Para salvar a Aminetu hay que salvar su causa

Es lo que esta pequeña y valiente mujer nos está gritando con su ayuno voluntario. ¿Qué derecho nos asiste para obligarla a comer si no somos capaces de restituirle su derecho a un hogar?.

Los mismos que están queriendo velar por su derecho a la vida, mediante alimentación forzada, se niegan a reconocer las continuas violaciones de derechos de los saharauis por parte del gobierno de Marruecos. ¿Por qué?.

Desde su independencia como país, en 1956, Marruecos intenta anexionarse el Sáhara, en contra de las numerosas resoluciones de la ONU, la primera de los años 60 reconociendo al pueblo saharaui como colonia en proceso de descolonización, las posteriores y sucesivas ordenando la celebración del referéndum de autodeterminación.

En la fecha de la resolución de la ONU sobre la descolonización, el Sahara era una provincia española, y el gobierno franquista no dio indicios de acatar este mandato internacional, sobre todo porque se acababa de descubrir en 1963 el yacimiento de fosfato de Bu Craa, y junto a la riqueza pesquera de sus más de 1.000 km de litoral, convertía a esta provincia en un tesoro.

En octubre de 1975 el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas ratifica el dictamen de la ONU sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui; la respuesta del gobierno de Marruecos fue inmediata, en noviembre de 1975, en plena agonía del franquismo, inicia la Marcha Verde con un gran contingente militar con el objetivo de arrebatar el Sahara a España ante la posibilidad de un futuro gobierno español más proclive a cumplir los mandatos internacionales.

En 1976, tras la salida de las tropas españolas, el Frente Polisario declara la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ese mismo año el gobierno español de Arias Navarro pacta con Marruecos y Mauritania la cesión y reparto del Sahara, acuerdo sin ninguna validez internacional. Mauritania se retiró del Sahara en 1979, la parte que liberó ha sido también ocupada por Marruecos.

El primer gobierno de la República Árabe Saharaui inició la lucha armada contra la ocupación de sus territorios. Esta guerra supuso la construcción por parte de Marruecos, en 1980, de un muro de 2.500 km, y duró hasta el 1991, en la que se firma un alto al fuego y un plan de paz, aceptado por ambas partes, que incluye la celebración del referéndum en el 1992.

A lo largo de estos más de 50 años, este pueblo no ha dejado de luchar, su lucha ha sido digna y se ha ganado el apoyo de muchos países, 82 son los que reconocen a la RASD en la actualidad, y el de la ciudadanía a través de asociaciones de solidaridad. Y aunque las resoluciones de la ONU no han faltado casi ningún año recordando el referéndum pendiente, los gobiernos occidentales parecen incapaces de resolver esta injusta situación, incluso llegando a abstenerse en la votación sobre la autodeterminación, como el gobierno español en el 2004 y en el 2006, ¿por qué? La principal razón esgrimida por los portavoces oficiales es la dificultad de realizar un censo real de votantes por la estrategia marroquí de incluir a sus “ocupantes” en el referéndum. Pero hay otras causas menos explicadas como, por ejemplo, el convenio de pesca entre la UE y Marruecos. En el 2006 la red pro-saharaui Western Sahara Resource Watch exigió que en dicho acuerdo no se incluyeran los caladeros del Sahara Occidental, porque se están incluyendo al estar considerados por Marruecos bajo su jurisdicción. En el mismo sentido se pronunciaba en 2008 el anterior asesor jurídico para la zona de la ONU, el embajador Hans Corell, dijo que es "evidente que un acuerdo que no hace una distinción entre las aguas adyacentes al Sahara Occidental y las aguas adyacentes al territorio de Marruecos viola el derecho internacional". Dicho sea de paso: el 80% de las licencias de pesca de este ilegal acuerdo vienen a parar a nuestro país.

Desde Ecologistas en Acción de Andalucía hacemos un llamamiento al gobierno de Marruecos para que cumpla los acuerdos internacionales y deje de obstruir el proceso justo y democrático de autodeterminación establecido por la ONU, y a los gobiernos de la UE para que denuncien las ilegítimas reclamaciones del gobierno marroquí, devolviendo la voz, los derechos y la libertad al pueblo de Aminetu Haidar. El gobierno español no puede seguir siendo cómplice con los que secuestran, torturan y privan de todos sus derechos al pueblo saharaui.