Represión en el valle del Castril

La administración trata de ahogar el movimiento ciudadano en contra del trasvase del río Castril a base de multas y denuncias.

Más de 40 ciudadanos han recibido personalmente y en su domicilio denuncia de la Subdelegación del Gobierno donde se les informa que por concentración no autorizada (en el campo, en sus tierras o las de los vecinos) se les van a imponer multas de 3000 y 4000 €, según los casos.

Se da la circunstancia que en los diversos atestados emitidos por la Guardia Civil se especifica que no ha habido violencia ni daño alguno.

Esta es una forma de intentar acallar la protesta ciudadana, de hombres y mujeres del campo, que ven como unas obras -que se amparaban en un Decreto que ha sido declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo- están acabando con sus tierras y su forma de vida.

Gente de Cortes
Contra estos terroristas actúan nuestras administraciones.

También se han presentado denuncias contra personas destacables del movimiento ciudadano, esta vez por la vía penal, en otro claro intento de machacar la protesta por la vía del miedo.

No sólo se limitan las fuerzas del orden a denunciar a los vecinos, sino que han sugerido que los vídeos de las actuaciones colgados en internet, pueden suponer problemas para sus autores y que mejor los quitaran, cosa que han conseguido, en un claro ejemplo de coacciones contra la libertad de expresión.

También se ha colocado la Guardia Civil en los cruces de carreteras de acceso a la localidad de Cortes de Baza, donde después de identificar a las personas, se les decía que sería denunciados si acudían a lo que la benemérita llama manifestación.

Este estado de excepción de facto, no tiene parangón en la historia de la democracia, ya que se les está impidiendo a personas ejercer sus legítimos derechos de protesta ante una actuación ilegal y donde se está ejerciendo la fuerza contra personas pacíficas que se sienten atropelladas por intereses poco claros e injustificables.

La administración va a los hechos consumados para que cuando la justicia dé la razón dentro de unos años a los campesinos, ya sea imposible deshacer las obras.

Se están mandando miles de escritos al presidente del Gobierno pidiéndole que intervenga directamente y se acabe el estado de excepción de tipo franquista en Cortes de Baza.

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