. Más fácil es aún instalar rejas en los alcorques, como los existentes en la C/ Sol, a las puertas del Área de Urbanismo. Pero no, de nuevo la solución más fácil es talar. El hormigonado de los alcorques impedirá plantar nuevo arbolado, lo que desmiente otro de los argumentos utilizados por el alcalde y la sra. concejala de Medio Ambiente, en el sentido que tras la tala se repondrá el arbolado. Aquí no se repondrá nada.

En la denuncia presentada, Ecologista en Acción exige al alcalde:

1. Se nos informe del número y especies de árboles que se han talado en esta barriada.

2. Se nos facilite copia de las solicitudes y autorizaciones de tala, así como los informes técnicos existentes en estos expedientes.

3. Se nos informe del coste de estos trabajos de tala del arbolado y sellado de los alcorques, y con cargo a qué capítulo presupuestario se han financiado.

4. Se proceda a la paralización los trabajos de hormigonado y pavimentado de los alcorques, y se vuelvan a abrir los ya sellados y se proceda a la replantación del mismo número de árboles y en los mismos sitios.

5. Se proceda a exigir responsabilidades a los políticos que han autorizado estas talas y a los técnicos que las han informado favorablemente y que, base a lo estipulado en los arts. 145 y 146 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se proceda a exigirles responsabilidades patrimoniales, con la reposición a las arcas municipales de la totalidad de los gastos devengados por esta actuación y por la reposición de alcorques y arbolado.

6. Que se prohíba al Área de Medio Ambiente autorizar más talas injustificadas y se investigue la actuación de la concejala, del jefe de servicio y del técnico que viene informando favorablemente todo tipo de talas del arbolado urbano.

7. Que al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se proceda a resolver expresamente estas y otras denuncias presentadas por Ecologistas en Acción por talas injustificadas e ilegales de arbolado urbano.

8. Que al amparo de lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se nos informe del estado de tramitación de dichos expedientes.

9. Que al amparo de lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se identifique al funcionario-instructor responsable de estos expedientes y el número de los mismos.

Todo ello lo solicitamos en base a lo prescrito en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información medioambiental y a la participación pública, Ley que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.

Esperemos que el acalde rectifique su deriva arboricida, por el bien de El Puerto, de sus ciudadanos y de su propio futuro político.