Los transgénicos, un peligro escondido

El cultivo de semillas transgénicas se está extendiendo en la provincia de manera silenciosa, obviando el principio de precaución. Imponen plantas artificiales creadas con ingeniería genética que suponen un peligro general aún sin estudiar.

Los transgénicos entraron en Europa en 1997 y se empezaron a cultivar en España en 1998. Hoy en día todavía nadie ha podido garantizar su inocuidad y cada vez son más evidentes sus riesgos económicos, ecológicos y sanitarios. Además, se ha demostrado que no es posible impedir la contaminación polínica asociada, por lo cual los daños son impredecibles e irreversibles, además de éticamente reprobables por utilizar a los consumidores como cobayas y mantener bajo control a los agricultores.

Como reconoce el profesor de genética de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Sentís: “el problema es que no sabemos lo que estamos introduciendo en los alimentos y no sabemos los efectos que tendrá a largo plazo, no sabemos lo que va a pasar, lo cual quiere decir que en la practica se está haciendo una prueba general sobre la población, a ver que pasa”

En 2004 se levantó la moratoria vigente en Europa y desde entonces la Comisión Europea ha autorizado la entrada en los mercados europeos de nuevos productos transgénicos, debido a las presiones de Estados Unidos y de otros países productores, de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de una de las más poderosas empresas del mundo, Monsanto, que controla el mercado de las semillas y el de los transgénicos

En la provincia de Salamanca, y otros pueblos de CyL, Monsanto va a experimentar su maíz NK 603, un transgénico resistente al pesticida glifosato, que también comercializa Monsanto (un negocio perfecto) y que supone matar todas las plantas salvo aquellas que por transgénesis, tengan el gen resistente al glifosato (BOCyL, lunes 3 de enero de 2011).

Ecologistas en Acción manifiesta: “las grandes promesas de los cultivos transgénicos están muy lejos de hacerse realidad, no han aumentado el rendimiento de los cultivos, ni han mejorado la calidad de los alimentos y del medio ambiente y por supuesto no han contribuido a solucionar el problema del hambre del mundo”.

Sin embargo están apareciendo ya problemas agronómicos relacionados con este tipo de cultivos, algunos de los cuales son:

  • caída de la producción
  • “fallos” que ocasionan pérdida de cosechas
  • desarrollo de “super malezas”
  • aparición de nuevas plagas
  • uso de productos químicos cada vez más agresivos y tóxicos con el medio ambiente
  • dependencia agrícola que sufren los agricultores en semillas patentadas y productos químicos que le obligan a comprar año tras año a las grandes empresas agroquímicas

Ecologistas en Acción insiste en que “también está claro que los transgénicos suponen un peligro para la biodiversidad agrícola y silvestre, para el medio ambiente y para la supervivencia de millones de agricultores, favorecen un sistema de producción y de distribución de alimentos insostenible, potenciando un modelo agrícola dependiente de la industria que margina a millones de campesinos en todo el mundo y constituye una amenaza para la seguridad y la soberanía alimentaria de todo el planeta”.

Se pierden conocimientos que desde siempre se ha transferido de padres a hijos y se favorece una agricultura industrial basada en el cultivo de enormes extensiones de monocultivos.

Campesinos de todo el mundo se oponen a la utilización de transgénicos en la agricultura y una mayoría de personas y de movimientos sociales, entre ellos Ecologistas en Acción, que según reconoce su portavoz: “aspiramos a un mundo más equitativo y saludable y rechazamos los transgénicos”.

Por todo ello, a lo largo de los últimos años ha surgido un movimiento que reclama la declaración de Zonas Libres de Transgénicos a través de una Red Europea y muchas entidades locales y regionales se han integrado como respuesta a la imposición de los transgénicos.

A finales de 2006 se habían declarado más de 170 regiones europeas y 4.500 gobiernos o entidades locales, entre ellas las CC AA de País Vasco y Asturias y más de 30 municipios en todo el Estado español.


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