Las asociaciones ciudadanas son excluidas de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Gomera. Los responsables de la institución demuestran una vez más su escaso interés por promover y fomentar la participación social entre la ciudadanía de la isla.

Después de cinco años, Tagaragunche, colectivo federado a Ben Magec-Ecologistas en Acción, quiere hacer pública la larga lucha administrativa que mantiene con el Cabildo Insular para lograr que las asociaciones de defensa del patrimonio estén representadas en la Comisión Insular de Patrimonio Histórico creada por esta institución. En todo este tiempo las únicas respuestas recibidas han sido, o bien el silencio, o bien falsas y ridículas trabas administrativas y burocráticas que el resto de instituciones insulares o regionales no han tenido ningún problema en solventar.

Todo empezó en el año 2000 cuando, una vez creada de la Comisión, Tagaragunche-Ecologistas en Acción comprobó que no se contemplaba en su composición ningún representante de asociaciones culturales relacionadas con la defensa del patrimonio. Entonces, con la buena fe y el espíritu de colaboración que siempre ha demostrado esta Asociación, se mantuvieron varias reuniones y se presentaron escritos en las que se comenzó a plantear el asunto. Ya desde ese momento las respuestas obtenidas, que nunca se quisieron hacer por escrito, sólo ofrecían excusas relacionadas con el reglamento de dicha comisión, el cual por otra parte, paradójicamente no se había aprobado definitivamente.

Pero no fue hasta 2002 cuando se aprobó el reglamento de la comisión, lo que no se hizo informando del mismo a asociaciones como Tagaragunche, que reiteradamente habían mostrado su interés, sino cumpliendo bajo mínimos lo estipulado legalmente en cuanto a los trámites de información pública, procedimiento común a todas las áreas del Cabildo Insular. La Asociación Tagaragunche solicitó de nuevo información por escrito, cuya respuesta, cinco meses después, se ceñía a argumentar, cínicamente, que la ley de Patrimonio Histórico de Canarias no contemplaba la inclusión de miembros de las mencionadas asociaciones. Tagaragunche se pregunta cómo es posible que se de un argumento tan banal cuando la realidad es que la mayoría de las comisiones de patrimonio existentes en el resto de las islas y la propia comisión regional del Gobierno Canario, creadas al amparo de la misma ley, tienen entre sus integrantes representantes de asociaciones ciudadanas, asociaciones artesanas y asociaciones de defensa del patrimonio, entre otras.

Tagaragunche-Ecologistas en Acción, siguiendo con su buena fe, pidió ya en 2003 una sencilla modificación del reglamento vigente, solicitud que después de dos años no ha recibido ningún tipo de respuesta. Todo esto demuestra que en el Cabildo Insular no existe el más mínimo interés en fomentar la participación ciudadana, puesto que la realidad demuestra que su política va totalmente en contra de su discurso oficial, incumpliendo no sólo las recomendaciones de la Agenda 21, sino las directrices también oficiales que marca el partido que sustenta la corporación (PSOE).

El Cabildo Insular se burla sistemáticamente de los gomeros cuando nos quiere hacer entender que cuando la ley dice que existe un plazo mínimo de un mes, en realidad eso significa un plazo máximo de un mes, que cuando la ley dice un mínimo de dos representantes, en realidad quiere decir un máximo de dos representantes, o que cuando la ley dice que el trámite mínimo de información pública es la publicación en los boletines, en realidad eso quiere decir que hay que publicarlo en el boletín menos leído y que, además, hay que ocultarlo a toda costa a los ciudadanos interesados y hay que evitar informar de ello en los medios de comunicación propios o ajenos. La Comisión de Patrimonio no es más que un ejemplo de ello.