El desmantelamiento: la cara oculta de las nucleares

En el balance sobre la rentabilidad económica de las nucleares con frecuencia se olvidan gastos tan importantes como los que supone el desmantelamiento de las centrales, que pueden superar el coste de su construcción. Además, están los importantes desembolsos relacionados con la minería, fabricación de concentrados, enriquecimiento del uranio, fabricación del combustible nuclear o la gestión de los residuos radiactivos.

Francisco Castejón, Ecologistas en Acción. El Ecologista nº 62

La central nuclear de Vandellós I (Tarragona), propiedad de la empresa hispano-francesa Hifrensa, empezó a funcionar en 1972. Tenía 480 MW de potencia y era notablemente distinta del resto de las centrales nucleares españolas, todas ellas refrigeradas y moderadas por agua: Vandellós se refrigeraba por gas y su reacción nuclear estaba moderada por grafito. Esto suponía algunos inconvenientes notables desde el punto de vista de la seguridad, del tratamiento de los residuos y de la proliferación nuclear.

Efectivamente, en su combustible gastado había plutonio que podía ser extraído para uso militar. Por su parte, el grafito radiactivo no se podía gestionar como un residuo de media y baja actividad, llevándolo a El Cabril, ya que contiene carbono 14 con una vida media de más de 5.000 años, superando la permitida para ser depositado en dicho almacén de residuos. De hecho, para su eliminación se propusieron en su día soluciones delirantes como incinerarlo. En la actualidad se encuentra en la propia central, esperando a la solución que se adopte para los residuos de alta actividad en España: ENRESA prevé depositar los aproximadamente 200 m3 de grafito radiactivo en el futuro almacén Transitorio Centralizado (ATC) cuando empiece a funcionar.

El accidente

El fin de Vandellós I comenzó el 19 de octubre de 1989, al iniciarse un incendio en el alternador número 2, en el edificio de turbinas, donde se produce la energía eléctrica. Este edificio era contiguo al del reactor y al de auxiliares eléctricos, donde estaba la sala de control. El incendio se produce a consecuencia de un fallo mecánico generado por la fisuración de los anclajes de los álabes de la turbina [1]. Estas fisuras, por cierto, se podrían haber detectado mediante revisiones de mantenimiento con técnicas bien conocidas [2] , pero que dejaron de realizarse en 1986, a pesar de las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El incendió progresó por los trenes de cables y llegó a quemar varias tuberías y equipos claves de la central. Incluso se produjo la inundación del cajón del reactor por agua del mar. En última instancia se pudo parar el reactor, evitando una fuga radiactiva y el descontrol de la reacción nuclear.

El CSN había pedido a la central en más de una ocasión que controlara esos defectos de la turbina, algo que Hifrensa no hizo. Este incumplimiento pudo dar lugar a un accidente nuclear gravísimo y, a pesar de eso, el CSN no paralizó la central, en línea con su lamentable tradición de manga ancha. Lo que sí hizo el CSN fue pedir al Ministerio de Industria por dos veces que sancionara a la central. Pero esas sanciones ascendieron a 600.000 y 1 millón de pesetas respectivamente, claramente insuficientes para resultar disuasorias.

Cuando compareció en la Comisión de Industria del Parlamento, Donato Fuejo, presidente del CSN, declaró que el accidente se debió a fallos originales de diseño y no al envejecimiento de las instalaciones. Sorprendentemente, Fuejo añadió que el organismo que presidía no tenía competencias, ni mecanismos coactivos, ni personal y medios técnicos para cumplir su misión [3]. También afirmó que fallaron uno tras otro todos los sistemas de seguridad y que el accidente se pudo evitar sólo gracias a la pericia de los operadores.

Estos hechos fueron llevados ante la justicia, siendo Marc Viader el abogado encargado de la acusación popular. La sentencia se produce el 6 de marzo de 2000 y, sorprendentemente, resultó absolutoria, proclamando que el accidente de Vandellós I fue fortuito e imprevisible. Los grupos Acció Ecologista y Aedenat señalaron que en ese caso debería procederse a la paralización cautelar de todas las centrales con turbinas similares a la de Vandellós I.

El de Vandellós I ha sido el accidente más grave de una nuclear en España y estuvo a punto de costarnos un gravísimo disgusto. Pero todavía los representantes del Foro Nuclear dicen que no fue un accidente nuclear y que, en realidad, tampoco fue tan grave. Y esto con todas las agravantes que se han citado. En el fondo nos encontramos con palpables muestras de las renuncias de diversas instituciones, muchas de ellas públicas, ante la Industria Nuclear.

El desmantelamiento

El cierre definitivo de Vandellós I se decide en 1990. El nivel I de desmantelamiento comienza en 1991, junto con las tareas de acondicionamiento a cargo de Hifrensa. Por cierto que el coste de estas tareas también estuvo sujeto a controversia. Ascendió a 26.790.700.000 de ptas. desde el año 1990 hasta 1996, e Hifrensa los anotó como costes de operación y mantenimiento, con lo que se repercutieron sobre el precio del kWh, según el Marco Legal y Estable, en lugar de satisfacerlos la propia compañía [4]. De manera que los consumidores pagamos por los incumplimientos de Hifrensa.

El Plan de Desmantelamiento que precedía al periodo de latencia fue presentado por ENRESA en 1994. El Nivel I terminaba en 1997 y en 1998 se transfería la titularidad de la central a ENRESA, con dos años de retraso. Este retraso se debió en parte a la complejidad de la instalación y en parte a la falta de experiencia en desmantelamientos. Las actividades siguientes serán sufragadas de nuevo por los consumidores españoles, puesto que el presupuesto de ENRESA se satisfacía con cargo al recibo de la luz. El coste total de éstas ascendió a 94,6 millones de euros. Con todo, se supera en mucho el coste de fabricación de la central. Es decir, corrigiendo la inflación, el coste de desmantelamiento supera al de construcción [5].

En 1999 el CSN aprueba el Plan de Desmantelamiento de las Partes Activas y en 2000 se realiza el confinamiento y sellado del cajón del reactor. En este mismo año se producen el primer envío al cementerio de El Cabril de residuos de baja y media actividad procedentes del desmantelamiento. También comienzan los trabajos para fabricar el cajón que albergará al reactor durante el periodo de latencia. Finalmente, en 2003 acaba el Nivel II de desmantelamiento, con un año más de demora. Se acumulaban ya 3 años de retraso, en un proceso que debería haber durado 10 años. A partir de 2003 hay que esperar entre 25 y 30 años, los necesarios para que la radiactividad decaiga hasta niveles admisibles para terminar los trabajos. Durante todo ese tiempo, el voluminoso reactor de la central queda cubierto por un enorme cajón de hormigón, bajo vigilancia para que no haya escapes.

Además de las complicaciones del desmantelamiento por la situación en que se encontraba Vandellós I tras el accidente, hay que recordar que Hifrensa había dejado caer por error dos elementos combustibles en el silo 1 en 1973, uno de los cuales se rompió, lo que hacía su extracción muy compleja. En su momento, Hifrensa renunció a la búsqueda y extracción de dichos elementos por los peligros radiológicos que comportaba, optando por clausurar y sellar el silo 1. Pero la extracción se tenía que realizar a partir de abril de 1977 a pesar de que, por la rotura, se iba a producir un contacto directo y la liberación en el ambiente de productos altamente radiactivos. En este proceso se contaminaron dos trabajadores por inhalación de radioisótopos emisores alfa, hecho que fue silenciado durante varios meses por el CSN. En total 2.700 personas han participado en las complejas operaciones de desmantelamiento.

El combustible gastado de Vandellós I se trasladó a Francia para ser reprocesado a partir de 1990. Hablamos de 1.914 toneladas residuos radiactivos de alta actividad que el país vecino, tras extraer el plutonio para sus armas nucleares, conserva vitrificados. El coste total de la gestión de esas sustancias asciende a unos 570 millones de euros hasta final de 2010. Los pormenores del contrato entre Hifrensa y COGEMA, que luego fue subrogado a ENRESA, y los costes del mantenimiento de los residuos a partir de 2011, son secretos [6]. El secreto se debe a que el combustible gastado está sometido a las salvaguardias del OIEA, pero es de dudoso carácter democrático que esta información no sea accesible a los ciudadanos que han satisfecho la mayor parte de su coste de gestión.
Ahora Zorita y luego Garoña

En abril de 2006 se produce la parada de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) y en el presente año, 2009, ENRESA toma la titularidad de la central y comienza su periodo de desmantelamiento. Es de esperar que desmantelar Zorita sea menos complejo que Vandellós I por la experiencia ganada por ENRESA, la mayor simplicidad y menor tamaño del reactor y porque su combustible gastado no está sujeto a las salvaguardias del OIEA.

Por eso, causa estupor que ENRESA entrara en el reciente debate sobre el cierre de Garoña afirmando que no contaba con medios técnicos y humanos para desmantelar dos centrales a la vez, Zorita y Garoña [7]. Esta afirmación es inaceptable, tanto si es cierta como si se trata de mera propaganda en contra del cierre de Garoña.

Si resulta cierto que ENRESA no es capaz de acometer simultáneamente el desmantelamiento de dos centrales nucleares –hablamos de las dos más pequeñas–, estamos ante una situación gravísima, pues serían las capacidades de esta empresa pública las que marquen el ritmo de desmantelamiento de las nucleares españolas, en lugar de las decisiones técnicas o democráticas. Y si esas declaraciones fueran mera propaganda, el hecho es igualmente grave. Significa que ENRESA toma partido en el debate nuclear, en lugar de permanecer neutral.

Desde la paralización de Zorita hasta hoy, Unión Fenosa, la empresa propietaria, está realizando las tareas previas para su desmantelamiento. Éstas han consistido en la construcción de un Almacén Transitorio Individual (ATI) para la central, que consiste en una losa térmica y una doble valla. Llanera, la empresa inmobiliaria que lo construyó, sucumbió a la crisis y cerró. Ya han comenzado los trabajos de evacuación del combustible gastado desde la piscina al ATI.

Si finalmente el cierre de Garoña se produce en 2013, asistiremos a un proceso similar a éste: empezará con la preparación de la instalación por parte de Nuclenor que será seguido de la actuación de ENRESA, que tomará posesión de la central. La central de Garoña es de agua ligera en ebullición, distinta a Vandellós I que era refrigerada por gas y moderada por grafito, y a Zorita, de agua ligera a presión.

Otras instalaciones en desmantelamiento

Además de las centrales, el ciclo nuclear necesita de otras instalaciones. Son las de la minería del uranio, las fábricas de concentrados y las fábricas de combustible nuclear. Habría que considerar además el enriquecimiento del uranio, pero estas operaciones no se realizan en España por ser de doble uso militar y civil, al ser nuestro país signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

La planta Lobo G, situada en La Haba (Badajoz), estaba destinada a la fabricación de concentrados de uranio. Empezó su operación en 1977 y estaba clasificada como instalación de 1ª categoría. Cesó sus actividades en 1990, por considerar ENUSA que estaba ya obsoleta [8]. Las obras de desmantelamiento y aislamiento de los estériles de la fábrica duraron hasta julio de 1997. En enero de 1998 empieza el periodo obligatorio de 5 años de vigilancia y control para verificar las obras realizadas. No tenemos constancia alguna de los resultados de este programa. Tras este periodo se procedió a la restauración, operaciones que finalizaron en agosto de 2004, cuando una Orden Ministerial declaró la clausura del emplazamiento restaurado de la instalación. Pero aquí no acabó todo, puesto que en esta misma Orden, se establece un programa de vigilancia y control a largo plazo del dique de estériles que, al igual que todas las operaciones de desmantelamiento, corre a cargo de ENRESA.

La planta Elefante de fabricación de concentrados de uranio está situada en el centro minero de Saelices el Chico (Salamanca). Su desmantelamiento se inició en enero de 2001 e incluía el acondicionamiento de los terrenos contaminados por el extendido de las eras de minerales agotados, la demolición de las antiguas instalaciones y el vertido de los residuos y escombros generados por estas actividades en un recinto preparado al efecto. Este proceso duró hasta 2004, cuando también se concluyó la restauración del emplazamiento, dejando los estériles de minería cubiertos por capas de material inerte. Esta cobertura debe actuar de protección contra la emisión de radón por el uranio y para evitar la erosión. Todas estas operaciones se realizan por ENRESA y se financian con el recibo de la luz. Tras la restauración y la estabilización de los estériles, en 2006, comenzó el preceptivo periodo de vigilancia, antes de proceder a la clausura definitiva de la instalación.

Por su parte, la antigua Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), clasificada como de 1ª categoría, estuvo operativa entre 1959 y 1981. Sus empleados jubilados han experimentado en su salud los efectos de trabajar en malas condiciones de seguridad. El índice de cánceres entre este colectivo ha sido escandalosamente alto, sin que las autoridades lo hayan reconocido como enfermedad profesional. Las operaciones de desmantelamiento comienzan en febrero de 1991 y se dan por finalizadas en marzo de 1995. A partir de ese momento comienza también el periodo diez años para verificar la corrección de la restauración y acondicionamiento ejecutados. Como pasado este tiempo aún no se han alcanzado los valores de concentración radiactiva previstos, se han prorrogado las actividades de vigilancia.
Breve conclusión

Las ascensiones a la montaña no acaban hasta que se ha vuelto al campamento. Los accidentes pueden ocurrir tanto en la ascensión como en el descenso –de hecho muchos ocurren entonces, porque se baja la guardia–. Igualmente, la andadura de una instalación nuclear no acaba hasta que ha concluido su desmantelamiento. Esto implica que la instalación puede sufrir accidentes y suscitar problemas tanto en su funcionamiento como en su desmantelamiento. Por cierto que, en algunos casos, este último puede ser tan largo y complejo como el primero.

Lo mismo cabe decir del coste de la energía generada. A la hora de evaluar los costes económicos, sociales y ambientales del kWh nuclear hay que tener en cuenta todo su ciclo de vida. Tanto la minería, como la fabricación de concentrados, el enriquecimiento del uranio, la fabricación del combustible, o al final, la gestión de los residuos radiactivos. Y, en particular, hay que tener en cuenta las operaciones de desmantelamiento, tan complejas y caras como las que se han reseñado en este artículo.