Resistencias ciudadanas ante la barbarie urbanística
Las irregularidades urbanísticas son constantes. Los derechos de los ciudadanos se pisotean, los informes ambientales negativos se convierten en positivos. Los Ayuntamientos ocultan información urbanística, y son numerosos los casos de prevaricación y delito urbanístico cometidos por responsables municipales. A pesar de las denuncias la impunidad es escandalosa. La falta de sensibilidad o de conocimiento urbanístico por parte de muchos jueces, cuando no una actitud cómplice, contribuye a fomentar esta situación.
Al mismo tiempo, a pesar del frenesí constructor, cada vez es más difícil el acceso a la vivienda, mientras que el entorno natural y la calidad de vida de los ciudadanos se deteriora con rapidez.
No es de extrañar, por tanto, que hayan empezado a surgir resistencias organizadas a esta situación insostenible. Nos hacemos eco aquí de cuatro de las más relevantes.
Comunidad de Madrid: Ciudadanos Contra la Especulación Urbanística Mª Ángeles Nieto
La situación urbanística en la Comunidad de Madrid no es diferente de la que se denuncia en algunas zonas de la costa mediterránea. En el periodo 1990-2000, Madrid, Valencia, Murcia y Navarra han urbanizado más de un 50% del terreno construido en toda la historia previa, duplicando la media nacional y casi triplicando la de Europa. En este mismo periodo, mientras que la población en Madrid ha crecido un 9,6%. La situación urbanística aún es más grave desde 2003. El triunfo de Esperanza Aguirre ha estado marcado por la sospecha de la especulación y los favores urbanísticos. Nada más tomar posesión de su cargo unió la Consejería de Medio Ambiente con la de Urbanismo creando la actual Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Al frente de ella puso a un arquitecto vinculado al sector inmobiliario y responsable de algunos de los planes y proyectos más aberrantes de la Región.
Ante la gravedad de la situación, a finales de 2004 surgió la iniciativa de aunar los esfuerzos dispersos de decenas de grupos vecinales y ecologistas en una plataforma que denunciase la situación urbanística en Madrid. Así surgió Ciudadanos Contra la Especulación Urbanística, una plataforma que agrupa a 40 colectivos. Desde su creación se han organizado movilizaciones y se ha elaborado un sistema de información permanente que permite conocer los problemas urbanísticos y sociales en gran parte de la Comunidad. Además, se asesora a las personas interesadas para que puedan actuar contra los abusos urbanísticos en sus municipios y se les apoya en sus reivindicaciones. El objetivo más ambicioso es dar a conocer a la opinión pública la situación y forzar un cambio en las políticas urbanísticas.
http://www.contraespeculacion.org/
País Valenciano: Compromís pel Territori Carlos Arribas
La dinámica territorial y urbanística en el País Valenciano está demostrando unos signos de explosividad en los últimos 15 años, que hace que casi todas las cuestiones importantes que suceden en los diferentes ámbitos (medio ambiente, economía, conflictos sociales, político-institucional) estén determinados por ella. El grado de ocupación del territorio por nuevas urbanizaciones e infraestructuras asociadas ha alcanzado valores y ritmos nunca vistos. Entre 1990 y 2000 ha aumentado el suelo ocupado por nuevas urbanizaciones separadas de los cascos urbanos en una proporción doble que en la media de España (Alicante 61,4%, Castellón 51,5% y Valencia 31,5%).
Las tensiones sociales se han disparado en todo el territorio. Los afectados por PAI (Programas de Actuación Integrada) suman decenas de miles de personas. Se han presentado 15.000 quejas por parte de Abusos Urbanísticos No –asociación que agrupa a residentes europeos y valencianos, en su mayor parte propietarios de fincas afectadas por PAI y que no quieren ser expropiados o participar en las cargas de la urbanización– a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Estas denuncias han forzado la modificación de la LRAU y la aprobación de una nueva Ley Urbanística que, sin embargo, mantiene los puntos fundamentales de la anterior.
Las poblaciones afectadas presentan fracturas sociales: los que apoyan la urbanización y quieren vender los bancales a buen precio (comparado con su precio agrícola), frente a quienes quieren preservar los valores naturales y la calidad de vida. Hasta el sector hotelero comienza a ver en el mal llamado turismo residencial un enemigo que destruye el territorio, arruina paisajes, crea empleos precarios y hace una competencia desleal a su negocio.
La oposición vecinal se ha organizado en plataformas muy activas que en algunos casos han movilizado a la mayoría de la población –Sanet i Negrals, Benigembla, Benissa, Fontanars dels Alforins, etc.– y muchas veces han forzado a los responsables municipales a dar marcha atrás y anular proyectos urbanísticos. Más recientemente, estas oposiciones han cristalizado en la plataforma Compromís pel Territori, que agrupa a muchas de esas resistencias e intenta proponer un marco global de lucha con el objetivo prioritario de conseguir una moratoria urbanística.
Red Andaluza en Defensa del Territorio Juan Calvente
En abril de 2005, plataformas y colectivos sociales de pueblos y ciudades de Andalucía se reunieron en Málaga para crear la Red Andaluza en Defensa del Territorio. Este movimiento social es una confluencia de las redes que se vienen creando desde hace años como reacción ante los impactos de las políticas urbanísticas y territoriales. Estos colectivos cuestionan, desde hace tiempo, los proyectos urbanísticos y de obras públicas y privadas, así como sus consecuencias sociales, ecológicas, culturales, etc. que están modificando drásticamente el medio y el modo de vida en los territorios.
Este movimiento en defensa del territorio se está articulando a través de plataformas donde participan personas individuales, asociaciones juveniles, vecinales, de mujeres, ecologistas, sindicatos agrícolas y de trabajadores... que movilizan a miles de personas. En él no tienen cabida los partidos políticos viejos o nuevos, que al fin y al cabo son los especuladores políticos necesarios para que se produzca la venta de nuestros territorios. Las alianzas sociales creadas están consiguiendo levantar una voz discrepante, haciendo visible la magnitud de estos problemas locales y confirmando el destrozo global de estas políticas en Andalucía.
La Red ya ha celebrado cuatro asambleas en distintas provincias y ha habido coordinación con las plataformas de Murcia y Madrid. Uno de los principales logros ha sido el apoyo mutuo entre todas las plataformas, aprovechando las experiencias de otros colectivos que con su lucha han paralizado proyectos y leyes. También se han organizado encierros en distintas catedrales andaluzas, se han llevado a cabo manifestaciones provinciales, etc. en un trabajo incansable por parte de las plataformas y colectivos locales.
Coordinadora La Región de Murcia No Se Vende Héctor Quijada
Los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia tienen planes para construir más de 800.000 nuevas viviendas, es decir, alojamiento para el triple de la población actual. Está previsto crear más de 50 campos de golf, construir al menos 6 nuevas carreteras de gran capacidad, entre las que destaca por su impacto la autopista de peaje Cartagena-Vera, ya en construcción. Podríamos citar también numerosos casos de espacios públicos o protegidos que han acabado en los tribunales (Lo Poyo, Puerto Mayor, La Zerrichera) así como la desprotección de espacios naturales, la pérdida de las huertas tradicionales, la esquilmación de los recursos hídricos, etc. Estos graves delitos ambientales, se perpetran por la connivencia entre cargos públicos y promotores privados.
Para hacer frente al actual modelo de desarrollo especulativo, nace en la primavera de 2005 la Coordinadora La Región de Murcia No Se Vende, un movimiento social formado por más de 50 asociaciones y colectivos (ciudadanos, ecologistas, culturales, juveniles, vecinales, plataformas contra grandes infraestructuras y asambleas contra la especulación…), independiente política y económicamente de los partidos y grupos económicos. La Coordinadora promueve la movilización, la colaboración y el apoyo mutuo entre los grupos locales, la creación de nuevos grupos allí donde no los hay, llegando a todos los rincones de la Región a través de diversas acciones, como mesas redondas, donde se debate y se proponen alternativas sostenibles. Otras actividades constantes han sido las denuncias, concentraciones y campañas de difusión, llegando a convocar manifestaciones a escala regional que han reunido hasta 10.000 personas en las calles de la capital murciana contra la especulación urbanística.
La Coordinadora ha encontrado un amplio eco en la sociedad murciana y ha comenzado a poner nerviosos a los gobernantes y a los empresarios del sector de la construcción, que se lamentan de la mala imagen de la Región en el exterior, sobre todo por lo que pueda afectar negativamente a sus negocios.
Para el 3 de junio se convoca de nuevo una manifestación en las calles de Murcia, y el 2 de julio la cita se traslada a la costa, en la V Marcha en Defensa del Litoral, que este año tendrá lugar en Águilas.
