La primera Ley de Aguas de Andalucía es poco ambiciosa

Las organizaciones ecologistas, Ecologistas en Acción y WWF nos referimos a la aprobación por el Parlamento andaluz de la primera Ley de Aguas de Andalucía, a la que consideramos poco ambiciosa al no profundizar en aspectos clave como la recuperación de costes o no incidir en limitar la demanda en un escenario de escasez como es Andalucía.

Mostramos nuestra preocupación por el hecho de que el principal objetivo de la nueva normativa es la promoción del empleo en lugar de la protección medioambiental del recurso. Aunque la promoción de empleo es necesaria, ésta no puede buscarse a costa de pasar por encima de una buena gestión del agua. La mejor manera de garantizar la creación de empleo en el futuro es salvaguardar el buen estado de las aguas.

Asimismo, criticamos que la nueva ley no respeta el principio de unidad de cuenca exigido por la Directiva Marco Europea de Agua que establece que el agua ha de gestionarse por cuencas, al establecer la figura de los distritos hidrográficos provinciales para gestionar el recurso.

De este modo, tildamos de iluso el fraccionar los ríos por provincias y someterlos a las presiones de los gobiernos provinciales, ya que, lo que se hace aguas arriba de un río, afecta aguas abajo.

También rechazamos que la Ley recurra a los trasvases como solución para recuperar el buen estado de los acuíferos que se encuentren en riesgo de no cumplir con los objetivos de la Directiva europea, lo que va en contra de los propios principios establecidos por el reglamento marco de aguas.

En este sentido, criticamos que, por ejemplo, para hacer frente a la sobreexplotación que sufre el acuífero Almonte-Marismas del que nutre Doñana se plantee realizar un trasvase desde el río Guadiana en lugar de cerrar el millar de pozos ilegales que hay en su entorno y definir un plan de extracciones.

Además, consideramos que la ley es poco ambiciosa, pues podía haber avanzado más en algunos aspectos como la recuperación de costes, principio que, se menciona de pasada sin que se profundice, por lo que se corre el riesgo de que, al final, se quede en el aire o se piense, como ahora, que la modernización de regadíos ya implica compensar los costes ambientales de la extracción de agua para la agricultura, olvidando los problemas de la contaminación difusa para el abastecimiento, la pesca u otros regantes.

Por otro lado, advertimos de que la nueva legislación sitúa a todos los usos del agua —abastecimiento humano, agrícola e industrial— en el mismo nivel, favoreciendo el intercambio de derechos del agua entre usuarios pertenecientes a niveles superiores con usuarios de niveles inferiores, algo que contraviene la legislación estatal.

MAYOR CONTROL DE LAS CONCESIONES

Por otra parte lamentamos, en primer lugar, la situación esperpéntica de rectificación que sufrió la normativa cuando en su debate final en mayo se incorporaron por error 29 enmiendas del PP-A que alteraban el texto, algo que se vio agravado por la presentación de 116 enmiendas parciales relacionadas con la modificación de la estructura de la administración del agua.

Este episodio indica que ni los propios parlamentarios conocen la ley que están votando, con lo importante que es el recurso agua para Andalucía por ser un elemento estructurador de la economía, fundamentalmente en el sector agropecuario e industrial.

El espectáculo dado por los políticos demuestra su incompetencia y sus prisas por aprobar una ley que precisa de cautela y reflexión por los diferentes intereses que entran en juego en la gestión del agua.

La ley debería de haberse fortalecido con mecanismos que facilitarán en mayor medida la participación de la ciudadanía, que actualmente no es más que un invitado de piedra y, además, tendría que haber hecho especial hincapié en la necesidad de limitar la demanda de agua, ya que la oferta no se puede ampliar hasta el infinito en un escenario de escasez como el de Andalucía.

Igualmente, subrayamos que se echa de menos en el texto un control más exhaustivo de las concesiones de agua, especialmente de los pozos de agua subterránea. En este sentido, rechazamos que los pozos que extraigan menos de 7.000 metros cúbicos al año de agua no estén sometidos a ningún control por parte de la Administración, ya que de esta manera es difícil saber cuáles son pozos ilegales y cuáles no.

Ecologistas en Acción y WWF, nos mostramos partidarios de la creación de un canon de recuperación de los costes del agua para el sector agrícola de manera que no sólo se grave a los ayuntamientos.




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