Mano dura contra los ecologistas

Es claro que la ‘Justicia’ no mide con el mismo rasero a los numerosos delincuentes ambientales, cuyos delitos quedan impunes o con condenas ridículas, y a los que sólo realizan actividades no-violentas y simbólicas con el fin de llamar la atención sobre las agresiones contra el medio ambiente. Los casos que aquí se enumeran dan buena cuenta de ello.

Desde 1987 la Comisión Jurídica de la CODA (ahora Ecologistas en Acción) ha venido compilando y documentando casos en los que miembros de organizaciones ecologistas han sido objeto de diversas actuaciones policiales o judiciales. Se trata de casos en los que los/as ecologistas han sido denunciados, detenidos, expedientados o procesados por la realización de actividades o acciones de carácter pacífico contra algún proyecto, instalación, empresa o institución por razón de su impacto, problemática o riesgo medioambiental.

Los casos analizados, unos 50, son, sin duda, una pequeña muestra de los que realmente han ocurrido. La mayor parte de estos casos han tenido implicaciones penales –como consecuencia, por tanto, de supuestos delitos o faltas–, pero existe, también, algún caso derivado de expedientes administrativos sancionadores.

Tipos de acciones

Las acciones que realizan los miembros de las organizaciones ecologistas tienen un carácter esencialmente pacífico, siendo las causas más comunes que han originado las actuaciones policiales o judiciales las siguientes:

Casos
- manifestaciones y movilizaciones 17
- encadenamientos (a edificios o maquinaria) 8
- paralización de obras o actividades 5
- encaramarse a edificios descolgando pancartas 4
- impedir la entrada de personas o maquinaria 3

Otros casos menos comunes han sido: fotografiar la presencia de residuos tóxicos de una finca en Almadén (Greenpeace, 1991), realizar declaraciones contra un Director-conservador de un Parque Natural (CEPA, 1996) o editar bonobuses gratuitos por la subida del transporte público (Aedenat, 1988).

Algo que llama la atención es que los/as militantes ecologistas han realizado este tipo de acciones no sólo para defender la naturaleza, sino también por otro tipo de aspectos o cuestiones sociales, como las consecuencias de la globalización económica, la solidaridad con los pueblos del Sur o el pacifismo. Muestra de ello son el descuelgue de una pancarta en la Conferencia del Banco Mundial en Madrid (Greenpeace, 1991), la pintada en una fragata militar inglesa en Bilbao (EKI, 1989) o la colocación de una pancarta en la embajada de Méjico en protesta por una matanza de indígenas en Chiapas (Ecologistas en Acción, 2000), entre otros muchos ejemplos.

Las instalaciones o actividades que son el blanco de estas acciones son, como se puede ver por el listado adjunto, enormemente variadas: incineradoras, fabricas de papel o químicas, centrales nucleares o térmicas, líneas de alta tensión, minería a cielo abierto o canteras, autovías, presas, urbanizaciones, vertederos, dragado de rías, vertidos en ríos, tráfico de madera tropical... y es curioso observar como en ocasiones los activistas son miembros no sólo de entidades ecologistas, sino también de otras organizaciones sociales, o bien vecinos/as de la zona afectada.

La calificación jurídica de los hechos denunciados ha sido muy diversa. Los tipos de delitos o, con más frecuencia, faltas son los siguientes:

Casos
- daños contra la propiedad privada 15
- desobediencia a la autoridad 7
- coacciones 6
- desórdenes públicos 5

Otros casos menos frecuentes han sido: acampada ilegal, reforestación de una zona verde urbana, estafa (bonobuses gratuitos) o intromisión ilegítima en el honor.

Consecuencias de las acciones

Las denuncias contra ecologistas contabilizadas afectan de una u otra manera a un total de unas 320 personas. Hay que decir que muchos de estos casos se han archivado o sobreseído, mientras que otros han sido absueltos después del correspondiente juicio. Pero, en cualquier caso, los activistas han tenido que afrontar molestias, gastos o, a veces, situaciones de privación de libertad, ya que unas 70 personas han sido detenidas.

En las ocasiones en que ha habido juicio han sido condenados 105 activistas y absueltos unos 52. Algunos, también, están pendientes de juicio o de sentencia. Hay casos en los que se condenó a los/as ecologistas en primera instancia y, tras recurrir la sentencia, fueron absueltos en segunda instancia.

El tipo de condena ha consistido normalmente en el pago de una multa (27 casos) o en indemnizar a la empresa afectada por los daños sufridos (32). Ha habido casos en los que se les ha condenado no sólo a pagar una multa sino también a una indemnización (14). En 9 ocasiones la pena ha sido de privación de libertad. Por su parte, en los tres casos registrados de ámbito administrativo, la sanción ha consistido en una multa.

Si la imposición de estas condenas puede considerarse injusta teniendo en cuenta el carácter pacífico de las acciones y su finalidad de defensa ambiental, hay algunas que son especialmente desproporcionadas. Es, por ejemplo, el caso de los 13 ecologistas cántabros que en 1992 se encadenaron a unos camiones para impedir la construcción de una urbanización en un enclave natural. La jueza ordenó su ingreso en prisión durante tres días, “para poner un poco de orden y meterles miedo”, una decisión totalmente desproporcionada con las características de los hechos. O el caso de un ecologista de Huelva que fue procesado y, aunque luego fue absuelto, se le embargaron los bienes por no depositar una fianza de 2 millones de pesetas. Recordemos, como contraste, que a la empresa responsable del vertido de Aznalcóllar no se le ha puesto fianza alguna –aunque el vertido ha supuesto un desembolso de miles de millones de pesetas de las arcas públicas–. O el destierro por tres años de dos extranjeros, miembros de Greenpeace, por colgar una pancarta de la Conferencia del Banco Mundial.

La mayor parte de estos casos ponen de manifiesto la escasa sensibilidad ambiental y social de los miembros de la judicatura y del aparato judicial en general. Hemos constatado a lo largo de muchos años de experiencia directa, que la Administración de Justicia trata de una forma notablemente pasiva y benévola a numerosos delincuentes ambientales (industrias que vierten sin depurar, furtivos y pirómanos, constructores ilegales, etc.), mientras que, a menudo, actúa con especial severidad y saña cuando se trata de procesar o condenar a ecologistas por actuaciones como las que venimos mencionado.

A la hora de evaluar desde el punto de vista jurídico estas actuaciones ecologistas muchas veces no se tiene en cuenta ni su carácter esencialmente pacífico, ni su intencionalidad de defensa de los valores ambientales y sociales. En todos los casos han existido suficientes argumentos jurídicos para absolver a los acusados, pero a menudo se ha preferido aplicar de manera rígida el Código Penal. Entresacamos dos párrafos de algunas de las sentencias absolutorias que se han dictado que corroboran la anterior afirmación de que existe suficiente fundamentación para evitar sentencias condenatorias.

En relación con la paralización de una obra ilegal calificada como coacciones: “La actuación de las personas denunciadas carece de relevancia penal, pues con su presencia física obligaron a paralizar unos trabajos que en la resolución se calificó de ilegales. Siendo la ilegalidad la que priva de relevancia penal a la conducta de los denunciados que velaban porque se cumpliera la ley en un tema de trascendental importancia para ellas y la de su entorno”.

O el caso de cortar vallas que impiden el acceso a vías pecuarias: “En estos casos prima el derecho de todos los ciudadanos a transitar por vías de dominio público sin que los propietarios de las fincas donde discurren dichas vías coarten ese derecho, pues debe existir un lugar abierto por el que las personas puedan pasar”.

Así pues, no podemos dejar de denunciar públicamente que la justicia no mide con el mismo rasero a los muchos delincuentes ambientales, cuyos delitos quedan impunes o con condenas ridículas, frente a los que sólo realizamos actividades no-violentas y simbólicas para denunciar esas agresiones contra el medio ambiente, que son, además, ilegales la mayor parte de las veces.

Persecución de activistas ambientales en el mundo
- Piotr Kozhevnikov (inspector de aguas del Gobierno, antigua URSS). Fue arrestado e internado en pabellón psiquiátrico como castigo por intentar hacer público el vertido ilegal por parte del Gobierno de petróleo y residuos al Golfo de Finlandia en 1986.
- Bárbara D´Achille (periodista medioambiental, Perú). Fue asesinada en 1989 por las guerrillas de Sendero Luminoso como represalia por su denuncia del impacto del cultivo de la coca en la selva tropical.
- Henry Domoldol (lider tribal Isneg, Filipinas). Asesinado en 1991 por miembros de una milicia ligada al ejército filipino, por haber denunciado la participación del ejército en la explotación forestal ilegal de las tierras de las tribus locales.
- Mahesh Chandra Mehta (Secretario General del Consejo Indio para la Acción Legal Medioambiental, India). Es un abogado ambiental cuyas demandas han acabado con casi 2.000 operaciones industriales ilegales en la India que se enfrenta a continuas amenazas de muerte.
- Guy Pence (guardabosques del Servicio Forestal, EE UU). Fue el blanco de dos ataques con bomba en 1995 de los que escapó ileso. Ha pedido el endurecimiento de las normativas federales sobre pastoreo.
- Habría una larga lista donde se citaría a Chico Mendes, Ken Saro-Wiva, Alexander Nikitin, y un largo etcétera (ver Gaia –el anterior nombre de El Ecologista– nº 16, pp. 57-58).

(Algunos datos se han extraído del libro Ecojusticia: la unión de los derechos humanos y el medio ambiente de Aaron Sachs Bakeaz, 1996).

Casos de persecución contra ecologistas

1987

Seis miembros de la Coordinadora Ecologista de Huelva se encadenaron a la proa de un barco que transportaba residuos contaminantes de dióxido de titanio con el fin de llamar la atención de la opinión pública sobre el comercio internacional de residuos. Fueron detenidos y, con inusitada diligencia y celeridad por parte de la jueza en su procesamiento, condenados a una multa y a una indemnización a la empresa de 557.000 pta.

En Murcia el juzgado de lo penal condenó a penas de multa a cuatro ecologistas que efectuaron una protesta en la calle contra la contaminación del río Segura.

1988

Procesamiento en Madrid de la Junta Directiva de AEDENAT (ahora Ecologistas en Acción) acusados de estafa por la Empresa Municipal de Transportes por editar bonobuses con frases de protesta contra la subida del transporte público, que luego utilizaron algunas personas para evitar el pago del autobús. Después de una primera sentencia condenatoria, fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid en 1991.

1989

Tres miembros de AEDENAT fueron procesados en Córdoba por el Juzgado de Instrucción de Peñarroya-Pueblo Nuevo por unos supuestos daños en la carretera durante una manifestación contra el cementerio nuclear de El Cabril. ENRESA denunció estos supuestos daños en 1991 (dos años después). El juzgado ha decretado una fianza de 250.000 pta. y el fiscal solicita 200.000 pta. de multa a cada uno y una indemnización.

Un miembro de la organización ecologista EKI (ahora Ekologistak Martxan) es acusado de hacer una pintada en una fragata militar inglesa en Bilbao. Posteriormente fue absuelto.

1990

Activistas de Greenpeace fueron detenidos por fotografiar la presencia de 11.000 toneladas de residuos tóxicos de una finca de Almadén (Ciudad Real). Los ecologistas no ejercieron ningún tipo de daño sobre personas o cosas.

Treinta personas de la Asamblea para la Defensa de Urkiola (Guipuzcoa) son procesadas por mantener una plataforma sujeta con cuerdas en las paredes de las canteras de Atxarte, para protestar contra las voladuras. Se les acusó de coacciones, desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Otras 100 personas más se autoinculparon en el mismo proceso.

1991

Dos miembros del grupo anterior se encadenaron en el acceso a dichas canteras para llamar la atención de su impacto ambiental. Finalmente fueron absueltos de un delito de coacción.

Miembros de diversos grupos ecologistas, como la CODA (ahora Ecologistas en Acción), efectuaron acciones pacíficas de protesta junto a las obras que se empezaban a realizar en la carretera de Ramacastañas a Candeleda (Ávila). Los ecologistas llamaban la atención sobre el impacto sobre el medio natural de dicha obra pero sin ejercer ningún tipo de coacción; muchos fueron procesados por esos hechos.

1992

En marzo, dos miembros de Greenpeace fueron detenidos en Tarragona al intentar incorporarse a otros compañeros en una acción simbólica y pacífica en la incineradora de residuos sólidos urbanos de Constanti en Tarragona. En enero del 93 fueron juzgados por los mismos hechos otros ocho miembros de la organización.

Tres miembros de Xevale son detenidos por encadenarse pacíficamente ante el Parlamento Gallego en protesta por el Plan Forestal de Galicia. Posteriormente fueron procesados.

En Tremor de Arriba (El Bierzo-León), decenas de vecinos realizaron acciones simbólicas de protesta para pedir la paralización de los trabajos de explotación minera a cielo abierto que estaban realizándose sin las autorizaciones y en un robledal donde el impacto ambiental era notable. Algunos vecinos y ecologistas son condenados en 1993 por el juzgado de Ponferrada. Después fueron absueltos por la Audiencia Provincial.

Un miembro de AGADEN (ahora Ecologistas en Acción) que se limitó a hacer unas declaraciones a la prensa en una manifestación contra una planta contaminante ilegal de aglomerado asfáltico en Cádiz, fue juzgado por un delito de coacción, por el que le pidieron tres meses de arresto y multa de 100.000 pta. Vecinos y ecologistas habían denunciado la pasividad y negligencia de la AMA y el Ayuntamiento por no ejecutar la orden de paralización.

35 personas fueron condenadas a multa e indemnización de cinco millones pta. por unas supuestas coacciones al impedir el trabajo de máquinas que aterrazaban el monte en Tamajón (Guadalajara), arrasando un robledal para plantar pinos.

Ecologistas de ARCA se encadenaron sin ejercer ningún tipo de violencia a las máquinas y camiones de una empresa constructora que iba a iniciar obras de construcción de una urbanización de 2.600 viviendas en uno de los enclaves naturales aún vírgenes de Cantabria, los encinares de la Ría de Ajo. Trece ecologistas fueron detenidos por la Guardia Civil y la jueza de Santoña ordenó su ingreso en prisión durante tres días.

1993

Detención del abogado de la Coordinadora contra el pantano de Itoiz, durante una sentada (además de varios heridos al disolver la Guardia Civil dicha protesta). Procesado por ello, fue absuelto en octubre de 1994 por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona del delito de atentado contra la autoridad.

Detención de dos miembros de Greenpeace y declaración ante la Guardia Civil por la rotura de una tubería en una acción contra los vertidos de la empresa ERQUIMIA, S.A. de Tarragona.

Varios miembros de Greenpeace fueron detenidos y posteriormente procesados por descolgar pancartas dentro de la papelera de ENCE en Pontevedra.

Detención de once miembros de Greenpeace y posterior procesamiento por descolgar pancartas dentro de la empresa eléctrica UNELCO de Canarias, contra la contaminación de las térmicas.

Detención de cuatro miembros de AEDENAT y COMADEN (ahora Ecologistas en Acción) por encadenarse en el puerto de Navacerrada a máquinas que construían una conducción y cañones para nieve artificial. Condenados primero, luego fueron absueltos en 1994 por la Audiencia Provincial de Segovia.

Catorce miembros de AEDENAT-Ecofontaneros (ahora Ecologistas en Acción) fueron juzgados en enero por paralizar obras de urbanización en el Moncayo en marzo de 1990 por coacciones y daños. Fueron absueltos por el juzgado de Zaragoza pero condenados en 1993 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a indemnización y multa.

Cuatro ecologistas impidieron en Tremor de Arriba el trabajo de las máquinas en una explotación a cielo abierto. Absueltos primero por el juzgado de Ponferrada, fueron absueltos también por la Audiencia Provincial de León.

1994

Doce vecinos, integrantes de la Plataforma Anti-incineradora, son procesados por el Juzgado de Almadén como consecuencia de los incidentes en una concentración ante el Ayuntamiento en 1992. El fiscal les pedía penas de hasta 6 años de prisión.

Un miembro de la Coordinadora Ecologista de Huelva es procesado, aunque posteriormente absuelto, por las movilizaciones contra el dragado de la Ría de Huelva. Fue requerido previamente a depositar una fianza de 2 millones y, ante el impago de la misma, le embargaron los bienes.

En Carboneras (Almería) 10 activistas de Greenpeace paralizaron una descarga de carbón en una acción simbólica contra la central térmica. Dos años más tarde les condenaron a una multa y a indemnización de 119.308 pta.

Dos miembros de AEDENAT penetraron en el recinto de la incineradora de Valdemingómez (Madrid) y desplegaron una pancarta desde la chimenea. Fueron procesados y después absueltos por el Juzgado de Instrucción 44 de Madrid.

La Agencia de Medio Ambiente de Andalucía sancionó con 400.000 pta. de multa a 4 ecologistas por una acampada de protesta contra una urbanización en el Parque Natural de Barbate.

Nueve miembros de Greenpeace fueron detenidos en Valencia por encadenarse a las grúas de un barco que transportaba maderas tropicales.

Quince miembros de la Coordinadora Ecologista de Huelva cortaron la valla de acceso a un embarcadero privado ilegal en la playa del Portil (Cartaya). Fueron juzgados por daños.

1995

La Audiencia Provincial de Navarra condenó a dos miembros de la Coordinadora de Itoiz a dos y tres años de cárcel por una manifestación contra la construcción de la presa.

Procesamiento de 19 miembros de Greenpeace por paralizar, encaramándose a una grúa, la incineradora de Son Reus en Palma de Mallorca. La empresa Tirme solicitó una indemnización de 10 millones de pesetas.

Un miembro de la FEPG (ahora Ecologistas en Acción) es procesado en Cádiz por unas declaraciones contra el director-conservador del Parque Natural de Grazalema. En 1997 fue absuelto de la acusación de intromisión en el derecho al honor.

El Tribunal Supremo absolvió finalmente al alcalde, al sacerdote y a ocho vecinos de Aranguren de un delito de desórdenes, como consecuencia de las movilizaciones contra un vertedero de residuos, por el que fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en 1992.

1996

Cinco ecologistas rompen las vallas que impedían el acceso a unas vías pecuarias en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). Dos son condenados a dos días de multa y los otros absueltos.

En Granja de San Vicente (Bierzo), siete ecologistas fueron primero absueltos y luego condenados a multa de 4.500 pta., indemnización y costas por paralizar una explotación minera a cielo abierto.

1997

El fiscal solicitó dos años de prisión contra dos miembros de Ecologistas en Acción que actuaron como portavoces en una manifestación contra el cable eléctrico a Marruecos en Tarifa. Fueron absueltos en julio del 2000.

1999

600 personas se concentraron en una manifestación anti-taurina delante de la plaza de las Ventas de Madrid. La policía practicó una veintena de detenciones. La asociación convocante, ALA, fue multada por el Gobierno Civil a la cantidad máxima sancionable: 500.000 pta.

En Marbella son juzgados dos miembros de Ecologistas en Acción acusados de desobediencia a la autoridad por una reforestación colectiva en una zona verde urbana que se pretendía urbanizar.

Juzgados en septiembre nueve activistas de Greenpeace por interceptar en Tarragona un megatrailer que transportaba un alternador para la central nuclear de Ascó.

El Tribunal Supremo condenó en septiembre a ocho miembros de Solidarios con Itoiz a cuatro años y diez meses de cárcel por el supuesto secuestro del vigilante de las obras, para poder cortar los cables de la presa de Itoiz en 1996.

Miembros de Ecologistas en Acción del Bierzo han sido condenados a pagar una indemnización de 756.000 pta. por paralizar simbólicamente una explotación minera ilegal a cielo abierto junto a otros vecinos de la zona.

En octubre son detenidos 19 miembros de Greenpeace por bloquear la entrada de camiones de la incineradora de Sogama (A Coruña).

En noviembre son juzgados varios miembros de Ecologistas en Acción por encadenarse a un tren en la estación de Villaverde (Madrid) que transportaba una pieza para la Central Nuclear de Trillo. Han sido condenados a 10.000 pta. de multa.

2000

Juicio contra dos miembros de Ecologistas en Acción de Aragón por encaramarse a la fachada de la Embajada de Méjico en solidaridad con Chiapas, resultando absueltos.

El Ayuntamiento de Marbella ha sancionado con una multa de 50.000 pta. al portavoz de Ecologistas en Acción por unas pintadas contra una urbanización. La sanción ha sido recurrida.

La Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción ha elaborado este artículo basándose en un informe de Eva Mª Moreno, licenciada en derecho. El Ecologista nº 22




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