Intento de intimidación a un ecologista segoviano

Un miembro de Ecologistas en Acción de Segovia ha tenido que acudir al cuartel de la Guardia Civil de Navalmanzano, Segovia, porque la empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S.L., también conocida como "Agramam Compostajes", había presentado una denuncia en el Juzgado de Cuéllar contra él.

Esta empresa, situada en Fuentepelayo, se dedica al compostaje y a la producción de abonos orgánicos. Parte del material que recibe son subproductos animales no destinados al consumo humano, como pelos, plumas o sangre, procedentes de mataderos y de algunas industrias cárnicas de Guijuelo, Salamanca, así como lodos de depuradora y lodos de pozos negros o fosas sépticas. La instalación provoca habitualmente unos olores pestilentes que contaminan el aire de Fuentepelayo y otras poblaciones de la comarca de Tierra de Pinares, afectando negativamente a la vida cotidiana de los vecinos. Además de contaminar el aire, la planta también estaría contaminando suelos y aguas, tanto superficiales como subterráneas.

Parece que el delito del ecologista es haber (supuestamente) enviado varios correos electrónicos invitando a denunciar ante las administraciones públicas los olores nauseabundos que provocan las malas prácticas de la referida empresa. Aunque el ecologista fue al cuartel acompañado por Lorenzo Tejedor, alcalde de Fuentepelayo, la Guardia Civil no le dio ninguna documentación sobre la acusación formulada en su contra, por lo que esta persona se acogió al derecho a no declarar.

Como desgraciadamente es cada vez más frecuente, el defensor del medio ambiente es el primer sospechoso y acosado, ha recibido en su casa la visita de inspectores de Sanidad y de la Guardia Civil y su vida personal y profesional se está viendo afectada. Una prueba más de las intimidaciones y coacciones que sufre la población de Fuentepelayo y que ya señalaron los medios de comunicación recientemente [1].

Ecologistas en Acción se solidariza con su socio, condena el hostigamiento al que está siendo sometido y lamenta que en nuestro país sea práctica corriente criminalizar a las personas que denuncian las agresiones al medio ambiente y a la salud pública.




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