La Diputación de Toledo incumple las compensaciones ambientales por el nuevo vertedero

La Diputación de Toledo gasta una ingente cantidad de dinero público en contentar a los propietarios de Dehesa Aceituno mientras lo racanea en las actuaciones medioambientales derivadas de la tramitación del nuevo vertedero.

El acuerdo alcanzado por los propietarios y arrendatarios de Dehesa del Aceituno para vender la finca a la Diputación de Toledo es una mala noticia para el medio ambiente, y, en particular, para los que creen que no todo en la vida es cuestión de precio, sino también de valores.

Es indudable que propietarios y arrendatarios estaban en su derecho de obtener una justa compensación por la imposición del vertedero en Dehesa Aceituno. Pero esa pretensión contrasta sobremanera con las expresiones de aprecio infinito a esas tierras que manifestaron propietarios y arrendatarios cuando se creó la Plataforma contra el vertedero.

Aunque con lógicas prevenciones, algunos quisimos creer en la sinceridad de las expresiones de apego a la finca y de deseos de mantenerla que allí se oyeron, pero a la postre, como tantas veces, se ha impuesto la lógica del dinero. Queda claro que todo ha sido una estrategia para sacar el mayor beneficio económico posible. Lícito y comprensible, seguramente, pero también con visos de poca ética.

En todo caso, lo que más llama la atención es que ahora, de repente, la Diputación justifique la necesidad de 1,25 millones de euros más para pagar los terrenos y que lo haga amparándose en que se van a adquirir 30 hectáreas más que no necesita.

¿A qué se está jugando con el dinero público? Si es verdad que el vertedero no necesita los terrenos ¿por qué los paga? Y, siendo uno de los principales problemas la falta de fondos en las Administraciones, ¿de donde se van a quitar los 1,25 millones de euros del presupuesto público para pagar la finca? A juicio de Ecologistas en Acción, aquí hay motivos más que de sobra para que se abra una investigación tanto política como del Tribunal de Cuentas o quien sabe si de instancias judiciales.

En todo caso, lo que sí queda patente con este acuerdo entre propietarios y Diputación es que todo tiene un elevado precio menos el medio ambiente. Mientras los propietarios se van a hacer millonarios con el vertedero, la Diputación ha destinado unas cantidades ridículas para la protección ambiental entorno al vertedero y ha incumplido flagrantemente las medidas compensatorias que imponía la declaración de impacto ambiental en sus apartados segundo y tercero.

Amparándose en la falta de presupuesto la Diputación, con la complicidad de la Delegación de industria, Energía y Medio Ambiente, no ha arrendado las 500 hectáreas de terreno para constituir una reserva de caza, ya que esta la ha declarado en una finca de su propiedad ya protegida, ni ha arreglado los tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna en 3 kilómetros entorno a la futura instalación. En cuanto a la reforestación de 140 hectáreas para compensar los daños a la vegetación, parece que se está haciendo, pero en terrenos que ya eran forestales, por lo que el beneficio de la actuación es más que dudoso.

En suma, la Diputación dispone de dinero para que particulares se lucren con él, pero no para hacer frente a sus obligaciones medioambientales.

Todas estas situaciones serán analizadas por los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción a fin de detectar nuevas irregularidades en el proceso, tanto para hacer nuevas denuncias, como para alimentar el recurso interpuesto ante el TSJ de Castilla-La Mancha contra la autorización del vertedero.