La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, un Documento de Conclusiones final a la demanda presentada en febrero de 2010 contra el Tren del Sur. En él, la Federación expone numerosos argumentos que denuncian la ilegalidad de la infraestructura, entre los que se destacan los siguientes:

- Imposibilidad legal de intervenir en la Montaña de Guaza: Las Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña de Guaza, redactadas por el Cabildo de Tenerife con intención de permitir su perforación para el paso del Tren, y que fueron aprobadas en 2008, han sido anuladas por el TSJC por caducidad del procedimiento, por lo cual, declarada nula esta Norma se evidencia la ilegalidad de la mutilación de este Monumento Natural. Esta anulación se llevó a efecto tras un recurso presentado en donde se denunciaba la aprobación de unas normas ya caducadas, con la intención de destruir este espacio que recordemos está calificado de LIC, Lugar de Interés Comunitario y de ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves. Por este motivo, Ben Magec considera que hasta que no existan unas nuevas normas de conservación que contemplen la destrucción parcial de la montaña, no se podrá ejecutar la obra de un tren que la perfore.

- Ilegalidad ante la falta de Evaluación Ambiental Estratégica: El proyecto del Tren del Sur se ha aprobado sin la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica, y sin que ni siquiera la COTMAC se haya pronunciado a favor de su exoneración (liberación de la obligación). La Evaluación Ambiental Estratégica se debería garantizar, sobre todo para una infraestructura que tiene unos 80 kilómetros de longitud y que afecta a Áreas de Sensibilidad Ecológica, en concreto, a cinco Espacios Naturales Protegidos.

- Ausencia de competencias de los Cabildos Insulares en materia ferroviaria: A pesar de las declaraciones del Cabildo de Tenerife, en las que afirmaba la existencia del Decreto de Transferencias de Competencias en esta materia, un año después se ha demostrado que ni este Decreto existe, ni se han cumplido ninguno de los requisitos exigibles para que los Cabildos asuman competencias del Gobierno de Canarias. La Ley 14/1990 (Ley de Cabildos) en su Disposición Transitoria Tercera dispone la necesariedad del Decreto de Transferencia que establezca el procedimiento a seguir, para su efectiva asunción de la competencia por los Cabildos (” una vez producida la entrada en vigor de cualquier Ley que transfiera competencias a los Cabildos insulares …. se determinará las funciones que comporte la competencia transferida, las que sigan correspondiendo a la Administración pública de la Comunidad, aquellas que deban compartir, …. se aprobará el Decreto de Transferencias en el que se describan las funciones transferidas, compartidas y reservadas, y la metodología precisa para llevar a cabo los traspasos….“).

Por ello, y a raíz de que el Cabildo, consciente de la existencia de esta denuncia, sigue dando pasos para avanzar en la tramitación del Tren, la Federación ecologista advierte del continuo desperdicio de dinero público en infraestructuras que muy probablemente serán declaradas ilegales. Además, esto se realiza de forma paralela a los repetidos y anunciados recortes presupuestarios en la empresa pública de transportes TITSA, cada vez más precaria, privada de fondos, con continuas reducciones de chóferes, líneas y frecuencias, que están afectando cada día más a los y las usuarios.