El Pacto por el Euro Plus

Mantener y alimentar la llama de la contestación social.

Berta Iglesias Varela, de Ecologistas en Acción y la Red ¿Quién debe a quién?, y Luis González Reyes, coordinador de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 70.

La Unión Europea aprovecha la crisis para socavar la soberanía de los Estados y para impulsar aún más la expansión del capitalismo financiero, mientras se rebajan los derechos sociales y ambientales de la población. Y todo ello sin tomar ninguna medida para el control de la voraz actuación de los mercados. Estos, ni más ni menos, son los mimbres del llamado Pacto por el Euro Plus.

El pasado 19 de junio, miles de personas en todo el Estado español se manifestaron en contra del llamado “Pacto del euro” [1]. Para entender el alcance de este acuerdo hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Por un lado, el Pacto se acuerda en contexto de crisis financiera. Por otro, supone continuar las medidas económicas ultraliberales que son propias de la Unión Europea (UE) desde sus orígenes y especialmente en la nueva etapa inaugurada por el Tratado de Lisboa [2].

Un pacto que aprovecha la crisis para seguir la estela neoliberal

La Unión Europea aprovecha la crisis para socavar la soberanía de los Estados y para impulsar aún más la expansión del capitalismo que es su razón de ser. Es un ejemplo claro de lo que Naomi Klein llama “la doctrina del shock” [3]. Mientras la población está impactada por un desastre, en este caso la crisis financiera que arrastra a toda la economía, los poderes corporativos, en complicidad con los poderes políticos, implantan reformas, compran empresas públicas y rebajan los derechos sociales y ambientales de las poblaciones, sin que estas estén en disposición de defenderlos. Y eso es precisamente lo que hace la UE al aprobar el Pacto por el Euro Plus.

Al mismo tiempo, este Pacto no es algo completamente novedoso, sino que sigue el camino emprendido por el Consejo Europeo en acuerdos anteriores, como la Estrategia UE2020, acordada en marzo de 2010 [4]. La finalidad de todas estas medidas es aumentar la competitividad de las grandes empresas de capital europeo, así como mantener el poder europeo en los mercados financieros mediante un euro fuerte. En septiembre de 2010 se aprobó obligar a los Estados a presentar sus presupuestos al Consejo Europeo en el mes de abril de cada año, para que sean revisados aspectos presupuestarios y estructurales como el gasto social o las medidas fiscales. El Consejo puede aprobar o no dicho presupuesto, considerando si atiende a las prioridades que el propio Consejo haya marcado para ese periodo. Si lo aprueba, entonces seguirá el trámite legal normal en cada país. Si no lo aprueba, el Gobierno deberá rehacerlo siguiendo las indicaciones del Consejo, si no quiere enfrentarse a sanciones como la pérdida de Fondos de Cohesión, por ejemplo. A esto hay que añadir que siguen en marcha y se pretenden agilizar los mecanismos sancionadores si no se cumplen los objetivos del Pacto de Estabilidad [5].

¿Qué es el Pacto por el Euro Plus?

Este es el contexto en el que hay que entender el Pacto por el Euro Plus. Es un conjunto de medidas fuertemente neoliberales e intervencionistas acordado en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo de 2011 y ratificado por el Parlamento Europeo el 27 de junio. Afecta a los Estados de la zona euro, a los que se han sumado Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía (por eso se denomina plus). Establece recomendaciones que tienen como objetivo mejorar la competitividad de la Unión Europea, para proteger la moneda única y el mercado único. La UE obliga a las economías de los Estados miembros a proteger los intereses de las grandes empresas, sin tener en cuenta en absoluto la depredación ambiental y social que ello supone. En lugar de procurar la sostenibilidad y el buen vivir, la UE se empecina en el objetivo de “salvar el euro y el mercado único”.

Para lograrlo, el acuerdo establece cuatro pilares clave: impulsar la competitividad, impulsar el empleo, contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera.

Impulsar la competitividad a costa de las condiciones laborales

La productividad en la UE es difícil de mejorar, puesto que la política monetaria está unificada y depende de un organismo, el Banco Central Europeo, que no permite políticas como la devaluación de la moneda para hacer más atractivos los productos. Por ello, en este acuerdo, impulsar la competitividad es sinónimo de abaratar el coste laboral unitario (CLU) [6]. Es decir, rebajar el coste de la mano de obra en términos de sueldo y de seguridad social. Por eso propone revisar la evolución de los salarios (esto es, congelarlos o, incluso, bajarlos) desvinculándolos del aumento de precios. Ya no subirán con el IPC y la población perderá poder adquisitivo. Además, el Pacto pretende limitar el poder de negociación colectiva y propone expresamente la revisión (entiéndase el deterioro) de las condiciones laborales del funcionariado, puesto que sirven de referencia al sector privado. A todo esto hay que añadir que la medida para evaluar los avances o retrocesos en la competitividad y en los CLU será la comparación con otros países europeos, incluidos los países del Este, con menor regulación laboral. Es una forma más de rebajar los salarios y los derechos sociales.

Para mejorar la productividad, el Pacto también propone una mayor apertura y desregulación de los sectores protegidos de cada nación. Se lee entre líneas que se persigue la liberalización –privatización– de los servicios, que componen cuatro quintos de la actividad económica regional [7].

Reformas en el mercado laboral

El segundo aspecto clave es garantizar “un correcto funcionamiento del mercado laboral”. Para ello, los países impulsarán reformas del mercado laboral para fomentar la flexiseguridad, es decir, las facilidades de contratación. Y, sobre todo, de despido. Todo ello producirá un mundo del trabajo aún más precario. También se promoverán reformas fiscales, rebajando la presión fiscal sobre las rentas del trabajo. Esta medida conllevará el aumento del déficit público, puesto que supone una pérdida de ingresos para las arcas públicas. Como el propio texto del Pacto indica “a la vez que se mantienen los ingresos fiscales globales”, se espera que esto se logre aumentando los impuestos indirectos, es decir, aquellos que pagan todas las personas, independientemente de su nivel de renta y que, por tanto, agravan las desigualdades. Nuevamente, se proponen medidas para sufragar la crisis que exprimen a las clases bajas para sanear las cuentas de los más pudientes.

Los servicios públicos bajo sospecha

El tercer pilar del Pacto es contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Siguiendo la lógica neoliberal que sostiene que los gastos públicos redistributivos son perjudiciales para la economía de un país, se vigilará muy de cerca el presupuesto en servicios públicos. Se reformarán los sistemas de pensiones, ampliando el número de años de cotización. Además, se retrasará la edad de jubilación ajustándola a la esperanza de vida. En ningún momento se plantea que hay otras formas más justas de sostener las pensiones, que pasan por un sistema fiscal progresivo que haga contribuir más a quien más tiene.

En paralelo a esto se menciona, sin profundizar en ello, que habrá que hacer sostenibles la atención sanitaria y las prestaciones sociales. Para medir su sostenibilidad, se aplicarán los “indicadores de la brecha de sostenibilidad”, acordados por la propia Comisión Europea. Es de prever que esto suponga un avance en las privatizaciones y en la desprotección de los sectores sociales más vulnerables.

También dentro de este punto, se incluye la reforma de las legislaciones estatales –incluso en la Constitución– para incluir con carácter duradero y vinculante las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento [8]. Esto implica que unas medidas económicas puntuales (y sumamente neoliberales y antiecológicas) se transformen en políticas estructurales y permanentes.

La especulación, sin freno

En contraste con este intervencionismo feroz en la soberanía de los países, sorprende la permisividad con la banca y el sector financiero especulativo. El Pacto considera clave tener un sistema financiero fuerte, pero no especifica medidas de como lograrlo, ni establece límites ni normas de funcionamiento. En lugar de regular y sancionar a quienes provocaron la crisis económica y ecológica, propone hacer “pruebas de resistencia bancaria”. Probablemente, en caso de no ser resistente un banco, se subsanará con dinero público. De hecho, el Consejo Europeo de 21 de julio de 2011 aprobó dotar de mayor liquidez a los bancos griegos.

Desde que estalló la crisis, la UE no ha tomado ni una sola de las posibles medidas de control de la especulación, ni siquiera las más tenues, que se reclaman desde distintos ámbitos: impuesto a las transacciones financieras; registro público y control, como ya ocurre en cierto modo en EE UU, de los CDS (Credit Default Swap: seguro de impago de crédito); prohibir, o al menos limitar seriamente, las ventas en corto (que fuerzan la subida o bajada de valores en bolsa con fines especulativos) y al descubierto (ventas de títulos que no se poseen, sic); eliminar las oscuras operaciones OTC (Over the Counter, contratos privados sin ningún tipo de control ni conocimiento público), obligando a que todas ellas tengan que estar reguladas en los sistemas bursátiles; eliminar los paraísos fiscales; restituir la banca pública (en lugar de terminar de privatizar lo poco que quedaba)...

Endeudamiento crónico

Pese a que se le ha hecho propaganda como un Pacto necesario para paliar el problema de endeudamiento de los Estados europeos, apenas se ha informado sobre el hecho de que va acompañado del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que se aprobó en el mismo Consejo, y que será el encargado, a partir de 2013, de facilitar la refinanciación de la deuda. En palabras de la propia Comisión: “El acceso a la asistencia financiera del MEDE se facilitará con arreglo a unas condiciones estrictas, en el marco de un programa de ajuste macroeconómico y de un análisis riguroso de la sostenibilidad de la deuda pública, que efectuarán la Comisión y el FMI en colaboración con el BCE”. Es decir, en lugar de idear fórmulas de financiación de los Estados que no recurran al préstamo y al expolio de los recursos futuros, se pretende cronificar el problema de la deuda, “hacerla sostenible”.

Interesa que el endeudamiento se mantenga en unos límites manejables para el sistema bancario, no que desaparezca, entre otras cosas porque el capitalismo funciona basándose en la deuda. Además, se utiliza como pretexto para llevar a cabo los planes de austeridad que la elite económica considera convenientes, obviando las críticas que el FMI ha recibido durante décadas de parte de organizaciones sociales y humanitarias por la ineficacia de sus Planes de Ajuste Estructural en América Latina. El MEDE nace con vocación de ser un mecanismo estable, y se prevé que sustituya al FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera). Ambos han recibido un fuerte impulso con los acuerdos tomados el 21 de julio en el Consejo. Este impulso ha hecho que se hable ya de un embrionario Fondo Monetario Europeo, que se encargaría de proteger al euro de ataques especulativos inconvenientes y de imponer políticas macroeconómicas a los países que tuvieran que acogerse a su intervención.

Un pacto suicida

Este Pacto por el Euro Plus es un acuerdo contra las personas y contra el medio ambiente. Supone una pérdida de soberanía nacional en la actualidad, pero también de las generaciones futuras. Como el propio texto dice, “este Pacto se centra principalmente en ámbitos de competencia nacional que son fundamentales para mejorar la competitividad”. Así la UE intervendrá anualmente en los presupuestos y las decisiones políticas y económicas de los Estados en mucha mayor medida. A largo plazo, compromete la soberanía porque impone un modelo económico ultraliberal, que pretende implantar mediante leyes nacionales para que perdure aunque cambie el signo de los gobiernos. Esos cambios legislativos en cada país se llevarán a cabo sin consultar a la población.

Siguiendo la lógica propia del proyecto capitalista de la UE, este pacto es profundamente antiecológico. En lugar de comenzar la imprescindible reconversión del sector productivo y laboral europeo, así como del modelo de consumo, el Pacto continúa exacerbando el deterioro ambiental y la dependencia del petróleo. En un momento de crisis ambiental severa y de cambio climático, eso es suicida. Hacen falta medidas de contención del consumo de materia y energía. Este acuerdo fomenta todo lo contrario.

Lejos de buscar el bienestar equitativo de la ciudadanía, propone medidas profundamente antidemocráticas, que abren aún más la brecha de las desigualdades sociales. Además, al provocar mayor deterioro de los servicios públicos, agravará las desigualdades de género, puesto que en el modelo patriarcal son las mujeres quienes sostienen los cuidados de salud, educación, limpieza... cuando el modelo estatal falla.

Aplicando el Pacto por el Euro y los acuerdos económicos que lo rodean, las desigualdades van a crecer, el deterioro ambiental se va a agravar y el endeudamiento será crónico.