Olvidar los trasvases, combatir las ilegalidades y reducir drásticamente el regadío

Tras el fiasco del trasvase del Tajo, del que ha llegado poco más de 1 hm3 a las Tablas de Daimiel, se presenta un nuevo panorama gracias a las precipitaciones para que el Parque Nacional inicie su recuperación con los recursos de la cuenca del Guadiana. Olvidar los trasvases, combatir las ilegalidades y reducir drásticamente el regadío deben ser las prioridades.

Las aguas caídas en la cuenca alta del Guadiana han permitido que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel presente un aspecto impensable hace muy pocos meses. En relación a lo que ha llovido sobre el humedal y a lo que está llegando desde el embalse de Peñarroya, los ríos Záncara y Ciguela o de arroyos como Cañada Lobosa, poco es el aporte y escasos los efectos del trasvase del Tajo.

Unas sencillas cuentas demuestran lo que Ministerio y Junta no quieren reconocer, que el trasvase no ha salvado las Tablas de su última crisis. Aunque las Administraciones se han guardado de concretar la cifra final, del Tajo apenas ha llegado a las Tablas algo más de 1 Hm3 de agua, mientras que otro hectómetro cúbico ha sido aportado desde pozos del acuífero 23. Por su parte por el Cigüela, al que desembocan las aguas de Peñarroya y del Záncara, están entrando del orden de 10 m3/sg, diez veces más que lo que aportaba el trasvase. Y sólo el agua de lluvia caída sobre las 2000 hectáreas de Parque han supuesto 4 Hm3 adicionales, sino más. El resultado está claro, el agua del trasvase apenas ha supuesto entre un 5 y un 10 % del agua existente hoy en el Parque Nacional.

Es cierto que nadie podía prever el episodio de lluvias habido, pero si se hubieran tenido en cuenta las alternativas planteadas por los grupos ecologistas, no sólo se hubiera adoptado la solución más razonable, justa y sostenible, sino que el erario público se hubiera ahorrado 9 millones de euros.

En cualquier caso, si se busca una verdadera recuperación del Parque Nacional, hay que mirar hace adelante aprendiendo de los errores cometidos y entre ellos hay que tener en cuenta muy destacadamente el fiasco de la apuesta por el trasvase.

En este sentido, para futuras situaciones de emergencia, Ecologistas en Acción considera demostrada la viabilidad de obtener recursos hídricos de la propia cuenca del Guadiana, bien a partir de pozos de dentro y de fuera del Parque Nacional, del Embalse de Peñarroya y de El Vicario.

A partir de aquí, hay que dejar de lado cualquier trasvase del Tajo para la Tablas, recuperar los destrozos cometidos en el Cigüela para hacer la toma y retomar una senda correcta para el PEAG, no como la que están llevando Ministerio y Junta de Castilla-La Mancha.

Hay que recordar y poner énfasis que el principal obstáculo para la recuperación del parque nacional era y sigue siendo el mantenimiento de un regadío insostenible, con una sobre dotación de 200 hm3 año en el nuevo régimen de extracciones y la inexistencia de una política de mano dura contra los ilegales que, a día de hoy, superan los 10.000 pozos.

El régimen de extracciones recientemente aprobado permite la extracción anual de 200 Hm3 de agua para regadío y de 30 para abastecimiento, lo que deja muy poco margen para recuperar el acuífero. Según los datos oficiales, la capacidad de recarga natural del Acuífero es de 320 Hm3 anuales, con lo que apenas se ahorrarían 90 Hm3 al año. Dado que el acuífero acumula 3500 Hm3 de déficit, a este ritmo, y siempre suponiendo un escenario normal de precipitaciones y temperaturas, se tardarían más de 38 años en ver de nuevo manar las aguas por los Ojos del Guadiana camino de las Tablas de Daimiel.

Resulta evidente que un escenario a tan largo plazo y en una situación de reducción de recursos hídricos a causa del cambio climático, supone condenar al fracaso el Plan Especial del Alto Guadiana y perpetuar la sobreexplotación del acuífero. Máxime cuando es público y notorio que el control de las extracciones es imposible ante la ausencia de caudalímetros en la gran mayoría de los pozos, el gran número de extracciones ilegales y la falta de voluntad del MMARM y de la Junta de Castilla-La Mancha de actuar contra ellos.