Propuesta al proyecto de Ley de Aguas

Ecologistas en Acción ha remitido a todos los grupos con representación parlamentaria un documento para mejorar y modificar el proyecto de Ley de Aguas de Andalucía que la semana pasada inició su tramitación.

Ecologistas en Acción va a seguir insistiendo para que la futura Ley de Aguas de Andalucía recoja todas nuestras exigencias para lograr una verdadera gestión sostenible del recurso. Hace poco más de un mes que nuestra organización exigió la retirada parlamentaria de Proyecto de Ley de Aguas entre otras cosas por el nefasto proceso de participación en su elaboración, por supeditarla a los intereses económicos de los regantes, asociaciones agrarias y empresariales, y por estar destinada a fiscalizar los usos urbanos del agua.

Ecologistas en Acción ha participado activamente en todo el proceso de elaboración de esta norma, desde las primeras reuniones en busca del Acuerdo Andaluz por el Agua como en el proceso de presentación de alegaciones dentro del plazo legal establecido. Sin embargo, ninguna de las alegaciones y planteamientos que Ecologistas en Acción ha propuesto se recogen en el texto definitivo, por lo tanto expresamos que es rotundamente falso que la norma remitida al Parlamento cuente con el respaldo de todos los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos como se afirma desde la Consejería de Medio Ambiente.

Esta Consejería solamente ha tenido en cuenta las aportaciones de las asociaciones agrarias, de regantes y de los sectores económicos, los grandes beneficiados en detrimento del interés general y ha cerrado el diálogo a cualquier acuerdo con los colectivos conservacionistas y de defensa del medio ambiente. El texto remitido al Parlamento muestra una incoherencia muy grande entre las declaraciones de principios contenidas en la Exposición de motivos y el desarrollo de los contenidos. Si bien las primeras incorporan toda la orientación de la Directiva Marco de Aguas, los segundos no recogen mucho de los planteamientos propuestos por nuestra organización.

El texto definitivo hace un guiño a las organizaciones agrarias, de regantes y al sector empresarial, remitiendo un proyecto de Ley que se sustenta en ideas, conceptos y medidas muy alejados de los planteamientos de Ecologistas en Acción. Por ello nuestra organización insistirá a los diferentes grupos con representación parlamentaria en la necesidad de cambiar el texto definitivo, dando cabida a la modificación de unos 25 artículos.

Entre otras cuestiones, en el documento remitido a los diferentes grupos parlamentarios le proponemos que el texto definitivo recoja un nuevo modelo participativo que otorgue mayor peso a los colectivos sociales y de defensa del medio ambiente que garantice la participación efectiva, real y en igualdad en número. Exigimos aplicar rigurosamente la Ley 27/2006, además de incorporar las nuevas tecnologías de la información para facilitar el acceso a documentación, vista de expedientes o presentación de alegaciones.

En cuanto a la Planificación Hidrológica, en el texto se debe recoger la renuncia expresa de la Administración a la realización de las obras hidráulicas medioambientalmente insostenibles, sobre todo de aquellas previstas en el Plan Hidrológico Nacional y también el rechazo a nuevos trasvases y a la ampliación del regadío.

Respecto a la preferencia de usos, dada la redacción ambigua del Proyecto, debe prevalecer el establecido en la legislación básica, siendo su uso principal el doméstico que satisfaga las necesidades básicas de consumo de boca y de salubridad, y las necesidades medioambientales para alcanzar el buen estado ecológico de las aguas. Nunca se establecerá en función de criterios económicos ni de creación de empleo ni generación de riqueza para Andalucía, solo en función de su sostenibilidad y de su impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

El texto definitivo debe plantear de una vez por toda la creación de la Mesa de los Conflictos del Agua, como órgano de participación y consulta que aborde la recuperación integral de los cauces públicos cuyos problemas están aún sin resolver.

Por último, y dado que la norma se ceba con la imputación de costes a los usos domésticos, e ignora a los usos agrarios, hidroeléctricos y al golf, le proponemos a los grupos una de las grandes reivindicaciones del movimiento ecologista, que se facture a los usos agrarios por volumen de agua consumido en vez de por superficie regada. Es decir, proponemos la creación del canon de recuperación de costes por el uso del agua en el sector agrícola. Los usuarios del agua del sector agrícola satisfarán un canon de regulación destinado a prevenir, corregir y, en su caso, conservar las masas de aguas superficiales y subterráneas de los impactos que las malas prácticas agrícolas hayan podido ocasionar, por ejemplo el uso de agrotóxicos. Con ello se conseguirá garantizar el buen uso y conservación del recurso.

En definitiva, el documento remitido a los grupos parlamentarios insiste en elaborar una norma que apueste claramente por una gestión sostenible y que defina de forma eficaz y eficiente la gestión del agua en nuestra Comunidad.