Residuos Inertes e Industriales en Sevilla

Los vertederos de residuos inertes de la provincia de Sevilla, al igual que ocurre en todo el Estado español, son fuente de graves problemas ambientales y sociales. Reciben residuos peligrosos sin garantías ambientales, muchos carecen de autorización y son peligrosos para la salud.

Con la denominación de inertes la administración califica a una amplia gama de residuos sólidos de todo tipo que se supone no entrañan riesgo ni al medio ambiente ni a la salud pública. Entre ellos se incluyen restos de construcción y derribo y otros de origen industrial supuestamente no peligrosos.

Sin embargo, bajo el eufemismo de la denominación inerte se esconden residuos de carácter tóxico y peligroso. En los restos de construcción y derribo no sólo encontramos maderas, ladrillos, cementos, yesos o materiales férricos, sino que también se mezclan con ellos restos de pinturas, barnices, colas, pegamentos, tuberías de PVC, aislantes como el amianto e incluso aceites minerales usados, grasas y lubricantes, los cuales suponen una peligrosidad añadida al residuo inerte. Pero también se consideran inertes algunos residuos industriales como las escorias de fundición o las cenizas de piritas a pesar de contener incrustaciones de materiales peligrosos.

Estos residuos inertes van a parar tanto a vertederos autorizados por la administración como a otros ilegales que no cuentan con ningún tipo de autorización. Sin embargo, tanto unos como otros reciben con frecuencia de forma clandestina otros elementos como basuras domésticas, neumáticos, residuos industriales de carácter tóxico y peligroso, residuos de pequeños talleres, asfalto de carreteras, plásticos agrícolas, envases de productos fitosanitarios, etc.

En la provincia de Sevilla estos vertederos están siendo denunciados tanto por recibir residuos de carácter peligroso como por carecer de autorización o por la falta de garantías ambientales y sus peligros para la salud pública.

La ubicación de estos vertederos, por lo general, no es elegida de acuerdo a criterios y garantías ambientales sino que responden a criterios economicistas: proximidad a la ciudad para abaratar el transporte y eliminación de costes en mantenimiento y en las correcciones ambientales. De hecho, en la ciudad de Sevilla, los vertederos de inertes se localizan próximos al núcleo urbano y a carreteras, como la circunvalación SE-30, ocupando zonas inundables, escorrentías de arroyos o suelos agrícolas, terrenos utilizados más tarde con frecuencia para especulaciones de carácter urbanístico. Situaciones similares se dan en el resto de la provincia.

En la mayoría de los casos los vertederos de inertes se instalan sobre graveras y canteras en desuso, que están ubicadas principalmente sobre el acuífero aluvial del Guadalquivir y donde la intensa actividad extractiva ha provocado el afloramiento a la superficie de la capa freática. Este hecho debiera desautorizar cualquier tipo de vertedero en estas instalaciones; sin embargo, los agujeros son rellenados con los escombros, cubiertos con tierra vegetal y luego cultivados. El contacto de estos residuos con el acuífero aumenta los riesgos de contaminación del mismo.

Por otra parte, es necesario constatar el fraude que se comete en la recuperación y restauración de las antiguas canteras y graveras. La Ley de Protección Ambiental obliga a las empresas extractoras de áridos a restaurar el espacio alterado una vez finalizada la concesión de explotación. Sin embargo, esto no es así: al utilizarse dichas explotaciones como vertederos, la restauración se reduce a un mero relleno de residuos sólidos que realizan otras empresas autorizadas como gestoras de residuos inertes.

Para legalizar un vertedero tan sólo se exige un proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental, mero trámite del que posteriormente, en la mayoría de los casos, no habrá seguimiento ni de su correcto funcionamiento ni de la adopción de medidas correctoras. Por ejemplo, la legislación obliga a impermeabilizar los vasos donde se va a verter, cuestión dificultosa cuando el acuífero ha aflorado a la superficie; como cabe de esperar este requisito se incumple sistemáticamente.

En la provincia de Sevilla son las empresas de transportistas de cubas y sus asociaciones quienes se dedican a ganar dinero con el transporte de estos residuos inertes y con la gestión de los vertederos, resultando muy difícil controlar qué tipos de residuos van a parar a dichos vertederos. A ello se une el escaso o nulo seguimiento que la administración realiza, pues raras veces comprueba las medidas y correcciones ambientales recogidas en la declaración de impacto. Por ello, no es de extrañar que acaben todo tipo de residuos en estos vasos, incluidos los de carácter tóxico y peligroso.

Escorias de fundición y cenizas de piritas

Capítulo aparte merecen las escorias de fundición y las cenizas de piritas, residuos industriales que la administración se empeña en catalogar como inertes. Las primeras, procedentes principalmente de Siderúrgica Sevillana, cuentan con la autorización para ser arrojadas en un vertedero de inertes situado en Puebla de Cazalla. Para las segundas se presentó un proyecto en 1998 para ubicar un vertedero en Minas de Aznalcóllar con una capacidad de 1,4 millones de toneladas; el pretexto era utilizar las cenizas de piritas, procedentes principalmente de la industria química del Polo de Huelva, como subproducto para reobtener ciertos metales presentes en ellas. Afortunadamente este proyecto sería desestimado.

Paradójicamente, ambos residuos, escorias de acerías y cenizas de piritas, fueron calificados tóxicos y peligrosos (por sus altas concentraciones en metales pesados) en las actuaciones realizadas para la recuperación de suelos contaminados en la antigua fábrica de FESA en el barrio sevillano de San Jerónimo. En este caso, con carácter de urgencia se determinó su retirada tanto por el peligro que supone para la población como por sus afecciones sobre el acuífero aluvial del Guadalquivir, cuyas aguas son utilizadas para el riego en la vega sevillana.

Desde 1957 hasta su cierre en 1992, FESA dejó un enorme legado, dentro de sus instalaciones, de residuos industriales derivados de la producción de abonos químicos, cenizas de piritas y fosfoyesos entre otros, hecho que provocó que en el Primer Catálogo de Suelos Contaminados (1992-93) este emplazamiento fuera catalogado como vertedero clandestino. Lo sorprendente del caso es que también aparecieran otros residuos, como las escorias de acerías, que nada tenían que ver con la producción de la propia fábrica, cuya procedencia se desconoce sin que aún se haya obtenido respuesta por parte de la empresa. La retirada de los residuos (más de 28.000 m3) ha costado hasta el momento 530 millones de pesetas de los que un 70% ha sido financiado con dinero público y un 30% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), actual propietario de las instalaciones; FESA no ha puesto un duro.

El Acebuchal

Pero, salvando el caso de FESA, el asunto más alarmante es el del vertedero de El Acebuchal, en Alcalá de Guadaira. Al igual que FESA, este emplazamiento también formó parte del Primer Catálogo de Suelos Contaminados. Ubicado en una gravera, este vertedero empezó a funcionar en 1990 y fue clausurado en 1994, periodo durante el que se han arrojado la friolera de 3,9 millones de m3 de residuos sólidos, encontrándose tóxicos y peligrosos como arsénico, cadmio, cromo o mercurio, entre otros, que presentan concentraciones muy por encima de los niveles internacionales que establecen la obligación de descontaminar. Durante estos años, El Acebuchal fue receptor de todo tipo de residuos de los polígonos industriales, principalmente los de Alcalá de Guadaira; se vertieron residuos tan peligrosos como escorias, cenizas y polvos de acería, muy tóxicos por su alto contenido en dioxinas y metales pesados, así como residuos de desguace y trituración de coches, aceite mineral usado, hidrocarburos halogenados, neumáticos, los cancerígenos amiantos, escombros y residuos sólidos urbanos de la ciudad de Sevilla, de Los Alcores y del Bajo Guadalquivir.

La contaminación de este vertedero es grave, no sólo por la enorme cantidad de suelos contaminados sino también por las afecciones al acuífero aluvial del Guadaira y a las aguas superficiales que llegan al citado río. La administración consideró prioritaria la actuación en este espacio, al que destinó un total de 1.100 millones de pesetas procedentes de fondos públicos, si bien el tratamiento allí ha sido simplemente el de recubrir los residuos con arcillas, una solución de final de tubería que mantiene el peligro de los residuos en el mismo sitio sin ningún tipo de descontaminación ni tratamiento de inertización.

Tras la clausura de El Acebuchal, muchos de los residuos sólidos calificados como inertes han pasado a formar parte de las canteras y graveras referidas al comienzo de este artículo, buena parte de ellas legalizadas como vertederos de inertes por la administración. Con ello, se corre el riesgo de contaminar nuevos suelos y acuíferos, así como de invertir dinero público en la consiguiente descontaminación del espacio afectado.

Propuestas de medidas

Ante esta situación, desde Ecologistas en Acción consideramos necesaria la adopción de urgentes medidas, entre las que proponemos las siguientes:

  • Modificación del catálogo de residuos peligrosos en función de la toxicidad, corrosividad, reactividad e inflamabilidad de las sustancias que contiene.
  • Debe realizarse un estudio de cada caso, dadas las posibles sinergias entre sustancias y situación locales de riesgo que se puedan dar en determinados enclaves.
  • Realización de un Inventario de Vertederos de Inertes y caracterización de los residuos allí depositados, así como un estudio analítico de los suelos y las aguas adyacentes, tanto superficiales como subterráneas.
  • Realización y ejecución de programas de descontaminación de los nuevos suelos contaminados que aparezcan tras la caracterización de los residuos en dichos vertederos.
  • Elaboración de planes provinciales sobre el tratamiento de escombros y otros inertes, donde predominen la reutilización y el reciclaje de los mismos.
  • Inclusión en los proyectos de construcción y derribo tanto el destino de los residuos como la separación en origen de los mismos para su recogida selectiva.
  • Eliminación de la contaminación del acuífero, del suelo y edificios de FESA-San Jerónimo con los tratamientos adecuados en el mismo emplazamiento, incluyendo financiación por parte de la propia FESA.
  • Retirada de los residuos enterrados con arcilla en El Acebuchal y tratamiento de inertización para los mismos en plantas adecuadas. Además, deben realizarse los mismos tratamientos expuestos en el punto anterior para FESA-San Jerónimo. Estudiar la posibilidad de construir una Planta de Inertización en los Polígonos Industriales de Alcalá de Guadaira.
  • Es ineludible la elaboración de un Plan Andaluz de Calidad de los Suelos, donde se contemplen tanto las actuaciones de corrección como una política de prevención de la contaminación de los suelos, y que deberá contar con las dotaciones presupuestarias precisas y con el adecuado marco normativo para su cumplimiento.

Francisco Gabriel Vilches Lara y José Carlos Pérez Bonilla son miembros de Ecologistas en Acción de Sevilla. El Ecologista nº 22


El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.

Según el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) cada año se generan en el Estado español más de 21 millones de toneladas de escombros, entendidos como tales los deshechos de la construcción o demolición de edificios u obras civiles, así como los generados en el proceso mismo de construcción. Dentro de estos residuos se mezclan ladrillos y materiales cerámicos (54% del total) y hormigón (18%) con un batiburrillo de otras materias (7% de basura, 4% de madera o 2’5% de metales). Aquí se incluye, también, un pequeño porcentaje de sustancias con una gran peligrosidad: amianto y fibras minerales, disolventes y resinas, CFC, PCB o compuestos halogenados para protección del fuego.

Esta cifra de 21 millones de toneladas, ya de por sí alarmante (equivale a unos 520 kg por habitante y año), es posiblemente bastante inferior a la real, pues la misma administración reconoce que en muchos casos carece de datos fiables. Sin embargo, no hay duda de que actualmente el tratamiento de este tipo de residuos es inadecuado cuando no directamente inexistente, de lo que da fe el paisaje en el entorno de nuestras ciudades y pueblos.

Encima de alguna mesa en el MIMAM se encuentra ahora un borrador del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD), que a su vez forma parte del más general Plan de Residuos Especiales. El borrador PNRCD, como es habitual parte de la obligada declaración de buenas intenciones estableciendo las prioridades en la gestión en prevención, reutilización, reciclaje y valorización energética. Pero a la hora de la verdad se centra en lograr un recogida controlada y correcta y en un sistema más eficaz de vertederos, como prueba que de un presupuesto total de 58.365 millones para el periodo 2000 a 2006, el 44% se destine a la creación de una red de centros de transferencia en un radio de 25 km alrededor de los núcleos urbanos donde vaciar los contenedores, para desde allí transportar los escombros a los vertederos, que absorben el 28% del presupuesto. Por el contrario, el reciclaje y la reutilización se han de conformar con poco más del 27%.

Con estas cuentas, y partiendo de la actual situación de descontrol, parece poco probable que se pueda alcanzar el objetivo definido de reciclaje o reutilización, y eso que es marcadamente timorato: un 40% para el 2006, cuando en los Países Bajos se está recuperando el 90% de los escombros. Tampoco es creíble que se vaya a reducir el flujo total de escombros, ni tan siquiera en ese ridículo 10% que fija el borrador para el 2006, máxime cuando el gobierno prosigue con su enfebrecida política de construcción de grandes infraestructuras.

Lo que sí parece más plausible es que nos acerquemos a los objetivos de una gestión controlada y correcta del 90% de los residuos, y que los vertederos se adecuen a la Directiva Europea, procediendo a la clausura de los que no sean adaptables a la normativa.

En definitiva, en el tema de los escombros pasa lo que casi siempre en materia de residuos: partiendo de una situación tan desastrosa como la actual, cualquier actuación parece un paso adelante. Pero también es verdad que de nuevo parece que se va a perder la ocasión de solucionar el tema de raíz. Las metas definidas en el borrador del PNRCD no sólo son insuficientes, sino que como la experiencia nos muestra, si en alguna medida se cumplen se deberá más a la presión constante que el movimiento ecologista y ciudadano haya sabido mantener que a una decidida voluntad gubernativa.