Por el cierre del aeropuerto de Ciudad Real

Para Ecologistas en Acción Ciudad Real la única solución posible a estas alturas es el cierre del aeropuerto y su reconversión para equipamientos públicos.Por ello, consideran que la terminal y otros edificios anexos constituyen un espacio excelente para el Palacio de Congresos y Exposiciones de Ciudad Real, que tanto juego político ha dado en los últimos meses, al tiempo que consideran que la pista de aterrizaje de 4,5 km debería reconvertirse para su uso en el centro de estudios del asfalto que se quiere realizar en Valdepeñas.

Los ecologistas afirman que el futuro de la aviación comercial es incierto, con cierres de compañías y aeropuertos y que las previsiones en los próximos años incluso pueden agravarse ante la escasez de petróleo y sus derivados, lo que hace a la aviación uno de los sistemas de transporte más insostenibles.

La situación de crisis global que vive el capitalismo hoy en día acrecienta aún más las dudas sobre la necesidad de esta infraestructura, al tiempo que recuerdan que el aeropuerto fue uno de los principales responsables de la intervención por parte del Banco de España de la Caja de Castilla-La Mancha.

Ecologistas en Acción Ciudad Real hacen responsable al presidente José María Barrera, al ex presidente José Bono y al europarlamentario Miguel Ángel Martínez del despilfarro del aeropuerto y piden a la justicia que investiguen las responsabilidades de estos políticos por posible tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. En este sentido, los ecologistas recuerdan que la infraestructura sufrió tres declaraciones de impacto ambiental, lo que demuestra que el ejecutivo nacional y la Unión Europea no querían este aeropuerto y solo las presiones políticas de Bono, Barrera y Martínez, obligaron a autorizar la construcción del aeropuerto.

Por último, los ecologistas recuerdan que no se han vuelto a reunir ni la comisión de seguimiento ambiental ni el observatorio de la biodiversidad y que se han incumplido todas las medidas compensatorias a las que obligaba la tercera declaración de impacto ambiental. Por ello, entre las exigencias para dar el aval, al que se oponen frontalmente, la Junta debería exigir el cumplimiento de los compromisos a los que obliga la tercera declaración de impacto ambiental, entre los que se encuentra la ejecución de un programa agroambiental y un programa de desarrollo rural, la aplicación del Plan de gestión de la ZEPA, la vigilancia de la contaminación atmosférica y de las aguas subterráneas o el aislamiento acústico de las viviendas de Villar del Pozo y Ballesteros de Calatrava.




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