Intervención de la Agencia Andaluza del Agua en el arroyo de San Cristóbal

El sellado con escombros y estériles de un tramo del cauce del arroyo de San Cristóbal, y su posterior ocupación residencial, junto a las persistentes precipitaciones de estos últimos días, ha provocado la acumulación de una balsa de agua de casi una hectárea de superficie y dos metros de profundidad. Por principio de precaución, la Agencia Andaluza del Agua y el Ayuntamiento de Córdoba deben de actuar con carácter de urgencia, cada uno en función de sus competencias.

El término de Córdoba no es ajeno al resto de las municipalidades a la ocupación intensiva e indiscriminada de abanicos, terrazas, cauces y llanuras aluviales. De hecho, esta búsqueda de la accesibilidad y proximidad a los ríos y manantiales se ha intensificado particularmente desde finales del s. XIX.

Esta ocupación de los cauces y vegas fluviales apenas tuvo en cuenta el riesgo de inundación o riada. El arroyo de San Cristóbal es el caso perfecto de cómo no se deben de hacer las cosas.

Durante años, y de manera presuntamente ilegal y consentida, las laderas de este cauce a su paso por el Maestre Escuela, se convirtió en una escombrera y vertedero donde particulares y empresas depositaban sin control todo tipo de residuos, especialmente, escombros y residuos domésticos. Posteriormente se añadió capa de estériles sobre los que se urbanizó de forma caótica viviendas de lujo, algunas literalmente encima del cauce (ver fotografía).

Muchos nos tememos que este tramo, que se colmató y urbanizó como otros tantos cauces naturales, no cuenta como sistema de drenaje en el tramo donde se ha generado una balsa de agua de considerables dimensiones. Agua acumulada entre fango y ramas, que se cierne sobre el área residencial de Sansueña.

Esta situación, tan recurrente y frecuente, es el resultado de una expansión urbanizadora desarrollista y caótica, y escasamente planificada, donde la parcelación ilegal, la construcción de viviendas y su posterior regularización urbanística, es la nota dominante. Todo ello, consagrándose a medidas estructurales o de ocupación del dominio público hidráulico, que con frecuencia se muestran ineficaces, destructivas e ineficientes desde un punto de vista económico.

Han pasado los años, y paradójicamente hemos conseguido elevar el riesgo de inundación y riada con peligro potencial para personas y bienes materiales. Por un lado, por nuestro empeño de seguir modificando la dinámica fluvial y ocupando el DPH. Y por otro, debido a los trastornos climáticos que estamos provocando, y que parece refuerzan los episodios de irregularidad y torrencialidad de las precipitaciones.