Organizaciones agrarias, ecologistas, socioeconómicas y de desarrollo rural solicitan al Ministerio de Medio Ambiente que apruebe el Real Decreto para Contratos Territoriales por Explotación para impulsar actividades de mejora del medio ambiente.

Tras más de un año esperando la aprobación del Real Decreto para los Contratos Territoriales por Explotación, diversas organizaciones preocupadas por el futuro del medio rural solicitan al Ministerio de Medio Ambiente la aprobación urgente de la normativa que permitiría su puesta en marcha. Estos Contratos, contemplados en la Ley de Desarrollo Rural, buscan apoyar a aquellos agricultores y ganaderos que de forma voluntaria suscriban compromisos para la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje o la lucha contra el cambio climático. A cambio, recibirían una remuneración por la producción de estos bienes públicos, no compensados por el mercado, lo que favorecería, además, la fijación de la población en el territorio y la creación o mantenimiento del empleo agrario.

Desde hace dos años y fruto de los debates en el seno de un grupo de trabajo específico sobre Contratos Territoriales, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se elaboraron varios borradores de Real Decreto por el que se regula esta figura. La última versión, que cuenta con el apoyo de la mayoría de organizaciones participantes en el grupo de trabajo, se cerró el 14 de marzo de 2010, sin que hasta la fecha se haya aprobado y, por tanto, entre en vigor.

Los Contratos Territoriales por Explotación son una herramienta clave para lograr mantener la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, a la vez que se preservan sus valores ambientales y se apoya el relevo generacional tan necesario en el medio rural. Ya funcionan con éxito iniciativas similares en regiones como Menorca y son varias las Comunidades Autónomas que apuestan por esta figura, como Asturias. Sin embargo, la falta de una normativa reguladora a nivel estatal pone en peligro su aplicación.

El retraso en la aprobación de esta normativa puede impedir que agricultores y ganaderos se beneficien de las medidas previstas en la Ley de Desarrollo Rural. Algunas de ellas, como las de apoyo a la gestión en la ganadería extensiva o trashumante, pueden ser determinantes para mantener la viabilidad de estas explotaciones, a la vez que se aseguran sus beneficios ambientales.

Las organizaciones firmantes concluyen que un nuevo retraso en la aprobación del Real Decreto, ya consensuado en su día, será una oportunidad perdida para lograr una distribución más equitativa de las ayudas públicas, que recupere la vitalidad de los territorios con mayores impedimentos y dificultades físicas, demográficas o de zonas de alto valor ambiental y apoye a las explotaciones familiares, territoriales o ecológicas.

Organizaciones Firmantes:

Amigos de la Tierra
CCOO
Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES)
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG)
Ecologistas en Acción
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
Foro Asturias Sostenible para el conocimiento y desarrollo del medio rural (FAS)
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF)
Fundación Global Nature
Greenpeace
Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
RedMontañas
SEO/BirdLife
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
UGT
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
WWF España

Información Adicional

La Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural contiene en el artículo 16 relativo al apoyo a la agricultura territorial la figura del “contrato territorial” como el instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural. También dice la Ley que la suscripción de estos contratos será requisito necesario para beneficiarse de las prioridades a los diferentes tipo de apoyo de fondos o normas comunitarias o nacionales relativas al sector agrario y desarrollo rural. La Ley remite a un posterior desarrollo reglamentario los requisitos, condiciones y efectos de los contratos territoriales.

Posteriormente, el Real Decreto 752/2010 de 4 de junio de 2010 por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible (PDRS) para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, en su anexo 3 relativo a las Actuaciones del Programa contempla la medida denominada “Apoyo a la suscripción de contratos territoriales de explotación”. En el contenido de dicha medida se cita un futuro Real Decreto que regulará el contrato territorial.