Arde Galicia

Pocos cambios en la política forestal del nuevo Gobierno de la Xunta

Xosé Veiras García, vicecoordinador general de la asociación ecologista Verdegaia

2006 pasará a la historia como uno de los peores años para el monte gallego. Hasta el 15 de agosto ya habían ardido 91.000 hectáreas, más superficie que la quemada en cualquiera de los años posteriores a 1989. Cuatro personas habían muerto víctimas del fuego. Entre el 4 y el 15 de agosto se registraron 1.970 incendios que quemaron 78.000 hectáreas. Para explicar esta ola de incendios, desde el Gobierno bipartito de la Xunta y su entorno se ha hablado de nueva tipología de incendios, de tramas organizadas, de terrorismo incendiario. ¿Estamos ante una nueva situación o se trata de la repetición de un desastre anunciado?

Los incendios forestales en Galicia y en el resto del noroeste de la Península Ibérica se caracterizan por el alto grado de intencionalidad [1], por comenzar a producirse en febrero, marzo y abril y por su elevado número. Dentro del Club del Fuego de la Unión Europea (España, Portugal, sur de Francia, Italia y Grecia), sólo Portugal supera a Galicia en número de incendios por cada 10.000 hectáreas de superficie forestal. Entre 1991 y 2004 hubo en Galicia 49,4 incendios por cada 10.000 hectáreas de superficie forestal, frente a 7,1 en el conjunto de España. Aproximadamente la mitad de la superficie forestal quemada cada año en España suele ser gallega.

El clima (inviernos lluviosos, veranos secos), la elevada combustibilidad de gran parte de la superficie de monte (plantaciones de eucaliptos y pinos, matorral) y la persistencia de la cultura del fuego en el medio rural, de la utilización del fuego como herramienta agropecuaria, son las razones principales de que el monte arda y se queme tanto en Galicia.

Los incendios forestales en Galicia son un problema permanente, difícil y complejo, que no ha dejado de agravarse en los últimos años, aunque buena parte de la sociedad gallega no lo haya percibido, debido al apagón informativo sobre los incendios decretado por los Gobiernos de Fraga. El abandono del medio rural y el envejecimiento de su población, el crecimiento de la superficie cubierta por eucaliptales, la falta de ordenación y gestión forestal sostenibles, los avances en extinción no acompañados de un esfuerzo importante en prevención, el desorden territorial, hacen que el monte gallego sea fácil pasto de las llamas y que éstas, cada vez más, amenacen viviendas.

¿Quién quema el monte?

El alto grado de desinformación de la sociedad urbana sobre la realidad de los incendios se pone de manifiesto cada vez que, con motivo de una ola de fuegos que alcanza visibilidad pública en las ciudades, surge de nuevo la pregunta de quién quema el monte y por qué. No es raro que respuestas muy simples, o basadas enteramente en la especulación, tengan cierta aceptación. Además, constatar hechos como que en el medio rural, en muchos casos, los incendios no se perciben como un problema, excepto cuando amenazan vidas humanas y casas, puede convertirle a uno en enemigo de la patria, en cómplice de los intereses del gran capital o, ahora, en colaborador de la derecha.

Es verdad que las insuficiencias en la investigación sobre la causalidad de los incendios hacen que desconozcamos el origen del 7,3% de los incendios, así como las causas de más del 30% de los incendios que se sabe son intencionados [2]. Sin embargo, hay dos cosas que se pueden afirmar con rotundidad. La primera, como ya apuntamos antes, es que la inmensa mayoría de los incendios son intencionados, no son fruto de negligencias ni de origen natural. La segunda es que las dos causas más importantes conocidas de los incendios intencionados (y de los negligentes) en el conjunto de Galicia son, con diferencia, las quemas agrícolas y para renovar pastos en zonas de montaña.

Es importante destacar también la multiplicidad de causas inmediatas de los fuegos y la variabilidad de su importancia relativa de unas comarcas a otras. Son muchas y diversas las causas por las que se quema el monte en Galicia: para combatir animales que causan perjuicios al ganado y a los cultivos, por venganzas, por intereses urbanísticos, por especulación maderera, por intereses vinculados a la industria del fuego, para desviar la atención de las fuerzas de seguridad de la actividad de los narcotraficantes, piromanía (es decir, personas con problemas psíquicos que les inducen a prender fuego), etc. Esto es así, año tras año.

¿Qué ha pasado este año?

En la primera quincena de agosto de 2006 ha habido una nueva ola de incendios en Galicia. ¿Ha sido diferente a otras habidas en el pasado? Los datos de que disponemos en el momento de escribir este artículo nos llevan a pensar que no ha sido muy diferente.
Por lo menos no parece muy diferente en lo que se refiere a su intensidad, pues cada año, por término medio, tanto en primavera como en verano, hay varias semanas en Galicia con más de 500 incendios. No son tan raros los días con 100-200 incendios. En un sólo día de marzo de 1998 hubo 323 incendios.

Tampoco parece muy diferente en cuanto a las zonas más afectadas, ya que se trata, en gran medida, de las que suelen sufrir más incendios en agosto. Ni tampoco en lo que se refiere a las causas y a la tipología de los incendios. Al menos es lo que podemos afirmar mientras la Consellería do Medio Rural no facilite más información [3].

Tampoco ha sido una novedad el recurso, desde el poder autonómico y también desde las organizaciones sociales que le son más afines, a la supuesta existencia de una trama organizada, de terrorismo con motivaciones políticas para explicar tanto incendio en tan poco tiempo y concentrado en algunas zonas. No es la primera vez que, en momentos de crisis incendiarias, en días en los que el dispositivo de extinción se ve desbordado por la existencia de condiciones ambientales muy favorables para la propagación del fuego y por el efecto contagio de los incendiarios, se oye hablar de mafias, de incendios escaparate para generar alarma social, de terrorismo incendiario. Lo que han cambiado son los emisores y los destinatarios de esas sospechas y acusaciones.

El primero que habló de organizaciones incendiarias con motivaciones políticas que provocarían buena parte de los incendios fue el primer consejero de Agricultura, Ganadería y Montes de Fraga y luego ministro de Sanidad con Aznar, José Manuel Romay Becaría. A su tesis se han sumado ahora algunos que antes la rechazaban con vehemencia. Obviamente, ahora serían opositores al actual Gobierno bipartito los que, resentidos, prenden fuego al monte de forma organizada para quemar a la Xunta. Obviamente, quienes antes defendían esta tesis, como el propio Rajoy, ahora no dicen nada o la rechazan, con argumentos similares a los que usaban otros que antes la rechazaban y ahora la defienden. Mientras tanto, hasta ahora, nadie ha demostrado nada.

Lo que sí ha sido una novedad en la ola de incendios de la primera quincena de agosto, con respecto a lo ocurrido en los últimos 15 años, es la elevada superficie media quemada por incendio y la existencia de nada menos que 37 incendios de más de 500 hectáreas (tantos como entre 1991 y 2004). La eficacia en la extinción ha descendido muchísimo, lo que requiere una explicación convincente por parte de la Consellería do Medio Rural.

Soluciones

No es con cortinas de humo o con partidismos patéticos que se puede hacer frente con eficacia a los incendios. Tampoco con el continuismo de políticas que no atacan con firmeza sus causas estructurales e inmediatas, o sin hacer un mayor esfuerzo presupuestario público en la ordenación y gestión del monte y en el desarrollo rural, con un enfoque sostenible.

La ausencia de políticas adecuadas en materia territorial, agraria y forestal han agravado el problema de los incendios. La herencia dejada por el PP tras sus 16 años seguidos de gobierno en la Xunta es nefasta. Y el primer año de Gobierno bipartito ha sido poco alentador. El monte sigue sin ser una prioridad presupuestaria en lo que no se refiere a la extinción de incendios. La nueva Consellería do Medio Rural ha mantenido, en lo esencial, la política forestal del fraguismo, lo que se comprueba, por ejemplo, en el déficit de participación social, en el Plan INFOGA 2006 de lucha contra el fuego, en los montes de gestión pública, en el no impulso de un nuevo Plan Forestal que concilie las funciones ambientales, sociales y productivas del monte. Más elocuente aún puede ser el hecho de que el conselleiro, Alfredo Suárez Canal, le haya ofrecido la continuidad en el cargo al que fue director general de Montes con Fraga durante 10 años, continuidad que rechazó [4].

Precisamente justo antes del comienzo de la ola de incendios de agosto, en un balance del primer año de Gobierno bipartito, Verdegaia destacaba como una de las principales carencias de la acción de la Xunta el que no se hubiese hecho nada para promover el pacto social y político contra los incendios que tantas veces demandaron PSOE y BNG desde la oposición y que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se comprometió a impulsar. Este pacto podría ser muy útil si supone un fuerte compromiso institucional y social con el desarrollo de nuevas políticas que frenen el abandono del medio rural, combatan el desorden y el desequilibrio territorial, promuevan la ordenación y gestión sostenibles del monte y, sin reducir el esfuerzo en extinción, al menos por el momento, refuercen la prevención de los incendios.

Más participación social, mejores políticas, mayor intervención de la Xunta y del resto de las Administraciones públicas, un compromiso presupuestario público acorde con la importancia del espacio forestal en Galicia. Eso, y un mayor esfuerzo en la disuasión y detención de los incendiarios, es lo que necesitamos para vencer el fuego.