Europa mantiene abierta la queja por el desarrollo del Ruiseñor

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió el pasado 9 de noviembre mantener abierta la queja presentada por Ecologistas en Acción de Guadalajara contra la recalificación de terrenos del proyecto urbanístico del polígono del Ruiseñor, donde irá ubicado el nuevo campus universitario, a la espera de que se pronuncien los tribunales españoles y que la Junta de Comunidades remita más documentación que justifique el cumplimiento de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, y los derechos de la Carta Europea.

La decisión fue tomada en una sesión celebrada el 9 de noviembre de 2010, a las 15 horas en Bruselas, en la que una treintena de eurodiputados escucharon los argumentos de Ecologistas en Acción de Guadalajara, sobre las presuntas irregularidades cometidas en la declaración de suelo industrial de este polígono, con 17 hectáreas de terreno que antes eran rústico.

La Comisión Europea, que previamente había solicitado información sobre el caso a la Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Guadalajara, apuntó que según "el análisis preliminar" de la petición, no se puede constatar ninguna infracción de las directivas relativas a la protección de la naturaleza, puesto que el proyecto en cuestión no afecta a ningún espacio de la red Natura 2000. Sin embargo decidió dejar abierto el caso a la espera de que se pronuncien los tribunales españoles, por los cinco recursos contenciosos administrativos que se mantienen abiertos a la espera de que haya una resolución judicial.

Durante el debate posterior, el eurodiputado del PSOE Miguel Ángel Martínez, que era la primera vez que acudía a su puesto en lo que va de año, solicitó zanjar la queja argumentando que la comisión de peticiones "valora exclusivamente" si hay violación en algún punto de la normativa comunitaria.

Por su parte, el eurodiputado español del PP y vicepresidente de la comisión de peticiones, Carlos Iturgáiz, abogó por dejar abierto el caso a la espera de que se pronuncien los tribunales españoles.

Finalmente Margrette Auken, de Los Verdes, instó a mantener abierta la queja, e investigar los hechos denunciados por los peticionarios, calificando como "muy grave que el dinero de los contribuyentes europeos se destina a financiar proyectos que son destruidos o que no cumplen la normativa europea".

Gracias al apoyo del Grupo de Los Verdes Europeos y del Partido Popular Europeo, la Comisión de Peticiones mantiene abierta la queja e investigará si se ha producido violación de los derecechos fundamentales de los ciudadanos europeos, amparados en la Carta europea de derechos, en referencia a la Ley del Suelo regional, y si el gobierno de Castilla-La Mancha está aplicando correctamente la Evaluación de Impacto Ambiental en los proyectos, bajo las premisas de las Directivas Europeas.

No obstante, Ecologistas en Acción enviará información adicional sobre la utilización de fondos europeos de forma inadecuada, en la modernización de los regadíos llevada a cabo en la zona y sobre la táctica habitual del Gobierno Regional de fragmentar proyectos para evitar el sometimiento a evalulación de impacto ambiental.

Los contactos realizados en Bruselas por los representantes de la organización ecologista, con eurodiputados del Grupo Verde y de la Izquierda Nórdica Europea, sevirán a su vez, para ampliar información a través de una batería de preguntas que realizaran en las próximas sesiones ante la Comisión Europea.