La historia de las ilegalidades urbanísticas no tiene fin

Parece que hemos pasado de las licencias otorgadas por silencio administrativo a la impunidad por silencio administrativo

La historia de las ilegalidades urbanísticas en El Puerto no tiene fin. Ahora resulta que el abogado de Fevema, la entidad que agrupa a propietarios de varias urbanizaciones ilegales construidas en terrenos protegidos, también es propietario de una vivienda ilegal en Montes de Oca.

La concejala de Urbanismo ha decretado la caducidad del expediente de protección de la legalidad 3044/06 instruido contra Dª. Ana Cumbreras Selma por la realización de obras sin licencia en Montes de Oca. El expediente se abrió en septiembre de 2006 por denuncia contra D. Abraham Perdigones Reyes, esposo de la anterior, por construcción de una vivienda unifamiliar en calle Montes de Oca n° 13 sin licencia urbanística, en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable.

Con fecha 4 de octubre de 2006 se emite informe técnico por el Arquitecto Municipal determinando que las obras no son legalizables, proponiendo su demolición previa audiencia al interesado para formular alegaciones. No obstante se solicita a la empresa Servicios Económicos del Puerto (SERECOP) información complementaria con fecha 6 de octubre de 2006. Dicho informe es reiterado con fecha 22 de diciembre de 2006, siendo cumplimentado dicho informe por la referida empresa con fecha 22 de noviembre de 2007. O sea, SERECOP tarda más de un año en cumplimentar el informe requerido.

La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Urbanismo también tarda más de un año en comunicar el expediente al interesado para que formule las alegaciones que estime convenientes (consta como notificado con fecha 1 de febrero de 2008). Con fecha 15 de abril le 2008 dicta resolución ordenando la demolición de la construcción levantada en un mes, apercibiendo de la imposición de multas coercitivas en caso de ser desatendida dicha orden.

Ante el recurso de la propietaria, el servicio jurídico de urbanismo constata que el expediente tiene múltiples irregularidades. En primer lugar En no existe un acuerdo formal de inicio de expediente, ni acuerdo de suspensión de obras o de legalización, habiendo sido dictado resolución hasta el 15 de abril de 2008 y notificado a la propietaria con fecha 17 de julio de 2008. ¡Tardaron año y medio en resolver el expediente y tres meses en notificarlo!

En razón de lo anterior, Patricia Ybarra firma una Resolución el pasado uno de febrero por la que acuerda el archivo del expediente de protección de la legalidad nº 3044 por considerarlo caducado, ya que se ha sobrepasado plazo de un año de que dispone la Administración para resolver y notificar el acuerdo, de conformidad con el artículo 182.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), estimándose por tanto que procede estimar el recurso y declarar la caducidad

¿Y ahora qué? ¿No se van a exigir responsabilidades a los funcionarios que han dejado caducar este expediente?. ¿No se van a tomar medidas disciplinarias contra los que de forma consciente y dolosa han dejado caducar un expediente de una persona muy conocida en Urbanismo y con el que la concejala de Urbanismo mantiene frecuentes reuniones?. ¿Ybarra va a permitir que se siga en Urbanismo haciendo la vista gorda contra las construcciones ilegales de determinadas personas?. ¿Hemos pasado de las licencias otorgadas por silencio administrativo a la impunidad por silencio administrativo?.

Próximamente Ecologistas en Acción hará pública nuevos casos en los que la concejalía de Urbanismo no actúa ante denuncia por obras ilegales de ciertos personajes y deja caducar los expedientes sancionadores y de restauración de la disciplina urbanística por inactividad administrativa.




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