Rechazamos premiar con dinero público a chalés ilegales de segunda residencia

Que esta “crisis de la lluvia” sobre la crisis de la economía, sirva de aprendizaje y escarmiento. En 1997 se vivieron situaciones similares a las actuales y desde entonces no hemos hecho nada para evitarlas, más bien al contrario.

Ecologistas en Acción rechaza premiar con dinero público a chalés ilegales de segunda residencia víctimas de las inundaciones.

Las viviendas ilegales no solo son un desastre para el territorio; lo son también para sus constructores y/o usuarios.

Ecologistas en Acción es consciente de lo beneficioso de las lluvias en Andalucía, pero lo de este año ya es, en muchos ámbitos, claramente un desastre para muchas familias y explotaciones agrarias.

El exceso de lluvias en los campos está provocando importantes pérdidas en cultivos de huerta, frutales y otros, además de incrementar los costes a los propietarios ganaderos. Estas pérdidas no son nuevas ni desconocidas; ya hemos tenido otras antes y se sabe que nuestra climatología funciona así. Es por esto que es tan conveniente el seguro agrícola en Andalucía, como necesaria la ayuda pública a los agricultores. Pero tampoco es nuevo ni desconocido que propietarios agrícolas han abusado en sus prácticas y en muchos casos son los causantes de que tengamos cauces deteriorados e incluso perdidos.

Hay otras muchas pérdidas que podrían haberse previsto y evitado; ya todo el mundo lo sabe. No había más que haber cumplido la Ley de Aguas Ley 29/1985, de Aguas y su Reglamento de Dominio Público Hidráulico (DPH).

Este Reglamento en su Art. 4 dice:

1. Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.

2. Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos.

En su Art. 6:

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Las riberas conllevan;

a) una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público.

b) una zona de policía de cien metros de anchura, ampliable en zonas con riesgo de inundación.

En su Art. 7:

2. Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona (de servidumbre) salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico.

Y en su Art. 9:

4. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del organismo de cuenca,

Gran parte de las viviendas afectadas por las inundaciones no son legales o están fuera de ordenación. En otros casos se trata de viviendas o instalaciones desarrolladas bajo planes urbanísticos que nunca debieron aprobarse por no cumplir con la Ley de Aguas.

Ecologistas en Acción de Andalucía tiene cuantificadas 25.000 casas en toda España en puntos inundables de las que más de 1/3 están en Andalucía, ya que la propia Administración andaluza reconoce que aquí tenemos un 62% más de inundaciones que en el resto de España.

Ecologistas en Acción denuncia que la Administración Hidrológica no ha completado el mapa de zonas inundables y riesgos de Andalucía, no han llevado a cabo los deslindes que desde 1985 les obliga la Ley y no siempre han emitido informes vinculantes sobre los planes de urbanismo y ordenación del territorio. E igualmente denuncia a los responsables municipales y técnicos que han posibilitado planes demostrados nocivos, peligrosos y costosos, además de ilegales. ¿Para que piden competencias, si luego no pueden o no quieren ejercerlas?.

Por ello, Ecologistas en Acción realiza las siguientes propuestas:

- Para los casos de viviendas ilegales de segunda residencia, es necesario no solo no acometer ayudas para la restauración de las viviendas, sino tramitar los expedientes judiciales y administrativos de derribo y evitar riesgos mayores en un futuro. Es necesario responsabilizar a técnicos y políticos municipales, que en muchos casos, han permitido e incluso promocionado estas zonas a sabiendas de su ilegalidad. Pedimos que se analicen caso por caso y evitar así la picardía en la solicitud de ayudas como si de casa de aperos anexa a labores agrícolas o ganaderas se tratara.

- Para los casos de viviendas ilegales de primera residencia, cuyos propietarios tienen bajos recursos económicos, que hace décadas eligieron la autoconstrucción junto al río ante la permisividad de las administraciones, es necesario facilitarle el acceso a una vivienda de protección oficial, a cambio de la cesión del terreno y derribo de la casa como contraprestación de parte de dicha vivienda de VPO.

- Para los casos de viviendas o instalaciones legalizadas en estas zonas, es necesario responsabilizar a técnicos y políticos que han firmado las licencias a sabiendas de su riesgo, no teniendo que asumir las arcas públicas las incompetencias de unos pocos.

- Para los propietarios agrícolas que han sufrido pérdidas, que se estudie si realmente son víctimas o tienen culpa en el deterioro de cauces, riberas y DPH.

Ecologistas en Acción de Andalucía pide que se dediquen las ayudas a solucionar definitivamente los riesgos en zonas de inundación, eliminando las infraestructuras y devolviendo estos espacios a los ríos.