Lo construido ilegalmente debe de ser sancionado y demolido

Ecologistas en Acción coincide con lo que plantea el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, sobre la necesidad de que las condenas sobre construcciones ilegales no se queden sólo en multas y conlleven el derribo de lo ilegalmente construido. Sólo de esta forma se podrá restituir la legalidad infringida y minimizar el impacto de las obras. Y sólo de esta manera las sanciones tendrán efectos disuasorios necesarios para poner freno a la avalancha de construcciones ilegales que se extienden cada vez más por toda la provincia y principalmente en el litoral.

Resulta bochornosa y lamentable la pasividad de las administraciones, cuando no su inoperancia; es incomprensible que la policía autonómica solo haya instruido 12 diligencias a construcciones ilegales en una provincia donde nada más en Chiclana se pretende legalizar más de 12.000. De la Oficina del Litoral instaurada por la Junta de Andalucía, no se sabe que haya servido para nada, y a todo esto hay que añadir la falta de contundencia de las actuaciones judiciales, de las que hemos sabido que un 90% de ellas, a pesar de ser condenatorias, no conllevan la demolición. Así, a pesar de legislaciones medioambientales y de ordenación del territorio, el problema de las construcciones ilegales y de degradación de nuestro paisaje, lejos de pararse se incrementa día a día, los infractores actúan con impunidad, y vivimos una situación de "ciudades sin ley".

Y lo que aún es más grave, en las pocas sentencias en las que se decreta la demolición ésta no se ejecuta, como es el caso de la Dehesa de Montenmedio que, a pesar de contar con sentencias firmes tanto del TSJA de Andalucía como del Tribunal Supremo, declarando la ilegalidad de sus construcciones levantadas en suelos no urbanizables previamente deforestados, la sentencia de demolición no se ejecuta y se buscan formulas para "legalizarlas". Ahora, además se le premia permitiéndosele 850 nuevas plazas hoteleras y 285 nuevas viviendas.

Desde Ecologistas en Acción nos felicitamos de las peticiones de la Fiscalía de Medio Ambiente, instamos al poder judicial al máximo rigor en la defensa de nuestro patrimonio común, y exigimos el cumplimiento de las leyes, sobre todo las urbanísticas, para una efectiva protección de nuestros recursos naturales.

Así mismo, y para que ningún presunto delito contra la ordenación del territorio quede impune, la Delegación Provincial de Obras Públicas y la de Medio Ambiente han de aumentar considerablemente el número de inspectores y agentes dedicados a la disciplina urbanística y medioambiental en el litoral, y los Ayuntamientos han de dejar de alegar carencia de medios para derribos, cuando han renunciado previamente a las multas y sanciones que deberían haber impuesto, según nuestro ordenamiento jurídico.