Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han conseguido que el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) apruebe, mediante una resolución, la postura que debería defender el Gobierno español en la importante cita danesa, esencial para la supervivencia de millones de habitantes en todo el planeta.

La resolución presentada por las organizaciones ecologistas recibió los votos a favor de todas las organizaciones miembros del CAMA (sindicales y de consumidores/as), salvo de la CEOE y de ASAJA, que se opusieron. El Gobierno tampoco apoyó la resolución.

El texto aprobado recoje que la UE debe dar muestras de su liderazgo climático y asumir objetivos de reducción de emisiones ambiciosos, alineados con la ciencia climática, al mismo tiempo que ofrecer el apoyo financiero necesario para la lucha internacional contra el cambio climático. En este sentido desde la Consejo Asesor de Medio Ambiente se demanda a los jefes de Estado y de Gobierno, y en especial al presidente español Rodríguez Zapatero, que impulsen un acuerdo que incluya los siguientes planteamientos:

1) Acordar un objetivo europeo de reducción de emisiones alineado con los datos científicos

En este sentido, es necesario que la UE apoye un objetivo de reducción de emisiones del 40% en 2020, tomando como base los niveles de 1990.

La UE debe alcanzar un compromiso de reducción de, al menos, un 30% incondicional porque, como se ha puesto de manifiesto, el objetivo de la UE del 20% no es suficiente para evitar que el aumento de la temperatura global alcance los 2ºC.

2) Ofrecer el apoyo financiero necesario para luchar contra el cambio climático en los países que no son responsables históricos del cambio climático.

Los responsables históricos deben aportar fondos públicos por valor de 110.000 millones de euros al año para 2020, a los que la UE debería contribuir con unos 35.000 millones, para que el resto de países sean capaces de reducir la deforestación, adaptarse a los efectos del cambio climático y abordar la transición hacia tecnologías limpias que les permita desviarse entre un 15 y un 30% de su ritmo de crecimiento de emisiones. Estos fondos deben ser adicionales a los compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo, estar coordinados por un mecanismo internacional bajo la supervisión del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y empezar a crearse progresivamente.

3) Apoyar un mecanismo efectivo de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques

Es necesario crear un fondo global para los bosques con fondos públicos por valor de, como mínimo, 30.000 millones de euros anuales para 2020, que priorice la protección de los bosques naturales intactos, excluya de las actividades susceptibles de recibir fondos aquellas relacionadas con la industria forestal y no contemple la inclusión de las actividades subvencionadas en los mercados de carbono. Este fondo se debe contemplar como la devolución de la deuda ecológica que los responsables históricos tenemos contraída con el resto del planeta, y no como un mecanismo de “pagar para no contaminar”.

4) Evitar la tentación de incluir LULUCF (Usos del suelo, cambios de uso del suelo y gestión forestal) dentro de los compromisos de reducción de emisiones

España debe abandonar la postura que busca magnificar el papel de los bosques españoles como sumideros de carbono. Las reglas del LULUCF no pueden servir para generar créditos que supongan una reducción del esfuerzo para reducir las emisiones por la quema de combustibles fósiles. Todos los créditos generados por LULUCF deben contabilizarse como adicionales, y como resultado de nuevas políticas y medidas específicas.

5) Apoyar el mantenimiento del protocolo bajo el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el establecimiento de períodos de cumplimiento quinquenales

Mediante el mantenimiento del protocolo bajo el Convenio (CMNUCC) se conseguiría garantizar la existencia de compromisos de obligado cumplimiento para todos los países del actual Protocolo de Kioto, incluyendo, en esta ocasión, a Estados Unidos. A través del establecimiento de períodos de cumplimiento quinquenales, sería posible adaptar los compromisos de reducción de emisiones a medida que vaya actualizándose el consenso científico en materia de cambio climático.