La palma africana en Colombia

La siembra ilegal de palma africana –o aceitera– avanza en el norte de Colombia, en las regiones del Darién, uno de los lugares con más biodiversidad del mundo. Las comunidades afectadas por estos monocultivos denuncian la invasión de sus tierras, daños ambientales y brutales violaciones de sus derechos –masacres, asesinatos, desapariciones, torturas y desplazamientos forzados–. Todo indica que el Ejército y sus escuadrones de muerte, los paramilitares, son los agentes que protegen y aseguran el megaproyecto agroindustrial de la palma aceitera.

El escritor e investigador colombiano Alfredo Molano escribía hace ocho años en esta misma revista que “la destrucción progresiva e irreversible del medio ambiente y la explotación bárbara de los recursos naturales es en Colombia un hecho hermano de la violencia” [1]. Esta afirmación está hoy más vigente que nunca: con 3 millones de desplazados internos, 22.000 homicidios sólo en 2004 y un índice de pobreza del 64%, la destrucción ambiental sigue íntimamente ligada a la violación sistemática de los derechos humanos.

Esta situación es más cruda en el campo, donde menos de mil familias acaparan el 70% de las mejores tierras, mientras que 1,5 millones de hogares campesinos no tienen dónde cultivar para comer. De acuerdo con Francis Deng, el desplazamiento forzado y el despojo ilegal de tierras se ha incrementado durante las últimas décadas, imponiéndose un “proceso denominado ‘contrarreforma agraria’ [… como] un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas que elaboran proyectos a gran escala para la explotación de los recursos naturales” [2].

En Colombia, en esta contrarreforma agraria entre cuatro y seis millones de hectáreas –cuyos dueños fueron desalojados a sangre y fuego– se encuentran actualmente en manos de los grupos paramilitares. Muchos de estos desplazamientos forzosos se están imponiendo para el cultivo de palma aceitera.

Entre 1996 y 1997 tuvo lugar en la parte norte del Chocó, junto al Darién, uno de los más graves desplazamientos masivos. Hasta 20.000 personas brutalmente despojadas de sus territorios, en la llamada Operación Génesis. “Nosotros nos dimos cuenta”, relatan personas de las comunidades que fueron bombardeadas y cazadas como animales en medio del bosque, “que nuestro desplazamiento no era por ninguna guerrilla, sino por intereses económicos”.

Desde hace ya algunos años se han intensificado las denuncias en torno a la expansión del cultivo de palma africana en la región pacífica de Colombia. Estas denuncias involucran al ejército y a los grupos paramilitares, quienes presionan a las comunidades para su siembra y vulneran los derechos de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrocolombianas [3].

Consecuencias del cultivo de palma

En el sector de la palma ha prevalecido un modelo empresarial vertical, en el que todos los procesos que van desde la plantación hasta el producto refinado están integrados, lo que, por otro lado, requiere una capacidad de inversión grande [4]. Este modelo ha beneficiado a los inversores y a las empresas pero no a los pobladores. Como era de esperar, para mantener los costes laborales bajos y aumentar las ganancias de las empresas, las condiciones de trabajo en las plantaciones son arduas, los salarios por debajo del los mínimos legales, sin contratos, de forma temporal y sin recibir asistencia médica.

El mega-cultivo de palma implica la pérdida de bosques tropicales y de su riqueza en biodiversidad. Valgan como ejemplo los gigantescos incendios forestales en Indonesia en 1997, causados por las grandes empresas palmicultoras [5]. El cultivo de palma convierte el territorio en un “desierto verde”, secando los afluentes naturales de agua y los humedales [6]. La deforestación previa, junto a la utilización masiva de fertilizantes e insecticidas, originan una grave contaminación y una enorme pérdida de biodiversidad.

Un futuro lleno de incertidumbre y terror

“El país debe tener 600.000 hectáreas de palma africana”, proclamó Uribe, el presidente de Colombia. Se estima que en 2001 había 170.000 ha de palma aceitera, por lo que se pretende sembrar otras 400.000 más. La Unión Europea financia a través de los Fondos de Cooperación al Desarrollo proyectos para la siembra de palma que “finalmente benefician a los paramilitares”, como cuenta Javier Orozco, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en Colombia del Gobierno de Asturias [7]. También, la filial colombiana del BBVA, el Banco Ganadero, “tiene una importante participación en la financiación del sector” de las empresas agrícolas y agroindustriales, que serán el negocio de los paramilitares “desmovilizados”, según los planes del actual Gobierno [8].

Mientras tanto, persiste la deforestación del bosque primario en los Territorios Colectivos del Cacarica y Bajo Atrato, sustentada en violaciones de los derechos humanos, y ello a pesar de que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural reconoció en un informe gubernamental, resultado de una comisión de verificación en octubre de 2004, que “el 95% de la palma se encuentra sembrada de manera ilegal” y requirió “detener de inmediato el avance de las siembras” [9].

También la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los “grandes impactos ambientales, culturales y sociales derivados de las obras de infraestructura” que se han construido para el cultivo, así como por la intervención en “el bosque nativo de la selva húmeda tropical del Chocó, considerado como uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta”. La Defensoría también relaciona las violaciones de los derechos humanos y la siembra de palma: “En enero de 2003, las comunidades desplazadas e internas en la selva denunciaron la incursión de grupos de autodefensa, quienes amenazaron con su presencia constante en la zona y anunciaron que ‘el territorio les pertenecía y que allí establecerían cultivos de palma aceitera’” [10].

“Lo que existe detrás de la palma y su relación con la contrarreforma agraria, desarrollada en una nueva fase a través del proceso de desmovilización parainstitucional”, como dice un informe de Justicia y Paz, es la “experimentación cualificada” de un laboratorio de guerra, terror e impunidad y un modelo de represión y de degradación ambiental que se puede extender por toda América Latina.

Tom Kucharz, Ecologistas en Acción. El Ecologista nº 44

El aceite de palma
La palma africana es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de superficie. Originaria de África, desde hace tiempo su cultivo ha dejado de ser utilizado para cubrir las necesidades tradicionales de pequeñas comunidades para destinarse a la producción y exportación a gran escala.

El aceite de palma se usa en la cocina, para la producción de margarinas y para la preparación de productos industriales de panadería, pastelería, confitería, heladería, etc. [11]. Por otro lado se utiliza ampliamente en la producción de cosméticos, detergentes y jabones, así como en la fabricación de pinturas, velas, cremas para zapatos, tinta de imprenta, en la industria textil y del cuero. Entre sus posibles usos futuros destacan las investigaciones sobre la producción de combustible (biodiesel).

Según la FAO, en 2002 la producción mundial de aceite de palma fue de 30 millones de toneladas de aceite, siendo Malasia (41,5%) e Indonesia (36,5%) los principales productores. Representa el 52% del mercado mundial de aceites vegetales.

Fuentes
- CAVIDA: Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil. Colombia, 2002.
- COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ: http://es.geocities.com/justiciaypa...
- MINGORANCE, F, MINELLI, F, LE DU HÉLÉNE: El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y Derechos Humanos, Human Rights Everywhere-Diócesis de Quibdó, Colombia, 2004.
- VVAA: Desde Colombia pedimos Justicia. Llamado al mundo contra ritos de crímenes e impunidad. Xixón, 2004.
- WORLD RAINFOREST MOVEMENT: El fruto amargo de la palma aceitera, Uruguay, 2001.




Visitantes conectados: 135