El Turronero, denunciado por construirse una mansión ilegal

Ecologistas en Acción ha presentado en la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio una denuncia contra el empresario José Luis López Fernández, más conocido como El Turronero, por haberse construido una mansión ilegal en la finca denominada “Miguel Torres”, ubicada en Cerro Mulera, término municipal de Ubrique, zona de alto valor ecológico entre los Parques Naturales de la Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. En concreto, López ha construido sin la preceptiva licencia municipal un complejo formado por vivienda de grandes dimensiones, piscina cubierta, bodega subterránea, aparcamiento, terrazas ajardinadas… Todas estas construcciones se han realizado en suelo no urbanizable, contraviniendo las normas urbanísticas vigentes de Ubrique, que no permiten ni este tipo de edificaciones e instalaciones en el suelo no urbanizable, ni este volumen edificatorio.

El Ayuntamiento de Ubrique, perfecto conocedor de estas obras, solo ha ordenado la demolición de una pequeña edificación de 20 m2, pero no ha iniciado ningún expediente sancionador y de restauración de la legalidad urbanística por la construcción de estos edificios ilegales. Y ello a pesar de ser una finca muy conocida de un empresario muy conocido, finca donde se han celebrado eventos multitudinarios, como el ascenso del Jerez a primera división el año pasado.

Panorámica de las edificaciones existentes en la finca

El Turronero es un empresario muy conocido y polémico en la provincia de Cádiz. Es propietario de la empresa constructora Gestión Inmobiliaria Ubriqueña y tiene especiales intereses en Jerez, ciudad de la que es uno de los grandes propietarios de suelo y en la que ha sido intermediario en grandes operaciones de compra de suelos. Además, es íntimo amigo de Pedro Pacheco. También se le ha relacionado con las operaciones “Karlos”, de fraude a la Seguridad Social, y “Halcón”, de fraude fiscal. También ha sido socio de Humberto Janeiro en algunas empresas.

Ecologistas en Acción ha solicitado a la delegada de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio:

1. La apertura de los correspondientes expedientes de restauración de la legalidad urbanística para reponer los terrenos a su estado original.

2. Que conforme dispone el art. 195.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se pongan estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si los responsables de estas actuaciones urbanísticas hayan podido incurrir, por acción u omisión, en los siguientes delitos:

- Delito contra la ordenación del territorio previsto y penado en el art. 319.2 del Código Penal.

- Delito de prevaricación urbanística previsto y penado en el art. 320 del Código Penal.

- Delito de omisión de perseguir delitos previsto y penado en el art. 408 del Código Penal.