Pantanos del Pirineo

En numerosos puntos del Pirineo se levantan grandes paredes de hormigón que señalan el emplazamiento de un pantano. Tanto los embalses creados en la época franquista como los levantados en la actualidad han dejado una profunda huella en el paisaje y en los miles de personas que se han visto y se ven obligadas a abandonar sus pueblos. Un destino que desgraciadamente todavía aguarda a nuevos afectados por estas grandes obras hidráulicas.

David Ozkoidi Roig. El Ecologista nº 58

La construcción de pantanos comenzó en la Península Ibérica en los años veinte del pasado siglo con Primo de Rivera y se popularizó en las siguientes décadas con la dictadura de Franco, aunque hoy en día estas grandes obras continúan amenazando la vida en muchos valles del Pirineo.

La principal diferencia entre los tiempos de la dictadura y los actuales consiste en que entonces las familias tenían que abandonar sus casas sin poder decir nada, sin poder defender sus derechos, buscándose otro sitio y manera de ganarse la vida. En cambio, en la actualidad, los afectados luchan hasta el final, incluso después de haberlo perdido todo, en pro del reconocimiento de sus propios derechos y de los errores cometidos por las administraciones. Lo que no ha cambiado apenas es el resultado final, ya que se siguen construyendo pantanos.

Recrecimiento de Yesa

Uno de los pantanos más conocidos de la zona del Pirineo es el de Esa (Yesa). Este embalse se encuentra en la frontera entre Nafarroa y Aragón, concretamente entre los pueblos de Esa y Artieda. El pantano pertenece a la comarca de la Jacetania, mientras que la pared del embalse se encuentra en la merindad navarra de Zangoza. Esco, Ruesta y Tiermas fueron los pueblos más afectados por la construcción de este pantano, que ahora se pretende recrecer hasta una capacidad de agua tres veces superior a la de su actual tamaño.

La defensa de los derechos de los afectados por el recrecimiento de Esa es, sin duda, más contundente y enérgica en Artieda que en ningún otro pueblo. Mediante la Asociación Río Aragón y con el soporte de COAGRET (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases), los habitantes de esa localidad han conseguido paralizar los trámites del recrecimiento en diferentes ocasiones.

Varios de ellos conocen la historia de los pueblos que tuvieron que ser abandonados por la primera construcción de la presa, ya que muchos de los habitantes de Artieda eran antiguos vecinos de Tiermas y actualmente vuelven a vivir la misma situación que hace cuarenta años. La primera presa de Esa fue inaugurada por el dictador Francisco Franco en 1959. Inundó 2.500 hectáreas de las mejores tierras a las orillas del río Aragón y dejó a más de 1.500 personas sin casa, sin pueblo y sin tierras.

Tiermas, la población más grande inundada, aglutinaba todos los servicios de transporte y distribución del valle y suponía una importante fuente de ingresos y puestos de trabajo gracias, entre otras cosas, al hotel que se hallaba sobre las termas. Actualmente, cuando el nivel de agua del pantano está lo suficientemente bajo, afloran tanto las ruinas de lo que fue un gran hotel como las balsas de agua caliente donde muchos turistas y espontáneos se toman un baño termal.

Rosa María Campo, antigua habitante de Tiermas que actualmente reside en Zaragoza, comenta que el valle era rico y tenía una prosperidad económica que después de la construcción del pantano brilló por su ausencia. Los habitantes que no quisieron marcharse de la zona resistieron en el antiguo pueblo de Tiermas, situado en la colina. Sin embargo, a causa de la falta de recursos y de tierras que cultivar, finalmente fue abandonado en la década de los 80 del pasado siglo.

El 23 de abril de 1999, y después de que el Ministerio de Medio Ambiente sacara a concurso la contratación de las obras de recrecimiento, comenzó lo que está siendo un largo proceso judicial y político. Con la Asociación Río Aragón y el Ayuntamiento de Artieda como acusación particular y con el apoyo de grupos ecologistas e investigadores independientes, ha quedado demostrada durante estos años la peligrosidad del actual proyecto, al tiempo que se han propuesto soluciones alternativas al recrecimiento del embalse.

Las administraciones públicas y los agricultores de las Cinco Villas de Aragón (lugar que supuestamente se vería beneficiado por el agua del recrecimiento) defienden esta ampliación ante la falta de reserva de agua y la necesidad de la misma en zonas como las Bardenas en Nafarroa, Cinco Villas en Aragón, o Zaragoza. En cambio, los afectados y los grupos ecologistas proponen como soluciones alternativas la modernización de los obsoletos sistemas de riego de las zonas beneficiarias, un mayor control del gasto de agua mediante contadores (como ya se está haciendo en muchas zonas de la cuenca del Ebro) o la construcción de pequeños embalses aguas abajo del actual pantano. Asimismo, frente al argumento de las administraciones locales de que Zaragoza tendría unas carencias de agua que el recrecimiento ayudaría a cubrir, los afectados recuerdan que la capacidad de agua que proyectaron para Esa multiplica por veinte la necesidad de la capital aragonesa.

El llamado caso Yesa saltó a los medios de comunicación en abril del 2001, cuando el Ayuntamiento de Artieda interpuso una querella por presunta prevaricación contra la ex-Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Dolores Carrillo, y otros dos ex-altos cargos del citado Ministerio, Carlos Escartín, Director General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y Carlos Vázquez, Secretario Técnico. A ellos se sumaron como implicados Tomás Sancho Marco, ex-Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y Ángel Núñez Maestro y José Luis Uceda Jimeno, ambos ingenieros de la CHE.

El 23 de mayo de 2006 fueron absueltos los seis ex altos cargos del PP implicados en el caso Yesa. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Artieda recurrieron la sentencia y el Ministerio de Medio Ambiente se pronunció a favor de los recursos diciendo que “resulta también constatable la infracción de todos los principios y requisitos obligatorios de la legislación de impacto ambiental, de los derechos fundamentales de las personas y del Reglamento Técnico de Seguridad de las Presas y Embalses”. No obstante, las obras continúan, a ritmo lento, acometiendo el recrecimiento.

Las grietas localizadas recientemente en la margen izquierda del embalse hicieron que el caso llamara de nuevo la atención de los medios de comunicación. Esas grietas, de hasta cinco metros de profundidad, evidenciaron un corrimiento de miles de toneladas de tierra que incluso hizo desaparecer el camino de graba que habían realizado los constructores para el paso de los camiones. Las grietas han alarmado aún más a las poblaciones aguas abajo del pantano de Yesa, como Zangoza, donde recientemente ha nacido una nueva plataforma plural de oposición al pantano con el nombre de “Iniciativa ciudadana, Yesa + NO, Vida + SI”.

Itoitz

Otro proyecto hidráulico destacado de la zona del Pirineo y sus aledaños es el del pantano de Itoitz, situado a dos kilómetros de Agoitz. En relación a este embalse, el portavoz de la Coordinadora de Itoiz, Patxi Gorraiz, destaca la impotencia que sienten los ex habitantes del valle después de haber vivido un largo proceso que finalmente les ha llevado a ver su pueblo bajo las aguas del río Irati.

Como en el caso de Esa, la lucha popular contra el pantano de Itoitz también cuenta con una extensa cronología de hechos que demuestran el esfuerzo y la constancia que ha tenido la Coordinadora de Itoiz para desmontar la legalidad de las obras defendidas por el Gobierno de Nafarroa.

La asociación Solidari@s con Itoiz protagonizó, entre otras, una de las acciones más contundentes y polémicas en contra de la construcción de la pared de la presa de Itoitz. El 6 de abril de 1996 cortaron los cables que transportaban el hormigón para la construcción de la pared. Esta acción se realizó justo después de que la Audiencia Nacional declarara nulo e ilegal el pantano, eso sí, con la condición de que la Coordinadora de Itoiz pagara 36.000 millones de las antiguas pesetas.

Los ocho participantes en el corte de los cables fueron condenados acusándoles de secuestro por retener durante unos minutos al guardia jurado. Ello ha supuesto a dos de ellos más de tres años de prisión, mientras los demás estaban en búsqueda y captura, hasta que recientemente prescribió el delito.

En la actualidad, la Coordinadora de Itoiz, junto con asociaciones de vecinos de Agoitz siguen denunciando los continuos temblores y ruidos procedentes de la pared, con pruebas evidentes de movimientos sísmicos en la zona.

Organizaciones ecologistas, la Unión Europea y hasta la Audiencia Nacional española han llegado a declarar el proyecto como ilegal y han prohibido su llenado a partir de una determinada cota después de la construcción de la pared de la presa. No obstante, a día de hoy, el llenado ya se ha realizado y el agua llega a Iruñerria a través del denominado Canal de Navarra.

Biscarrués

Las huellas del desarrollismo a base de pantanos también aparecen en el valle del Sobrarbe, en el Alto Aragón, como es el caso del proyecto del pantano de Biscarrués. Este proyecto se ejecutaría en la provincia de Huesca, bajo la mirada de Los Mallos de Riglos, entre los pantanos de La Peña y el embalse de Ardisa. Seccionaría el transcurso natural del río Gállego, uno de los que más dinamizan económicamente la zona gracias, entre otras, a las empresas de deportes de aventura que se encuentran en el valle. Erés, que quedaría completamente inundado, y las tierras de Biscarrués, Santa Eulalia de Gállego y Murillo de Gállego serían los pueblos afectados. Recientemente ha sido publicado en el BOE la retirada de un proyecto de pantano grande en el río Gállego después de veinte años de lucha por parte de La Coordinadora de Biscarrués, de manera que el proyecto de un pantano de 192 hm3 ha sido denegado. No obstante, el Gobierno de Aragón y los regantes insisten en la necesidad de un proyecto de 35 hm3 en el transcurso del río Gállego.

Las asociaciones de afectados de Biscarrués y varios estudios de investigadores universitarios pertenecientes a la fundación Nueva Cultura del Agua han desmontado todos los argumentos que existen a favor de este proyecto. Según denuncian, mil hectáreas de tierras productivas inundadas, una población anegada y una fuerte economía turística y de ocio deportivo sumergida serían el balance final del pantano de Biscarrués si se llevase a cabo.

Jánovas, demoliciones y expropiaciones sin pantano

No muy lejos de esta zona, en la comarca del Sobrarbe, se encuentra uno de los casos más significativos de expropiación en tiempos de la dictadura franquista. El pantano de Jánovas estaba proyectado para realizarse en Lavelilla, Fiscal, Lacort y Jánovas, tierras que hoy en día pertenecen al municipio de Fiscal.

El proyecto toma el nombre del pueblo de Jánovas (Chánobas), una localidad de origen medieval que vivía de la agricultura del cereal, el ganado de montaña y del transporte de leña por el río Ara mediante almadías. El pantano comenzó a proyectarse en 1917, aunque no fue hasta 1959 cuando comenzó la expropiación de tierras. Ese año la compañía hidroeléctrica Iberduero comenzó a enviar cartas a los afectados para que abandonaran sus casas.

En vista de que algunos vecinos se resistían, el siguiente paso de las administraciones fue pasar a la acción directa dinamitando el puente del pueblo y las casas que se iban abandonando. Ante el paulatino abandono y el corte de servicios y suministros como, irónicamente, el agua corriente, la gente comenzó a marcharse a pueblos de alrededor, como La Boltaña y L’Aínsa o a la capital, Zaragoza.

Las indemnizaciones fueron ridículas. Por ejemplo, a la familia Garcés se le indemnizó con 365 pesetas, lo que suponía el alquiler durante un año de la casa donde vivían, ya que pagaban una peseta diaria. Después de 25 años de presiones y amenazas, a Emilio Garcés y su mujer Francisca Castillo los echó la Guardia Civil en 1984. Cuando volvieron a la tarde a recoger algunos enseres ya les habían dinamitado la casa.

Cincuenta años después de que Jánovas viviera esta dramática situación, el Ministerio de Medio Ambiente decretó que el pantano no se llegaría a hacer nunca. El 10 de febrero de 2001, el Consejo de Ministros que elaboraba el Plan Hidrológico Nacional aprobó el Plan de Inversiones para intentar compensar a los afectados por lo ocurrido. Contemplaba una inversión de 12.500 millones de pesetas, repartidos entre los 92 municipios afectados, en los que sobre todo se invertiría para potenciar la calidad de los ríos, las aguas y el turismo de la zona.

Todavía hoy, afectados e hijos de algunos de ellos continúan con litigios para que las tierras sean devueltas a sus dueños y para que las indemnizaciones se distribuyan con la esperanza de recobrar la vida en los pueblos tristemente abandonados. El 6 de agosto de 2006 las tierras fueron devueltas oficialmente a sus habitantes como colectivo, sin especificar ninguna lista de nombres, lo que está provocando que la distribución de esas propiedades se pueda prolongar durante varios años.

Por su parte, el Gobierno de Aragón está tramitando la declaración del valle y el río Ara como zonas protegidas y de interés general por su riqueza ecológica y biodiversidad. Este río es uno de los pocos del Pirineo que mantiene intactas sus características ecológicas por los distintos valles que baña.

El caso de Rialb

Avanzando por el Pirineo hacia el oriente se llega a Pons, en la provincia de Lérida. Siete pueblos desaparecidos, 500 habitantes desplazados y 1.505 hectáreas inundadas son el resultado final de la construcción del pantano de Rialb.

Hoy en día este embalse está casi lleno y el Ministerio de Medio Ambiente ya ha anunciado que para 2010 estará terminado el prometido estanque de cola para el aprovechamiento lúdico. Según destacan desde la asociación de afectados Pentadius, ese aprovechamiento es el que genera confrontación entre los municipios vecinos y los políticos. Estos últimos, lejos de ver la problemática social y ecológica que provoca el proyecto, tan sólo aprecian una oportunidad de negocio que beneficia a una minoría.

Pentadius se ha encargado hasta ahora de preservar el entorno y de resistirse contra el proyecto del pantano de Rialb. Para la asociación, la lucha continúa pese a que en 2001 fuera destruido el símbolo de esa resistencia: la casa Pauet de Basella.

Ese edificio era un caserío protegido por la Generalitat por tratarse de una masía del siglo XVI. Harry W. Araya fue el inquilino legal de la casa Pauet durante once años. En junio de 2000, Araya se encontró colgada en la puerta de su casa una nota en la que se le anunciaba el derribo de su vivienda. Para anular legalmente al inquilino, el entonces alcalde de Basella, el propietario de la casa y la CHE le negaron el acta de expropiación, dejándolo así en una situación de indefensión total y de negación de sus derechos. Araya denunció a la CHE y al Ministerio de Medio Ambiente, aunque todas sus denuncias fueron desestimadas. Con el cambio del juez de Solsona que debía llevar el caso, se le desalojó de la casa Pauet (no Paulet) después de que recibiera presiones, coacciones y amenazas.

En este pantano, una serie de intereses siguen en juego, como es el caso de la cesión de tierras de Tiurana a uno de los municipios de la zona, que recibiría 150.000 euros anuales por la explotación de la energía hidroeléctrica generada en la presa.

Este último caso pone en evidencia una vez más una pauta general que se aprecia en todos estos embalses pirenaicos: que el afán de lucro de determinados políticos y empresarios termina imponiéndose a los derechos de los afectados y a criterios medioambientales, etnográficos y patrimoniales. Y todo ello con tal de conseguir los sustanciosos beneficios económicos que siempre acompañan a estas obras. Obras que, además, no solucionan de manera real y efectiva el problema de la falta de agua.