La caza ha evolucionado de forma notable en las últimas décadas en España. Este proceso ha ido desenmascarando el relativo alcance e importancia socioeconómica de la caza, sus contradicciones, así como el apoyo explícito de las administraciones públicas a una actividad económica y deportiva cada día más cuestionada por el público en general.

Los criterios económicos se han adueñado con fuerza de la caza, originando una intensificación de las explotaciones cinegéticas con graves consecuencias sobre el medio natural. A éstas, hay que sumar los impactos sociales, no menos significativos y urgentes de resolver.

Lo actividad cinegética en la actualidad se apuntala sobre dos premisas cada día más discutibles. La primera es el supuesto interés de la caza en la economía rural. Pero la realidad y el contraste de los datos nos demuestran que la caza ni ha sido, ni es, un factor revitalizador de esta economía rural. Además, la generación de empleo es reducida, temporal en su mayoría, y con frecuencia, en condiciones precarias.

El segundo argumento es la teórica importancia de la caza en la conservación del medio natural: la caza, se dice, es un instrumento de gestión indispensable en ecosistemas con niveles elevados de intervención humana. Sin embargo, la caza deportiva y comercial impone tal ritmo de aprovechamiento, que los impactos ambientales no compensan, ni de lejos, los supuestos efectos benefactores. Ahí están, por ejemplo, las numerosas fincas cercadas en su perímetro (más de 460.000 hectáreas, sólo en Andalucía) y el tipo de gestión al que son sometidas la mayoría de estas propiedades.

Hasta ahora las administraciones públicas no han sabido, o no han querido, ordenar y regular la caza como hubiese sido deseable. Se han preocupado de asimilar algunas reivindicaciones históricas de las organizaciones ecologistas (examen del cazador, eliminación de los perdigones de plomo, elaboración de Planes Técnicos de Caza), sin cuestionar las bases sobre las que se sustenta la caza. La normativa promulgada en las últimas décadas ha servido sobre todo para dotar de cobertura legal a actuaciones harto polémicas. El control de predadores –como se denomina eufemísticamente– es una de ellas: no hay coto de caza que se precie que, antes o después, no utilice algún sistema de captura para el exterminio de los predadores naturales con la preceptiva autorización administrativa.

Joaquín Reina. El Ecologista nº 41