Especulación urbanística en los parques naturales

Ecologistas en Acción ha remitido una denuncia contra la Junta de Andalucía a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión de las Comunidades Europeas por el manifiesto incumplimiento del derecho comunitario que protege a 23 de los 24 parques naturales de Andalucía, parques a los que la Consejería de Medio Ambiente (CMA) pretende reducir su protección imponiendo los planes urbanísticos (PGOU) de los municipios por encima de las normas de protección de estos espacios naturales, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).

En su denuncia, Ecologistas en Acción de Andalucía expone los trámites que está realizando la CMA para imponer este Decretazo, eufemísticamente denominado “Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen general para la planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos”, que viene a abrir los parques naturales a la especulación urbanística y a la corrupción que le suele acompañar.

Esta desprotección afectaría a los 24 parques naturales andaluces, de los que 23 están declarados por la Unión Europea (UE) Lugar de Interés Comunitario (LIC) y 21 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

En la denuncia se advierte a las autoridades comunitarias que mediante este Decreto el Gobierno andaluz pretende incluir cambios sustanciales en la normativa de estos espacios LIC y ZEPA, y en sus instrumentos normativo de planificación (PORN y PRUG), con el objetivo de rebajar el nivel de protección de estos espacios naturales debido a la presión ejercida por empresarios y alcaldes que pretenden “relajar” las normas de construcción de viviendas y equipamientos turísticos en los parques naturales. La modificación normativa de mayor alcance es la pretensión de modificar el nivel de prevalencia entre la normativa de protección de los parques naturales (PORN y PRUG) y los planes urbanísticos de los municipios incluidos en estos espacios protegidos, lo que vulnera la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que es una norma básica estatal de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas.

Este Decreto vulnera varias directivas comunitarias, como son la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y las Directivas 79/409/CEE y 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres, así como la DECISIÓN 2006/613/CE de la Comisión Europea por la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

Ecologistas en Acción también denuncia la actitud antidemocrática de los responsables de la CMA que impidieron la votación de las alegaciones que presentaron los representantes ecologistas en las distintas Juntas Rectoras de los parques naturales, supuestos órganos de participación social.

También se adjunta a la denuncia la reciente Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, en la que insta al Gobierno andaluz a modificar dicho Decreto por entender que vulnera “El Título primero de la Constitución y el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente sobre el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable y sobre el derecho a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad; que son Administraciones públicas de Andalucía las que ostentan competencias en la materia; y que podría verse infringido el artículo 18 de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad…”. El Defensor del Pueblo destaca en su Resolución que “Enjuiciamos como inapropiada para la protección del medio ambiente una regulación como la pretendida, habida cuenta la ingente presión urbanística que en la actualidad se cierne sobre los espacios naturales de nuestra región”.

Un expediente contra la Junta de Andalucía por esta evidente infracción del derecho comunitario podría conllevar no solo la obligación de modificar dicho Decreto, sino el bloqueo de la financiación comunitaria a planes que se desarrollan en los parques naturales, como son los proyectos LIFE e INTERREG.