Consejo Regional de Pesca otra oportunidad perdida para los ríos de Cuenca

El Director de Política Forestal, Darío Dolz, defendió el acuerdo alcanzado con Unión FENOSA-Gas Natural (la suelta de 300 l/s) y el compromiso de mantenerlo en el tiempo, tras la aparición del cauce seco del Júcar en el P.N. de la Serranía de Cuenca. Sin embargo, fue incapaz de aportar datos concretos sobre la supuesta existencia de una resolución que fijaría el caudal mínimo en cien litros por segundo. Este argumento viene siendo utilizado por la Junta para asegurar que la situación de la explotación es legal, y que el acuerdo es una prueba de buena voluntad por ambas partes. De esta Manera la Junta trata de exculparse ante la falta de cumplimiento de la Ley de Pesca.

Sin embargo en el Consejo se demostró que ni en el Plan Hidrológico de cuenca, donde debería figurar, ni en otros documentos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar, aparece dicha cifra.

En cuanto al valor de caudal transitorio (que fija la Ley de Pesca en el 10 % del caudal medio) para Dolz serían 250 l/s, mientras que para AEMS y Ecologistas en Acción sería por encima de 350 l/s, puesto que la Junta no considera la aportaciones de casi la cuarta parte de la cuenca vertiente al embalse de la Toba, ni las del arroyo del Rincón de Uña. Por tanto el acuerdo con la hidroeléctrica (de 300 l/s) además de ser claramente insuficiente, en el Consejo, no se dieron a conocer sus términos exactos, duración, así como el documento en que se plasma.

En el Consejo, los representantes de las federaciones y sociedades de pescadores presentes criticaron abiertamente que la Administración centre sus esfuerzos en perseguir al pescador de a pie, pero haga la vista gorda en las graves y sistemáticas infracciones cometidas por grandes empresas en numerosos ríos de la Comunidad.

No sólo la Junta ha sido negligente en la protección de los ríos frente al abuso de las concesiones. El alto Júcar, desde su nacimiento hasta Villalba, está considerado de interés ambiental por Plan Hidrológico vigente, por tanto, desde 1999 la Confederación Hidrográfica tenía la obligación de evaluar los caudales ecológicos aguas abajo de las explotaciones y las medidas necesarias para asegurarlos. Con su inacción, ambas administraciones parecen velar más por el interés particular de la hidroeléctrica que en el interés común de recuperar el ecosistema del alto Júcar.

Para Ecologistas en Acción y AEMS-Ríos con vida, ha vuelto a quedar en evidencia la pasividad de la Junta de Comunidades en esta materia, sin que se haya formulado ni una sola denuncia al respecto, no solo en el caso del Júcar bajo el embalse de la Toba, sino en otros igualmente muy graves y conocidos por la Administración, que fueron mencionados también en el Consejo, como los del río Guadiela en las hoces de Beteta y Tragavivos, el río Cabriel bajo el embalse de Víllora, o el río Júcar en la hoz de Alarcón o bajo el embalse del Molinar, en Albacete, entre otros.

El caudal ecológico transitorio que fija la Ley de Pesca castellano- manchega fue un avance en la legislación autonómica en su día, y está avalado por el Tribunal Constitucional. Su incumplimiento está tipificado como una infracción muy grave.