Derribo de la Casa de las Cadenas

Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por la sentencia el Tribunal Supremo que ratifica la sanción de 150.000 euros impuesto por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento y otros tantos a la empresa Rufino Naves por el derribo ilegal de parte de la Casa de las Cadenas, edificio protegido que está incluido en el Conjunto Histórico de El Puerto.

Los ecologistas creemos que las ilegalidades cometidas por funcionarios y/o cargos públicos deben pagarlas ellos, y no todos los ciudadanos. En El Puerto algunos políticos y funcionarios están acostumbrados a no tener responsabilidades económicas por sus actos ilegales. En la etapa de Hernán, el Ayuntamiento, o sea todos los ciudadanos, se hizo cargo del paga de multas y gastos de defensa por las ilegalidades que cometió. En este caso incluso gobernando ya el PP, el Ayuntamiento ha seguido pagando los gastos del recurso que puso el Ayuntamiento para intentar paralizar unas sanciones que estaban perfectamente justificadas, y que deberían haber pagado los implicados y, ahora, imputados. La regla debe ser que quien la hace la paga, pero aquí en El Puerto la hacen algunos políticos y funcionarios y la pagamos todos.

La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts. 145 y 146) permite exigir responsabilidades patrimoniales a funcionarios y responsables públicos cuyas acciones ilegales hayan perjudicado a las administraciones públicas. Por tanto el Ayuntamiento debe exigir a Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Fernando Jiménez el pago de la sanción y la restitución a las arcas municipales de todos los gastos devengados por la autorización y el informe favorable da este derribo ilegal.

Así mismo Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento que exija a la empresa propietaria del edificio, ahora solar, la reconstrucción de la parte del edificio de la Casa de las Cadenas demolida ilegalmente y espera que esta sentencia sea un aviso a tantos políticos que piensan que la ley esta para incumplirla, y que no pasa nada. Está pasando y esperemos que los responsables de este atentado a nuestro Patrimonio Cultura terminen en la cárcel ante la gravedad de las decisiones que tomaron para permitir una maniobra especulativa y que se pudiera construir un bloque de pisos donde había un edificio protegido.