La Junta de Andalucía ha anunciado su propósito de aplicar un nuevo impuesto con fines medioambientales, que gravará con 10 céntimos las bolsas de plástico de un solo uso. Se trata de una medida tributaria propia que liquidarán los establecimientos comerciales y que según la Junta de Andalucía «tiene como fin incentivar el uso de otros productos más compatibles con la protección del medio ambiente y el reciclaje».

La medida es necesaria, no sólo para contribuir a la reducción del déficit público, como se argumenta, sino sobre todo para aplicar el principio de ”quien contamina, paga”, e incentivar prácticas de consumo más sostenibles. Los costes ambientales de fabricar plástico a partir de un recurso no renovable y contaminante, como es el petróleo, deben ser repercutidos en el precio del producto; las bolsas de plástico deben dejar de ser gratis.

Si al mismo tiempo se incentiva la bolsa o el carro de compra reutilizable y, como mal menor, las bolsas de plástico reciclado y las de biopolímeros, estaremos en la buena dirección.

No obstante, tenemos que señalar la insuficiencia de esta medida, que no va acompañada por el impuesto sobre los vertederos, que penalice todos los residuos que van al vertido (la inmensa mayoría de los residuos sólidos urbanos en la actualidad) y promueva conductas más respetuosas basadas en la prevención, la reutilización y el reciclado de los residuos.

Cuando está a punto de aprobarse un Plan Andaluz que prevé nada menos que 10 incineradoras para quemar los desechos, calibramos la incoherencia de la política de residuos de la Consejería de Medio Ambiente, que por un lado afirma perseguir la prevención de los residuos y por otro estimula que se quemen o que se sigan depositando en vertederos, renunciando a la tasa por verter e incinerar.