La iniciativa Yasuní-ITT

Dejar el petróleo en el subsuelo, la mejor opción de desarrollo para Ecuador

Abel Esteban Cabellos, Ecologistas en Acción

En junio de 2007 el gobierno de la República del Ecuador lanzó una sorprendente propuesta, la Iniciativa Yasuní-ITT [1]. Planteaba mantener indefinidamente en el subsuelo el crudo del campo ITT, a cambio de una compensación internacional por valor de al menos el 50% de los beneficios que el Estado recibiría si dichas reservas fueran explotadas. Con estos fondos se iniciaría la transición a un modelo de sociedad no basado en los combustibles fósiles. Esta iniciativa, ahora en peligro, ha adquirido gran relevancia en el contexto de búsqueda de propuestas para frenar el cambio climático y de adaptación al cada vez más próximo agotamiento del petróleo.

Las rentas petroleras han tenido una importancia fundamental desde la década de los 70 en la economía del Ecuador. A pesar de ello no se ha producido una mejora sustancial de las condiciones de vida de sus habitantes, y sí en cambio importantes daños económicos, sociales y ambientales en las regiones petroleras. Este fenómeno no es único del Ecuador; la “maldición de los recursos naturales” (elites y gobernantes corruptos enriquecidos, mientras las condiciones de vida de la población se deterioran progresivamente) es un patrón común en muchos países dependientes de la exportación de estos recursos. Ante la ausencia de resultados de este modelo y el agotamiento de sus reservas probadas en unos 30 años de explotación, la propia sociedad ecuatoriana necesita iniciar una nueva senda de desarrollo alejada del petróleo.

El Yasuní, reserva de la Amazonia ecuatoriana

El Parque Yasuní (PY), situado en la región amazónica ecuatoriana, se considera de acuerdo con estudios científicos la región de mayor diversidad biológica del planeta [2]. Fue declarado Parque Nacional en 1979, y en 1989 la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera. Además, en 1999 la parte sur del PY junto a la Reserva Étnica Huaorani fueron declaradas como Zona Intangible de Conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, al tratarse del territorio habitado por grupos étnicos en aislamiento voluntario.

Sus bosques albergan cifras extraordinarias de especies de plantas vasculares, aves, anfibios, reptiles, etc. A modo de ejemplo, en una hectárea del Yasuní se ha encontrado una cifra similar de especies de árboles (644) al número de especies de árboles nativos de toda Norteamérica [2], y gran parte de la flora y fauna existente aún se desconoce. Por otra parte, el PY forma parte del territorio ancestral del pueblo Huaorani, que durante milenios ha contribuido a la conservación de estos bosques. A pesar de la pérdida de la forma de vida tradicional de muchas comunidades Huaorani (consecuencia premeditada de la actividad petrolera), aún persisten varios clanes, denominados Tagaeri, Taromenane y tal vez otros, que han rechazado todo contacto con el mundo exterior y han mantenido su forma de vida cazadora-recolectora gracias a mantener territorios poco intervenidos.

Esa inigualable biodiversidad se asocia tanto con la cercanía de la zona a la cordillera andina, como por ser uno de los Refugios de Vida del Pleistoceno, zonas que durante los cambios climáticos drásticos de este periodo permanecieron como islas de bosque húmedo, mientras la mayor parte de la cuenca amazónica se transformaba en enormes extensiones de sabana. Estas zonas constituyeron refugios de flora y fauna, a la vez que centros de formación de nuevas especies [2].
La riqueza natural también está en el subsuelo. El PY alberga importantes reservas de petróleo, estando su territorio incluido en bloques petroleros

El bloque 43 o ITT (llamado así por estar formado por los campos Ischipingo, Tambococha y Tiputini) se considera, junto al bloque 31, la frontera del PY no destruida por actividades petroleras. Tiene unas Reservas Recuperables en torno a los 900 millones de barriles de crudo pesado de 14-15º API, altamente viscoso, lo que implica que su extracción generaría una gran cantidad de desechos fuertemente contaminantes que serían liberados al ambiente.
En el núcleo del PY también se encuentra el bloque 31. La empresa pública Petroamazonas ha iniciado la explotación de sus reservas de crudo pesado y prevé obtener los primeros barriles en 2012 [3], a pesar de las múltiples demandas de la sociedad civil para incorporarlo a la propuesta Yasuní-ITT [4].

Los impactos de la explotación petrolera

Los impactos de la actividad petrolera están muy bien documentados desde que ésta se inició en el Ecuador en la década de los años 70. La actividad de Repsol-YPF en el bloque 16, que también afecta al Yasuní y al territorio Huaorani, y donde esta empresa explota desde 1993 reservas de crudos pesados, reproduce fielmente los impactos previsibles si se explotara el campo ITT [5]. Un resumen de los impactos locales previsibles si se explotaran los campos ITT son [6]:

- Daños ambientales: contaminación, deforestación. Alteración de las relaciones ecológicas de los ecosistemas.

- Impactos económicos: pérdida de la productividad de las economías de autosustento. Altos costos de vigilancia, mantenimiento, remediación y compensación.

- Impactos sociales: deterioro general de la zona. Destrucción del tejido social, alcoholismo, violencia, prostitución, enfermedades.

- Impactos políticos: aumento de conflictividad en la región, abandono del Estado en las zonas. Violencia transfronteriza.

- Impactos culturales: impacto sobre la vida de los pueblos locales, extinción de culturas.

Una iniciativa pionera

La propuesta de no explotar el crudo del ITT tiene su origen en las luchas de resistencia de pueblos indígenas y grupos de colonos mestizos habitantes de la Amazonia, a las que se incorporan grupos ecologistas, y que desembocan en la petición de una moratoria a la actividad petrolera en la Amazonia ecuatoriana [7].
La iniciativa del gobierno se planteó como:

- una innovadora contribución a la lucha contra el cambio climático, al evitar la emisión de unos 436 millones de toneladas de CO2;

- la contribución del Ecuador a la conservación de una de las regiones con mayor diversidad biológica del mundo;

- la lanzadera hacia un nuevo modelo de desarrollo post-petrolero.

La propuesta contempla que los fondos recibidos por el Estado alcancen al menos el 50% de los beneficios que éste recibiría de la explotación del petróleo, que el gobierno estima en alrededor de 7.000 millones de dólares. Las compensaciones recibidas constituirían un Fondo de Capital, que se invertiría en proyectos de energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar, con una rentabilidad mínima garantizada. Los intereses generados a partir de estas inversiones financiarían proyectos de conservación, reforestación, aumento de la eficiencia energética nacional, y desarrollo social y producción sustentable de las poblaciones que viven en las zonas de influencia.

El Fondo sería administrado por un fideicomiso internacional bajo supervisión de la ONU o alguna de sus agencias. Las inversiones realizadas con el Fondo constituirían la garantía para no extraer petróleo, de forma que si el actual o futuros gobiernos decidieran iniciar su explotación, sería triplemente penalizado al tener que entregar a los donantes las acciones de los proyectos energéticos, prescindir de las rentas derivadas de éstos, y esperar varios años hasta recibir las primeras rentas de la explotación de los campos.

Algunos puntos de desacuerdo con la sociedad civil

- Origen de los fondos recibidos: la propuesta gubernamental contempla la posibilidad de recurrir al canje de deuda externa y a la emisión de bonos de carbono y otros mecanismos relacionados con mercados de carbono, lo que ha recibido una fuerte oposición desde la sociedad civil. Y ello por suponer el reconocimiento de una deuda evaluada como ilegítima en muchos casos [8], como por la incapacidad de los mecanismos de mercado para reducir las emisiones de la industria petrolera, y los impactos y amenazas que éstos trasladan a los países del Sur [9].

- Destino de los fondos: la propuesta gubernamental prioriza la reforestación y el desarrollo de fuentes alternativas de energía [10], frente a ejercicios de planificación local junto a las poblaciones afectadas, quienes han contribuido al mantenimiento de los servicios de los ecosistemas. En este sentido, la campaña Amazonia por la Vida considera imprescindible iniciar un debate con la sociedad ecuatoriana, particularmente con estas poblaciones, para definir y consensuar prioridades, desde lo local, y garantizando el protagonismo de la conservación de la naturaleza y sus funciones [11].

Aportes de la propuesta a escenarios postpetroleros

En primer lugar, plantearse la no explotación de importantes reservas de petróleo supone reconocer, frente a las rentas derivadas de su extracción, la dimensión y coste de sus externalidades negativas, tanto a nivel local y nacional, como global (contribución al cambio climático, pérdida de biodiversidad, desaparición de pueblos indígenas en aislamiento, etc.).

¿Por qué entonces incorporar a estas decisiones la donación de importantes recursos financieros? Para empezar, contar con estos recursos puede ayudar a superar la ortodoxia extractivista de los equipos políticos y técnicos de los Estados petroleros.

Mucho más interesante, resulta la relación entre la transferencia de fondos con la búsqueda de una mayor justicia ambiental, tanto desde el concepto de deuda ecológica, como de la lucha contra el cambio climático desde las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Se entiende por deuda ecológica la deuda contraída por los países industrializados con los demás países a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar sus residuos. Existe por lo tanto una deuda histórica, cuyo reconocimiento y restitución está pendiente, hacia las sociedades proveedoras de recursos naturales y/o con menores tasas de consumo de combustibles fósiles. Siguiendo una lógica similar, el calentamiento del planeta está siendo provocado mayoritariamente por los países industrializados y consumistas, a pesar de que los impactos negativos también golpean a la población de las sociedades menos contaminantes. Por lo tanto, corresponde a los primeros realizar un mayor esfuerzo al asumir los costes asociados a la lucha contra el cambio climático.

Este enfoque basado en la justicia ambiental puede legitimar la generalización de esquemas de no extracción de hidrocarburos/compensación asociada, aún cuando sobre las bolsas de petróleo no existan ecosistemas de excepcional biodiversidad. Cabe esperar que otros Estados, tanto productores como consumidores, movimientos sociales y la comunidad académica incluyan en sus agendas la promoción y desarrollo de propuestas concretas e innovadoras de este tipo. En la misma línea, resulta imprescindible que las sociedades industrializadas, más allá de su contribución financiera a estas propuestas, apuesten decididamente por la transición de sus economías hacia valores sensiblemente inferiores tanto de emisiones de GEI como de consumo energético. Lamentablemente, en la reciente Cumbre del Clima de Copenhague no se vieron indicios de tan necesario compromiso.

Últimos acontecimientos: la iniciativa en grave peligro

Más allá del impulso dado por el gobierno dirigido por Rafael Correa a políticas extractivistas y exportadoras en áreas como la minería o la agricultura, múltiples decisiones recientes cuestionan seriamente su voluntad de no explotar el crudo del subsuelo del Parque Yasuní. Algunas de éstas son el inicio de operaciones en el bloque 31, o la construcción de una nueva refinería para crudos pesados y el proyecto de dragado del río Napo, cuya realización no se entiende sin el crudo del bloque ITT [7]. Es más, la prensa ecuatoriana ha informado sobre la construcción de un nuevo oleoducto en las inmediaciones del PY, interpretado como parte de la infraestructura del transporte del crudo del bloque ITT [12].

Los planes de explotación del bloque ITT explicarían las amenazas de Rafael Correa del pasado 11 de enero de iniciar su explotación a mediados de 2010, a partir de supuestas desavenencias en el curso de las negociaciones para la firma del fideicomiso. Estas amenazas, injustificadas para gran número de analistas [13], llegarían tras haber logrado importantes compromisos de apoyo por parte de donantes, que rondarían la mitad de los fondos demandados por Ecuador.

Resulta por lo tanto más necesario que nunca incrementar la presión [14], desde los movimientos sociales y la comunidad internacional, a favor de la conservación del Yasuní, plantando cara a las presiones del sector petrolero. Frente a su lógica de rapiña y destrucción, debe imponerse la voluntad del pueblo ecuatoriano, reflejada en su reciente Constitución de 2008, cuyo innovador articulado incluye la prohibición de operaciones petroleras en áreas protegidas, o el derecho de las personas y pueblos a exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.