Nueva vulneración de la seguridad jurídica e indefensión de la sociedad

Por segunda vez en los últimos meses la Junta de Castilla y León en nombre de intereses ajenos al bien común articula una nueva Ley –documento urbanístico adaptado a la Estación de esquí de San Glorio- vacía de contenido para facilitar la construcción de una macroestación de esquí en espacios protegidos del norte de Palencia y León.

Por segunda vez la Junta blinda por Ley una iniciativa privada para que a la ciudadanía le sea imposible presentar desacuerdo por vía jurídica; y lo peor es que anuncian una tercera Ley para culminar dicha atrocidad. El gobierno Castellano y Leonés de esta manera vuelve a legislar para unos intereses exclusivamente privados por mucho que prediquen que lo hacen por el bien social y económico de la zona, pues de todos es sabido que en dichos territorios se han invertido millones de euros mediante fondos MINER europeos en los últimos 15 años con una rentabilidad social y económica más que cuestionable.

La sociedad sabe que las estaciones de esquí no son rentables en la Cordillera Cantábrica manteniéndose a base de traspasar ingentes fondos del erario público, a lo que hay que sumar por sus características geoclimáticas, inviernos cómo éste en dónde a fecha de 26 de enero del año actual los kilómetros esquiables entre todas las estaciones de este año apenas llegan a los 10, estando algunas de ellas, como Alto Campoo o Fuentes de Invierno, cerradas desde principios de año con los trabajadores despedidos.

Mientras la población castellano leonesa está siendo golpeada por una crisis, que recordemos, ha sido provocada por los mismos políticos que nos están vendiendo este proyecto- solo cabe recordar aquí todos los megaproyectos urbanísticos que han pululado, y en algunos casos siguen, a lo largo y ancho de la Comunidad acabando paralizados algunos de ellos por el poder jurídico-. El parlamento autonómico se dedica a articular leyes no con la intención de proteger el bien común, sino de favorecer interese económicos particulares con nombres y apellidos como los de la familia de David Álvarez, principal promotor del proyecto invernal y propietario de las viñas Vega Sicilia, que solo hace unos meses conseguía desviar el trazado de la autovía del Duero incrementando ostensiblemente la cuantía de esta infraestructura en aras de proteger ecológicamente unos viñedos centenarios. Eso sí, los valores naturales de la montaña leonesa y palentina deben ser mucho más insignificantes.

De llevarse a cabo el proyecto hay que recordar que las administraciones tendrán que hacerse cargo de las obras de infraestructuras y accesos valoradas en más de 20.000.000 de euros que pagaremos todos, a lo que hay que añadir que la empresa ha condicionado el proyecto a la participación de la Junta en su accionariado... vamos, en otras palabras, se trata de un rescate previo al consorcio desde el primer minuto de actividad debido a su nula rentabilidad. Ya le gustaría a todo el empresariado castellano leonés, que su negocio fuese financiado desde el principio a fondo perdido por las arcas públicas, cómo es lo que está a punto de suceder con este disparate. El proyecto requerirá de cientos de millones de euros que se generarán con dinero público y que en un 90% pasará a manos de los de siempre, de los que quieren seguir ganando a pesar de la crisis que ellos mismos han desencadenado. No hay justificación económica, ni social ni medioambiental para arropar este dislate y menos ahora que miles de personas están sin trabajo, sin dinero para refinanciar sus negocios, sin poder pagar la hipoteca ni llegar a final de mes sabiendo de antemano que el empleo que genere este proyecto es a corto plazo y precario.

Desde múltiples colectivos acudiremos a los tribunales europeos por incumplimiento de la normativa de la Red Natura 2000 así como apelaremos al Tribunal Supremo por la no acatación de las tres sentencias que han anulado el cambio de normativa previo por Real Decreto que intentó la Junta durante el mandato ignominioso de Carlos Fernández Carriedo.

Sabemos que la acción conjunta de la ciudadanía puede detener estas monstruosas decisiones y desde la Plataforma en Defensa de San Glorio animamos a la sociedad española en general a luchar contra esta nueva cacicada política de proporciones gigantescas que no tiene más que una visión, la de imponer sus proyectos inviables a golpe de Ley, o sea, dictatorialmente, despreciando todo lógica y sentido común y hundiendo cada vez más la confianza de la ciudadanía en el actual sistema político de gobierno.