El Plan de Ordenación Urbana de Isla Canela aprobado en 1993 definió una zona de casi 15 Hectáreas para Espacios Libres (con uso para zona verde) rompiendo el efecto barrera en la zona de playa situada entre Isla Canela y Punta del Moral. En un paseo organizado por el grupo local ayamontino de Ecologistas en Acción este domingo pasado pudimos comprobar que esta zona ha sido construida en buena parte, estando en la actualidad ocupada por edificios de uso residencial de hasta 7 alturas.
Dado que dicho Plan de ordenación se encuentra EN VIGOR , tal como certificó el 19 de Octubre de 2009, a petición de Ecologistas en Acción de Ayamonte, la Comisión Provincial de Ordenación de Territorio y Urbanismo de Huelva, esta asociación ha presentado denuncia por presunta recalificación ilegal ante la fiscalía de Huelva.
Tal como consta en la denuncia, fue en el año 2004 cuando la Corporación ayamontina y la mercantil Isla Canela, S.A , propietaria del suelo, decidieron que la mencionada zona destinada a Espacios Libres situada en primera línea de playa, fuera destinada a un uso más lucrativo, es decir a un uso residencial y para ello realizaron, mediante un procedimiento carente de legalidad y exento de los controles urbanísticos reglamentarios, un cambio de calificación urbanística de tal forma que les permitiera construir viviendas en dicha zona verde sin más aprobación que la pura y simple aprobación municipal, tal como se estilaba en otros municipios de los que el ejemplo más conocido ha sido Marbella.
Estamos en el caso que vulgarmente se conoce como “yo me lo guiso, yo me lo como”, ya que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, contempla la garantía esencial que supone el Dictamen Preceptivo y Vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía que ha de ser favorable cuando se pretende una modificación de la zonificación de parques, jardines o espacios libres. Dictamen cuya tramitación no contempló la corporación ayamontina que sacó adelante la recalificación en acuerdo de pleno, sólo con los votos favorables de los 10 concejales socialistas.
Ecologistas en Acción recuerda que el Código Penal impone penas de prisión de seis meses a tres años para los promotores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a zonas verdes, y penaliza a la Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes.
