Castilla-La Mancha destaca negativamente en un mal balance de año

Castilla-La Mancha destaca negativamente en este mal balance de año en todos los aspectos.

Por su papel en el desarrollo y promoción de infraestructuras gravemente impactantes para el medio ambiente y la sostenibilidad (AVE Madrid-Valencia, Autovía Toledo-Ciudad Real, Aeropuerto de Ciudad Real).

Por su aportación a la crisis global (apuesta por el urbanismo y las inversiones especulativas, hundimiento de CCM).

Por la ausencia de políticas sectoriales sostenibles en materia de transporte, agricultura, energía, residuos y ordenación del territorio que palien el cambio climático y la contaminación.

Por contribuir a la destrucción de la biodiversidad en un año internacional que se supone que había que dedicarlo a combatirla (vertedero de Toledo, termosolar de Arenas de San Juan, talas de San Clemente, saladar de Cordobilla, etc.).

Por mantener un peligroso doble discurso en materia de aguas. Y, sobre todo, por dejar la política ambiental desamparada, sin iniciativas de calado, sin presupuestos, sin Consejería y sin Consejero que la defienda.

Frente a todo ello, los pocos resultados que se pueden presentar no pasan de ser testimoniales o siguen presentando un alto grado de incertidumbre en su resolución, caso del ATC.

Además, este año ha sido también el de la judicialización de las causas ambientales en Castilla-La Mancha. La falta de transparencia, de diálogo y de respeto a las normativas ambientales que han exhibido las administraciones, en particular la Junta de Castilla-La Mancha, ha obligado a Ecologistas en Acción a plantear numerosos contenciosos y denuncias tanto en los Tribunales de Justicia como ante las instituciones de la Unión Europea y en el Defensor del Pueblo.

Los retos en materia de medio ambiente en Castilla-La Mancha para el año 2011 son enormes. El primero recuperar un papel protagonista para el medio ambiente a nivel general. El segundo recobrar un clima de debate y diálogo abierto en el que no se excluya a nadie. Y el tercero que la Administración de Justicia (fiscalías y tribunales) se implique más y mejor en garantizar el cumplimiento de las leyes en materia de medio ambiente.