Contaminación atmosférica: mirando para otro lado

Tras algunos antecedentes significativos, la preocupación del movimiento ecologista por la calidad del aire que respiramos arranca de principios de la década pasada. El acercamiento social a este problema parte de las evidencias científicas crecientes sobre su repercusión en la salud pública, en particular con los estudios auspiciados por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea desde mediados de los años 90 [1], trabajos que con más retraso se van reproduciendo en nuestro ámbito territorial [2]. A estos efectos habría que sumar los provocados sobre la vegetación y los ecosistemas, como la acidificación y la eutrofización.

A pesar de la temprana promulgación en 1973 de una Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, lo cierto es que en España no comienzan a desplegarse las redes urbanas de control de la contaminación atmosférica hasta hace escasos 15 años [3], al rebufo de las Directivas europeas de los años 80 que fueron transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico con la entrada en la CEE.

Los primeros datos disponibles evidencian la preocupante situación de la calidad del aire en nuestro país. Así, se registran superaciones de los valores límite establecidos para el dióxido de nitrógeno (NO2) en ciudades como Avilés y Langreo (Asturias), Cartagena (Murcia), Alcorcón (Madrid), Madrid, Salamanca Tarragona y Valladolid. En el caso de las partículas en suspensión, las superaciones afectan a áreas industriales como Asturias (Gijón, Oviedo, Langreo), Barcelona y su área metropolitana, la ría de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Tarragona, Vigo y Zaragoza, mientras las superaciones de los valores límite del dióxido de azufre (SO2) asociados a partículas se localizan en el entorno de algunas grandes centrales térmicas (Andorra, As Pontes, Cercs, Sama) [4].

No obstante, esta situación no determina la adopción automática de planes de saneamiento atmosférico amparados en la preceptiva declaración de las áreas afectadas como Zona de Atmósfera Contaminada, salvo en los casos de Avilés, Cartagena, el Gran Bilbao [5] o algunas localidades catalanas. Primero la pasividad y más tarde la resistencia de las autoridades autonómicas y locales a la aplicación de la norma se instala ya en esta época como una constante en el comportamiento de las Administraciones Públicas, que ha dificultado y dificulta la comprensión del problema en toda su dimensión.

No sólo en las ciudades

La adopción en 1995 de la primera norma sobre ozono troposférico y la progresiva implantación de puntos de muestreo por todo el Estado evidencian que la mala calidad del aire no se circunscribe sólo a las ciudades y el entorno de determinadas instalaciones industriales. Los niveles admisibles de ozono se rebasan sobre todo en las áreas periurbanas y rurales, donde los procesos químicos de formación de contaminantes secundarios a partir de los generados por la industria, el transporte y las calefacciones alcanzan una eficacia máxima. Tampoco en este caso se ha respetado la obligación legal, mucho menos exigente, de avisar a la población en caso de superación de los umbrales de información o alerta.

En este contexto, las emisiones de algunos contaminantes como el SO2 han ido disminuyendo en los últimos quince años, como consecuencia de la implantación de combustibles menos contaminantes como el gas natural, mientras han aumentado las de los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV), precursores del ozono, fundamentalmente por la expansión del transporte y el aumento del consumo eléctrico, llevando a España a incumplir los Protocolos internacionales suscritos en torno a 1990 para estabilizar o reducir estos contaminantes [6].

Ante las evidencias de la repercusión sanitaria y ambiental de la contaminación atmosférica, así como de su carácter transfronterizo, en las últimas dos décadas España ha suscrito nuevos Protocolos internacionales, en virtud de los cuales se ha visto obligada a elaborar recientemente un Programa de reducción de emisiones nacionales de SO2, NOx, COV y amoniaco. De mantenerse las tendencias actuales, el incumplimiento de estos instrumentos y sus objetivos de reducción para 2010 será previsiblemente similar al del Protocolo de Kioto para los gases de invernadero.

La salud no es lo primero

Al tiempo, tras la aprobación en 1996 de la Directiva Marco de Calidad del Aire por parte de la Comisión Europea, se ha iniciado la renovación de los valores límite en inmisión de los contaminantes atmosféricos con la aprobación de las tres primeras Directivas Hijas, estando pendiente de aprobación la última. En conjunto, las nuevas Directivas rebajan sustancialmente los límites de los años 80, aunque de forma gradual hasta 2010 para permitir la adaptación de los Estados miembro.

Con su entrada en vigor, sobre el papel buena parte de las ciudades y de las áreas de influencia de las centrales térmicas españolas se verán obligadas a poner en marcha planes de acción para reducir los niveles de contaminación, con la finalidad de preservar la salud pública o los ecosistemas. No obstante, como sucediera en los años 90, las autoridades locales y autonómicas están escatimando primero la información y luego la adopción de los preceptivos planes, para no reconocer el problema.

Así, entre 2001 y 2003 Ecologistas en Acción ha detectado superaciones de los nuevos valores tolerados en las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, y en ciudades menores como Alicante, Castellón, Córdoba, Granada, León, Salamanca, Tarragona, Valladolid o Zaragoza [7]. En ningún caso se ha procedido a la elaboración de los preceptivos planes de saneamiento atmosférico.

En su lugar, las autoridades están recurriendo a tretas como la dilación injustificada en la transposición de las Directivas comunitarias, la petición de exenciones al cumplimiento de los valores límite u objetivo fundamentadas en particularidades climáticas (partículas y ozono), la reubicación de estaciones de control conflictivas o el cálculo de promedios entre estaciones con distinta orientación (tráfico y fondo) para rebajar artificialmente los niveles. Esta caótica situación ha determinado un reciente apercibimiento de la Comisión Europea a España.

Según lo expuesto, y a pesar del favorable marco normativo, la experiencia nos advierte de que las autoridades estatales, autonómicas y locales se van a resistir al cumplimiento de unos estándares de calidad del aire que obligarían a trastocar radicalmente las políticas urbanísticas, energéticas y de transporte que imperan en nuestro país. Por ello, se hace necesaria una nueva movilización social en defensa de la salud pública y el medio ambiente, que de forma atomizada e inconexa se viene operando frente a proyectos concretos que inciden en la contaminación como incineradoras, térmicas de gas en ciclo combinado, desarrollos urbanísticos o infraestructuras de transporte.

En este contexto, Ecologistas en Acción ha puesto en marcha una campaña estatal sobre calidad del aire, recopilando los datos de contaminación proporcionados por las estaciones de control de la contaminación atmosférica y solicitando a las Comunidades Autónomas respectivas la elaboración de los planes de reducción de la contaminación, y desde el próximo año pedirá la declaración como Zonas de Atmósfera Contaminada de todas las localidades y zonas donde se vayan superado los nuevos valores límite [8].

Miguel Ángel Ceballos Ayuso. El Ecologista nº 41