La empresa minera Río Blanco Copper ha tenido oposición desde su llegada en 2002. En dos marchas pacíficas en abril de 2004 y julio de 2005 murieron dos dirigentes campesinos. En octubre de 2009 se produjo la tortura de 28 campesinos en el campamento minero durante la segunda marcha, como consecuencia los fondos de la empresa fueron congelados. En noviembre de 2009, tres personas más murieron durante un ataque al campamento minero, la investigación sigue en curso.

La presencia ilegal de la empresa minera (que no cuenta con el consentimiento necesario de las comunidades para ocupar las tierras) y el temor a que la explotación minera en la zona producirá daños ambientales considerables que afectarán la salud de la población y la producción agrícola están en el origen de las protestas sociales en la zona. Al negarse las autoridades nacionales a tomar en serio los resultados de la consulta – el 95% de la población rechazó el posible establecimiento del proyecto minero – y optar por reprimir y criminalizar las protestas en vez de esforzarse por buscar una solución mediante el diálogo, está creando una situación social cada vez más tensa con el riesgo que los conflictos abiertos y enfrentamientos violentos se incrementen en el futuro.

En la tarde del miércoles 2 de diciembre 2009, en el caserío Cajas Canchaque, del distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba (departamento Piura, Perú), hubo nuevamente un enfrentamiento mortal entre pobladores de la zona y la policía.

En los enfrentamientos murieron por disparos de la policía los pobladores Cástulo Correa Huayama, de 39 años, y Vicente Romero Ramírez, de 52 años, cuyos cuerpos pasadas ya 17 horas aún no habían sido levantados. Resultaron también heridos seis pobladores, entre ellos una joven de 18 años con herida de bala en la cabeza, precisó la Coordinación Nacional de Radio.

Ecologistas en Acción se suma a la solicitud de la Plataforma Europa Perú a las autoridades peruanas de que se investigue exhaustivamente y se identifique a los responsables de este nuevo hecho de violencia desproporcionada, y que se proceda a su sanción. Asimismo solicita la detención inmediata de las actividades de la empresa Río Blanco Copper S.A. hasta que haya obtenido todos los permisos legales y el consentimiento de la población local.

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