En 2003, un abogado ambientalista, colaborador de Ecologistas en Acción, inició una serie de procedimientos sancionadores contra los vertidos realizados por una empresa minera en el Parque Regional del río Guadarrama. La empresa se querelló contra el letrado por injurias y calumnias y ahora un juzgado le impone una fianza de 3000 euros. Según Ecologistas en Acción, el objeto de la querella es intimidar al letrado y a todos los que realizan denuncias de carácter medioambiental.

La mina Maribel, en Galapagar, situada dentro de los límites del Parque Regional del Río Guadarrama, se dedica a la extracción de derivados de estaño y a la venta de áridos. En junio de 2003 la empresa abrió un vertedero sin solicitar permiso a la Consejería de Medio Ambiente, al que acudían hasta 100 camiones diarios para verter escombros, chatarras, bidones, etc. Estos hechos fueron denunciados por la guardería forestal y por Juan Manuel López Rubio, abogado que en esa fecha trabajaba para el Ayuntamiento de Galapagar. De resultas de esas denuncias hay abiertos varios procedimientos administrativos sancionadores por daños al medio ambiente en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, un procedimiento Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la necesarias rehabilitaciones al medio natural que la actividad minera ha de realizar, así como, un procedimiento penal por delito de incendio en Bienes Propios, realizado en el Parque Regional del Guadarrama, donde está ubicada la actividad minera.

Hay que destacar que la minera ha incumplido dos órdenes de cese de actividad y precinto, decretadas por el Ayuntamiento de Galapagar. Así mismo, la Dirección General de Minas de la Comunidad de Madrid está estudiando la posible retirada de la concesión minera a la Sociedad Anónima Minera del Guadarrama por haber sido considerada nula la adjudicación, al detectarse graves defectos de forma en el procedimiento administrativo.

A pesar de todo, la empresa Minera del Guadarrama se querelló contra el abogado por injurias y calumnias y para resarcirse por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad minera por la actividad del letrado. Ahora el Juzgado de Instrucción nº2 de Madrid ha resuelto imponer una fianza de 3.000 euros al letrado. Esta Resolución ha sido recurrida por el abogado ambientalista por entender que su actuación siempre se ha ajustado a derecho y que la única intención de la querella es intimidar al letrado y a todos los que realizan denuncias de carácter medioambiental.

El abogado Juan Manuel López Rubio, colabora en la Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción y defiende en los tribunales y juzgados, en procedimientos medioambientales: por contaminación, construcciones ilegales, deterioros al patrimonio histórico, por actos de caza y comercio ilegal de especies de fauna y flora protegida.