Presidencia española de la UE

Sus prioridades son la recuperación económica y aprobar la estrategia de crecimiento ‘sostenible’

Edith Alonso, responsable del Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción

“Coger el timón para, de forma suicida, dirigir la nave hacia un muro y sin frenar” podría ser la síntesis de las políticas que van a impulsarse durante la Presidencia española de la Unión Europea. Todo ello aderezado de otro “timón”: el de la falta de democracia y el desvío de fondos públicos para apuntalar un sistema que se tambalea.

El pasado 1 de enero daba comienzo la Presidencia española de la Unión Europea, que se prolongará hasta finales de junio. Un periodo que se caracterizará por la aprobación de la estrategia que sustituya a la Agenda de Lisboa [1], cuyo horizonte termina este año. Una estrategia que va con prisa y sin pausa rumbo a la insostenibilidad. Su nombre es UE 2020.

La UE ha sido, desde su comienzo, un proyecto económico que ha apostado por el crecimiento económico y la competitividad, promoviendo el desarrollo del “mercado interior” y de la apertura a nuevos mercados en el exterior, por encima de cualquier consideración ambiental o social. Éste es el espíritu y la letra de la Agenda de Lisboa. Sin embargo la Unión se ha dotado de una imagen verde y social que difícilmente casa con sus políticas de facto, estructuralmente insostenibles.

El crecimiento económico se ha acompañado inevitablemente de un consumo creciente de materia y energía en las últimas décadas, a pesar del incremento de la eficiencia energética en algunos casos. Así, la huella ecológica de la Unión supera en más del doble su espacio ambiental disponible, habiendo contraído por ello una inmensa deuda ecológica con los países del Sur. Su gran responsabilidad en el continuo incremento de Gases con Efecto Invernadero (GEI) y en la pérdida de biodiversidad, no sólo por las emisiones e impactos producidos en su propio territorio, sino también por las actividades de sus empresas en el extranjero, demuestran la insostenibilidad estructural del proyecto europeo en términos ambientales. A pesar de su maquillaje verde, los impactos ambientales de sus políticas no han cesado de aumentar. Y no pueden parar de hacerlo mientras el eje sobre el que giren sea el del crecimiento y la competitividad.

El estallido de la crisis financiera en 2008 se relaciona, al igual que otras crisis previas, con las fuentes de energía. La subida del precio del petróleo a límites no conocidos previamente fue uno de los desencadenantes de esta nueva crisis de sobreproducción de la economía capitalista. Una economía financiarizada y con escaso control se desplomó a velocidad de vértigo, haciendo visible la fragilidad del sistema y el surgimiento de un mundo multipolar con el reforzamiento de nuevas potencias económicas en lo que supone una crisis de hegemonía para los países occidentales industrializados.

El sistema capitalista necesita nutrirse de una fuente de energía concentrada, barata y abundante con la que volver a impulsar el crecimiento. Fuente, que hoy por hoy, no existe. En el límite de sobrepasar el pico del petróleo [2], seguir profundizando en el consumo del mismo sin proponer la transición de una economía dependiente del petróleo (la UE es la principal importadora de combustibles fósiles en el mundo) a una economía localizada, que cierre los ciclos y se oriente a las necesidades de las personas y al respeto de los límites planetarios, y no al revés (las personas y el planeta al servicio de la economía), es un error. En este contexto de insostenibilidad económica seguir apostando por el crecimiento se convierte, más que nunca, en un verdadero acto de fe.

La obsesión por la competitividad que pretende hacer de Europa la “economía más competitiva del mundo” ha llevado a un continuo incremento de las desigualdades dentro y fuera de la Unión. Para aumentar la productividad a un menor coste hay varias opciones. Todas ellas profundizan la crisis ambiental y social, mostrando su insostenibilidad: rebajar los estándares laborales y ambientales (dentro y fuera de las fronteras europeas), facilitando el despido y la bajada de salarios; incrementar el tipo y número de sectores sometidos al mercado, con la progresiva privatización de servicios públicos y recursos naturales; fomentar el desarrollo de estrategias comerciales y empresariales abusivas en los países del Sur; construcción de una Europa Fortaleza donde los y las inmigrantes son valorados en función de su servicio al mercado y no como personas con derechos, contra los cuales se atenta con medidas tan sangrantes como la Directiva de Retorno; especialización productiva por regiones con los costes sociales y ambientales que conlleva; desarrollo de interconexiones regionales de energía y transporte, que contribuyen al deterioro ambiental; jerarquización en el seno de la UE, con la compartimentación en países centrales y periféricos con desigual poder político y económico.

Todo ello aderezado con la necesaria falta de transparencia y democracia que permita implementar, de forma impune, estas medidas. Un ejemplo de ello sería la aprobación del Tratado de Lisboa, conseguida sin consultar a la ciudadanía (salvo en el caso de Irlanda, por imperativo legal).

Quitando la careta

En este sentido, la principal prioridad para este semestre de Presidencia española es afianzar la recuperación económica y la aprobación de la estrategia de crecimiento sostenible, UE 2020. Para el Ejecutivo español el “gran desafío” es la definición de una estrategia de salida “ambiciosa” a corto y a largo plazo, y que contemple dos dimensiones: la estrategia de salida de la crisis y el crecimiento sostenible a largo plazo. La Presidencia de la UE ha empezado, por lo tanto, planteándose dos objetivos incompatibles entre sí: salir de la crisis global y apostar por el crecimiento económico.

El planteamiento de la Nueva Estrategia para el Crecimiento y el Empleo, UE 2020 [3], como sucesora de la Estrategia de Lisboa, se ha establecido como la garantía para una futura sostenibilidad económica, ambiental y social. Para ello en el ámbito económico propone “basar su ventaja comparativa en la competitividad, la innovación y el conocimiento”. La apuesta por la tecnología parte de un precepto ideológico que la considera limpia, obviando los requerimientos en el uso de materia y energía por la misma [4]. La mejora de la tecnología se demuestra claramente insuficiente si no se acompaña de un cuestionamiento de las bases estructurales de la insostenibilidad económica.

Por otra parte, la sostenibilidad social propuesta se basa en un aumento de la “empleabilidad”, para lo que es preciso “avanzar en la flexibilidad y en la seguridad de forma equilibrada”, la llamada flexiseguridad, armonizando a la baja los derechos laborales y sociales, facilitando despidos, contrataciones precarias y el aumento de la edad de jubilación, entre otras medidas. Todo ello aderezado, eso sí, con más formación para el empleo. Así, en materia de educación “la mejora de la adaptación de las capacidades de los trabajadores a las necesidades del mercado de trabajo” se traduce en la puesta del conocimiento al servicio de la empresa privada, profundizando estrategias como la de Bolonia en el marco universitario.

Por último, la sostenibilidad ambiental pretende lograrse, entre otras cosas, mediante la adopción este semestre del Plan de Energía 2010-2014. Curiosamente los objetivos en este ámbito están centrados en la seguridad del suministro y en garantizar la competitividad del sector, sin plantear la necesidad de un decrecimiento en el consumo de energía. La aportación del 20% de energías renovables en 2020 y el incremento de la eficiencia energética, aunque necesarias, siguen siendo insuficientes. Según Ferrán Tarradellas, portavoz del Comisario Europeo de Energía “el nivel de responsabilidad de la UE respecto a China y EE UU en la emisión de GEI es poco significativo” [5]. Por ello no es de extrañar que para luchar contra el cambio climático la UE no asuma de forma unilateral las recomendaciones de reducción de emisiones elaboradas por el IPCC [6].

En cuanto a la reforma de la supervisión del sistema financiero se anuncian medidas difusas encaminadas a conseguir un “sistema financiero europeo más eficiente”, con la aprobación de un marco de supervisión financiera todavía por definir. Dentro de las medidas a tomar se contemplan “la intervención temprana o preventiva en futuras crisis y la intervención en entidades con problemas (y su financiación)”, es decir, seguir financiando con dinero público los fallos de un sistema caduco, generador de injusticias en todos los niveles y de impactos ambientales inasumibles. Un verdadero timo para la ciudadanía europea y mundial.

A contracorriente

Por todo ello decenas de organizaciones del Estado español han decidido unir sus fuerzas para expresar su repulsa ante el proyecto capitalista y neoliberal que representa la UE. Estas organizaciones, en coordinación con otras del resto de la Unión y de América Latina, van a participar en distintos actos de protesta a lo largo del semestre. Entre ellos destaca la organización de diversas actividades coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado UE-América Latina y Caribe, que tendrá lugar en mayo en Madrid. Allí se realizará, desde un Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar los impactos sociales y ambientales de las transnacionales europeas y la complicidad de las políticas europeas en su desarrollo, a un Foro Alternativo y el desarrollo de acciones directas no-violentas y movilizaciones contra la cumbre [7].

El timón de las políticas europeas no va a dar un giro si no es ante la fuerza de la movilización ciudadana. Por eso es necesario enredarse y nadar contracorriente.