En el período de un año, entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004, han sido dictadas tres sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en las cuales se reconoce el “desvío de poder” en que ha incurrido el Ayuntamiento de Níjar (Almería) en diversas actuaciones llevadas a cabo contra abogados de Ecologistas en Acción o contra sus familiares directos.

Las tres sentencias, que son firmes, fallan respecto de decisiones del Ayuntamiento que han intentado perjudicar los intereses de estos abogados y de sus familiares. La primera resolución municipal establecía que uno de los letrados no pudiese realizar ninguna obra en su casa, salvo demolerla. El TSJA afirma que el Ayuntamiento actuó de forma “injusta” y con “manifiesta arbitrariedad”. La segunda imponía un vial y una zona peatonal carentes de utilidad pública dentro de la finca del padre de una letrada. La tercera le obligaba a la reparación de una cornisa en un edificio de 6 copropietarios, al resto de los cuales, sin embargo, no se les obligaba a hacerlo.

Se da la circunstancia de que todos los actos administrativos declarados ilegales fueron dictados siendo Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Níjar Joaquín García Fernández y Concejal de Urbanismo Manuel Rodríguez Montoya, ambos del PSOE, quienes ostentan los mismos cargos en la actualidad. Joaquín García Fernández es, además, diputado provincial.

Ecologistas en Acción se ha dirigido al Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, pidiéndole que inicie un expediente sancionador contra ambos militantes por abuso de poder y actuaciones de persecución injustas en el ejercicio de sus cargos, así como que adopte las medidas internas pertinentes para evitar comportamientos contrarios a derecho entre quienes ocupan puestos de representación en el Partido Socialista.

No son estos los únicos casos en los que el Ayuntamiento de Nijar ha perseguido a miembros o a abogados de Ecologistas en Acción de Almería. Esta asociación está muy preocupada por las frecuentes irregularidades urbanísticas que se cometen desde algunas administraciones municipales de esa zona y advierte que no se dejará amedrentar en la defensa de la legalidad urbanística y ambiental.