Estatuto de Castilla-La Mancha y guerra del agua

La retirada del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se ha debido, desgraciadamente, a la guerra del agua desencadenada interesadamente por los grandes partidos y las regiones afectadas. Un turbio asunto sobre el que conviene arrojar una luz que aclare la situación más allá de las reacciones de unos y de otros.

El hecho de que se incorporaran determinadas reivindicaciones en materia hídrica en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no dejaba de ser el simple manifiesto de un deseo, de una voluntad política.

Pero conviene no olvidar que nada que implique limitaciones a la gestión centralizada de las cuencas hidrográficas intercomunitarias puede incorporarse a un estatuto como legalmente vinculante y sin exponerse al juicio del Tribunal Constitucional.

En buena lid lo que un estatuto puede y debe establecer es el derecho de una Comunidad Autónoma y sus ciudadanos al buen estado ecológico de ríos y acuíferos, a disponer de los recursos hídricos necesarios para un desarrollo sostenible y a participar en la toma de decisiones. Más allá de eso cualquier reivindicación concreta, sobre todo si afecta a otros e implica plazos y auto-asignaciones de agua, está condenada a la ineficacia ante la prevalencia de la normativa estatal en la materia.

Dicho esto, hay que señalar que Castilla-La Mancha no ha sido la primera en usar el estatuto para intentar regular cuestiones que no le corresponden, sino que, desgraciadamente, otras comunidades como Aragón, Andalucía o Valencia ya lo habían hecho. La irresponsabilidad y los regionalismos internos de los dos grandes partidos nacionales lo han permitido.

Por ello, políticamente, Castilla-La Mancha se ha considerado con las mismas posibilidades que los demás para hacer su apuesta hídrica. Más todavía cuando en la negociación parlamentaria esta se había reducido prácticamente a agua de borrajas. Una referencia inconcreta y sin carácter vinculante para disponer de 4000 hectómetros cúbicos.

A juicio de Ecologistas en Acción esta demanda se deslegitimaba por si misma ya que todo apuntaba a que ese agua era reclamada para satisfacer análogas perspectivas de desarrollo insostenible a las que se critican en las Comunidades del Levante.

Lo que no se acababa de esperar era que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, llegada la hora de la verdad adoptara la postura que finalmente ha adoptado, sobre todo contando en su dirección nacional con alguien que aspira a gobernar Castilla-La Mancha.

Malo era que se aprobara un estatuto con brindis al sol incluido, pero peor aún que se tenga que retirar por un movimiento político que, sin duda, ha obedecido a los intereses hidrológicos y políticos de las Comunidades gobernadas por este partido en el Levante español.

No se ha querido reparar en que hay otras muchas cuestiones, más importantes y más sustanciales para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que se quedan varadas con el texto retirado y que se verá cuando se pueden retomar.

Sólo ha interesado y preocupado azuzar la guerra del agua y por eso, hoy, Castilla-La Mancha ha quedado en muy mal lugar y los ciudadanos se sienten defraudados y manipulados en esta vergonzante situación.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a las Comunidades Autónomas y partidos políticos a que diriman sus diferencias en materia hidrológica en el marco de la legislación vigente y de la planificación hidrológica. Y a que dejen de utilizar el agua y los sentimientos de los ciudadanos para atizar una confrontación que no ayuda en nada a resolver el problema del agua en España.

Por su parte, de cara al futuro del trasvase Tajo-Segura, más vale que se trabaje sobre lo que es una previsión certera, el trasvase está condenado a reducirse paulatinamente ante la situación de sobreexplotación del Alto Tajo. La obligación de políticos y gestores es ir adoptando las medidas oportunas para que la adaptación a esa inminente nueva situación se lleve a cabo de la forma menos traumática posible.




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