Responsabilidades por la proliferación de viviendas ilegales

La proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales por toda la provincia de Cádiz se está convirtiendo en un gravísimo problema ambiental, económico, social y territorial de consecuencias imprevisibles. Más de 30.000 viviendas ilegales se han construido en la provincia con la absoluta permisividad, cuando no clara connivencia, de los alcaldes y partidos gobernantes, que han tenido en esta masa social criada al amparo de la impunidad, un granero de votos fáciles y dóciles. Responsable de este desaguisado es también la Junta de Andalucía, administración que no se olvide ostenta las competencias exclusivas en ordenación del territorio, y que ha mirado en estas últimas décadas a otra parte mientras crecía y crecía el monstruo de la economía del ladrillo.

Chiclana ostenta el lamentable título de ser el municipio de Andalucía con más viviendas ilegales. Más de 40.000 se han construido en estas últimas décadas, aunque la Junta dice reconocer en la actualidad “sólo” 15.000, de las que se pretenden legalizar a unas 10.000. Le sigue El Puerto, con más de 5.000 viviendas ilegales, y tras ellos Sanlúcar, Chipiona, Puerto Real, Conil, Vejer, Barbate, Tarifa y San Roque, con varias miles de viviendas ilegales más.

Los ecologistas hemos venido advirtiendo estos últimos años que la situación era insostenible, pero lo responsables municipales y la propia Junta de Andalucía han preferido no actuar en los procesos urbanizadores en suelo no urbanizable, ni ante construcciones ilegales en suelo urbanizable. No lo han hecho ni al inicio, ni en medio, ni al final... de forma que el tumor de la ilegalidad ha crecido hasta convertirse en una verdadera metástasis imposible de controlar. Las demoliciones a que obliga la Ley han sido hasta ahora la excepción, a pesar de ser la única medida que se ha demostrado eficaz y ejemplarizante contra el urbanismo ilegal. Cuando los expedientes administrativos devienen en resoluciones de demolición, o cuando así lo determinan sentencias judiciales, estallan los conflictos, algunos violentos, cuando hubiera sido mucho más fácil atajar el problema en sus inicios, evitando así estas traumáticas actuaciones.

Ecologistas en Acción ha apoyado, apoya, y seguirá apoyando cuantas actuaciones emprendan las administraciones y la justicia para impedir que sigan proliferando las urbanizaciones y construcciones ilegales, pero entiende que también hay que actuar contra los responsables públicos que, por acción u omisión, han generado este problema. No se entiende que la fiscalía no haya iniciado actuaciones contra los alcaldes de Chiclana bajo cuyo mandato se han construido estas miles de viviendas ilegales. José de Mier, Sebastián Saucedo y Manuel Jiménez Barrios, no solo no han sido inhabilitados para cargo público, sino que el PSOE los ha ascendido, premiando así el fomento de la ilegalidad urbanística. El actual alcalde, José Mª Román, parece seguir los mismos pasos.

Ecologistas en Acción considera inadmisible las demandas de los propietarios de urbanizaciones ilegales que pretenden que la mayor parte del coste de su regularización recaiga en las arcas públicas, y denuncia el que las administraciones tengan a estas asociaciones de infractores de la ley como interlocutores privilegiados a la hora de diseñar y aplicar el planeamiento urbanístico.

Por último, esperemos que en todos los municipios que en los que han proliferado miles de viviendas ilegales se aplique con contundencia la disciplina urbanística, incluida la demolición de viviendas y edificios construidos al margen de la legalidad, para impedir que siga creciendo este tumor que está devorando nuestro territorio, paisaje y recursos naturales.