El Director General de Carreteras, Manuel del Jesús Clemente, comparece ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, este lunes 1 de febrero, para declarar en las Diligencias Previas 3014/2009, en las que se encuentra imputado por un posible delito de prevaricación.

El Director General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria, Manuel del Jesús Clemente, ha sido inculpado por un presunto delito de prevaricación, por la ejecución de las obras en la carretera denominada CA-170, tramo Los Corrales de Buelna–San Felices de Buelna, sin haber realizado un proyecto de restauración ecológico-paisajística solicitado por la Dirección General de Medio Ambiente, como paso previo al inicio del último tramo modificado de las obras.

La Audiencia Provincial le ha inculpado por un presunto delito de prevaricación por la omisión de trámites relevantes en el procedimiento administrativo, a pesar de haberle notificado la Consejería de Medio Ambiente que era necesario realizar dicho proyecto de restauración paisajística antes del inicio de las obras. Cabe resaltar que por dos veces no acató la orden de paralización realizada por Medio Ambiente.

Estas diligencias son consecuencia de una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción de Cantabria en febrero de 2008 ante la Fiscalía de Medio Ambiente, por una modificación del trazado original de la obra que carecía de Evaluación de Impacto Ambiental y que ha causado importantes daños en la ladera sur del monte Dobra, en las inmediaciones del barrio de Sovilla, con grandes desmontes y modificación de cursos de arroyos. Lo que llama poderosamente la atención es que la obra ya está ejecutada prácticamente en su totalidad.

Una vez denunciado los hechos, y si bien el Juzgado de Instrucción nº 4 de Torrelavega desestima la denuncia en una primera instancia, la Audiencia Provincial de Cantabria estima el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía de Medio Ambiente en abril de este año, al que Ecologistas en Acción de Cantabria se ha sumado. En el auto de la Audiencia de 27 de abril se aprecia un presunto delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación.

El coste inicial de las obras presupuestadas ascendía a 20 Millones de € en 2002 y con esta pésima gestión pública ha pasado a ser de más de 34 Millones de € en 2008, un desvío presupuestario de fondos públicos de 14 Millones de € para un tramo de carretera comarcal de 4,6 kilómetros, de los que, para más inri, no se ha destinado un céntimo a medidas de corrección o restauración de los impactos ambientales generados por las obras, un ejemplo muy ilustrativo de cómo no se pueden realizar obras públicas.

Nadie puede saltarse la legalidad establecida y menos los responsables de la administración pública que nos gobierna.