Entre las conclusiones de la VI Fiesta del Agua de Andalucía se reclama una vez más que los ecosistemas acuáticos son un patrimonio público, con una dimensión económica, cultural, de identidad y memoria colectiva fundamentales, por lo que no pueden ser objeto de apropiación particular ilegal, que la gestión pública del agua es la mejor fórmula para garantizar la equidad y que existe un divorcio entre el marco teórico y normativo y la gestión real y concreta del dominio público hidráulico, que es lamentable. Se ha comprobado que existe sensibilidad social por el río y sus entornos en la cuenca del Guadalete y en sus grandes posibilidades como recurso de promoción económica, cultural y educativa.

Un río es mucho más que corriente continúa de agua, es un ecosistema a conservar o mejorar con el menor impacto posible. Canalizaciones y dragados son las recetas que nos llevan a los que ya muchos llaman ríos “progresados”. Los dragados causan efectos muy negativos en los ríos: eliminan la complejidad del lecho fluvial y sus diferentes ambientes, afectan a la flora y fauna con la destrucción de sus hábitats y no permiten la circulación de los sedimentos, alterando localmente todos los procesos de erosión y sedimentación. Todo ello genera consecuencias en los ecosistemas acuáticos y ribereños, que no se ven renovados. Los cúmulos de gravas son los lugares en los que las comunidades de plantas colonizadoras se instalan contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad y de la riqueza paisajística, además de ser importantes zonas para la freza de peces y refugio para otras especies de fauna. Las plantas colonizadoras también facilitan la infiltración de las aguas disminuyendo los efectos de las inundaciones. Los encauzamientos de hormigón suponen la destrucción del río, concentran los caudales, incrementando la velocidad del agua, a la vez que generan una sensación de falsa seguridad, que favorece la construcción en su entorno inmediato. Sin embargo, cuando el agua supera la capacidad del encauzamiento, ésta se desplaza sin ningún tipo de control. Tanto en el camping de Biescas, como en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, los cursos de agua se encontraban encauzados.

El control de vertidos de toda índole, la mejora de la depuración, el mantenimiento, vigilancia y conservación de sus márgenes y caminos, la ausencia de extracciones de agua ilegales, la delimitación del dominio hidráulico libre de construcciones, limpiezas puntuales y concienzudas de los cauces, un buen caudal ecológico o la activación del turismo fluvial son sólo algunas de las claves para mejorar la relación del río con la ciudadanía, para mantener un río vivo. Pero si administración competente dice apostar por ríos vivos en su normativa y en sus discursos vacíos y nos defrauda en su gestión, es lógico que muchos ciudadanos y ciudadanas sean incrédulos y soliciten canalizaciones y/o dragados como medidas para terminar con la suciedad. No obstante, en Andalucía ya hay muchos ejemplos de canalizaciones de ríos y arroyos que apestan. En centroeuropea comenzaron hace mucho tiempo a canalizar ríos. Terminaron por destruirlos. Ahora intentan demoler las canalizaciones que realizaron para intentar devolverle a sus ríos su aspecto primitivo. Siempre llegamos tarde.

Mediante la participación activa de la ciudadanía hay que conseguir ríos limpios y vivos, un ecosistema fluvial equilibrado desde su nacimiento a su desembocadura; éste debería de ser el objetivo a corto y largo plazo. Las recuperaciones de tramos fluviales, como el de Arcos, sólo son un pequeño paso, aunque la Agencia Andaluza del Agua (Consejería de Medio Ambiente) ha abandonado la obra. Está sin terminar, sin rebombeo y control de todos los vertidos, sin limpieza puntual y concienzuda, sin contenidos para el centro de interpretación y con tramos de caminos destrozados por las inundaciones, entre otras actuaciones inaplazables.

Por Luciano Lozano Muñiz.