El Plan E sentencia de muerte para los pinos del parque de la Constitución de Tomelloso

El incidente tuvo lugar la tarde del jueves 17 de diciembre, en la parte que da al Centro de Salud y a la guardería municipal. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. La apertura de zanjas demasiado profundas, su cercanía a los árboles y la ausencia de sistemas de sostenimiento y estabilización de los mismos pudieron provocar su derrumbe, en contra de las advertencias que desde la Concejalía de Parques y Jardines se llegaron a hacer al encargado de obras de la empresa concesionaria, para evitar daños y percances mayores. El temporal y el frágil enraizamiento de los árboles, en un suelo extremadamente húmedo, sin duda hicieron el resto.

Es posible que la pérdida irreversible de estos ejemplares no hubiera ocurrido de haber intervenido el arquitecto municipal, que sorprendentemente se inhibió de los llamamientos de Parques y Jardines para extremar las precauciones, permitiendo el avance de obra y no tomar medidas elementales de prevención.

Se deduce por tanto falta de criterio y rigor en el Ayuntamiento, generando un conflicto innecesario, y sacrificando inútilmente unos árboles de buen porte y presentes tal vez desde la creación del parque, a finales de la década de los cincuenta del siglo pasado. Con el consiguiente riesgo para la seguridad de las/os trabajadoras/es y de las/os viandantes.
Parece ser que a pesar de los esfuerzos y buena gestión de la Concejalía de Parques y Jardines, la conservación de la vegetación urbana no tiene peso en el conjunto de las políticas sectoriales del gobierno local.

En vista a la futura proyección de obras y reformas urbanísticas, es exigible una mayor coordinación entre los departamentos de Obras y Urbanismo, y Parques y Jardines, que prioricen la protección de la flora, retrasando los trabajos o incrementando los presupuestos en la adopción de normas de prevención si es necesario, respondiendo al control y supervisión de técnicos de Parques y Jardines.
También debería medirse en próximas licitaciones de obra pública el comportamiento de las empresas, excluyendo a las que presenten una cuenta de resultados poco favorable en materia de respeto al medio ambiente y a la seguridad laboral.