Acciones judiciales contra el Ayuntamiento de El Bosque

Ecologistas en Acción denunció en enero de 2008 ante el Ayuntamiento de El Bosque y ante la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV) la proliferación de viviendas en la finca El Garrotal, clasificada en las actuales Normas Subsidiarias (NNSS) de El Bosque como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido. Estas viviendas se estaban construyendo en parcelas que no tenían la superficie mínima que estipulan las NNSS y no tenían la necesaria vinculación la explotación agropecuaria de las fincas, siendo por tanto de tipo residencial. También advertíamos que la permisividad con este tipo de urbanizaciones encubiertas puede tener graves consecuencias en una zona de alto valor paisajístico, a caballo entre los Parques Naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales.

El Ayuntamiento no contestó a dicha denuncia, pero Ecologistas en Acción ha tenido acceso a diversa documentación que demuestra por qué el Ayuntamiento no ha paralizado ni abierto los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la disciplina urbanística: estas viviendas cuentan con licencias de obra otorgadas ilegalmente por el propio Ayuntamiento. Más aún, la Delegación de la COPV informó negativamente estas licencias a pesar de lo cual se otorgaron por el Ayuntamiento que solicitó otro informe al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de Villamartín, dependiente de la Diputación Provincial, en el que se asegura que dicho informe era “preceptivo pero no vinculante”, por lo que apoyan la concesión de dichas licencias ilegales.

La Junta sí, informándonos la Directora General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda que “esta Dirección general instó la revisión de oficio de las licencias otorgadas y habiéndose producido la desestimación expresa por el Ayuntamiento, se ha procedido a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo”

Ecologistas en Acción también informó de estos hechos en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, ya que dicha urbanización se esta desarrollando muy cerca de sus límites y la Junta Rectora tiene como funciones (Art. 2 del Decreto 239/1997): “el control, vigilancia y participación y, así mismo, velarán por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural, propondrán normas para una eficaz defensa de sus valores ecológicos, promoverán el desarrollo sostenible tanto en el interior como en el entorno del Parque Natural y realizarán cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para el espacio natural...”. Ni el presidente de la Junta Rectora, ni la delegada de la CMA anterior ni actual, ni el director del parque han hecho nada para que se paralice esta urbanización ilegal a las puertas del parque natural.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Cádiz exige:

- Al Ayuntamiento de El Bosque la paralización de esta urbanización y la revisión de las licencias ilegales concedidas, y que se depuren responsabilidades por estas actuaciones.

- A la Diputación Provincial que se abra una investigación para aclarar por qué el SAM de Villamartín se ha convertido en un órgano que en vez de asesorar a los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística, se dedica a justificar actuaciones ilegales de los Ayuntamientos del PSOE

- Al presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema que dimita ante su total incompetencia y dejación de funciones.